Dossier Venezuela

VENEZUELA: LA PROPUESTA LEY SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PODRÍA OBSTACULIZAR LA LABOR SOBRE DERECHOS HUMANOS

2009-05-26T12:21:00.000-07:00

Comunicado de Amnistía Internacional

24 abril 2009

El proyecto de Ley de Cooperación Internacional que actualmente se debate en la Asamblea Nacional de Venezuela podría obstaculizar gravemente la labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, ha dicho hoy, 24 de abril, Amnistía Internacional.

El proyecto de ley no explica claramente los criterios en base a los cuales se otorgaría personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales, decisión que quedaría en manos del ejecutivo, que sería responsable de emitir la normativa al respecto. Según la ley propuesta, el ejecutivo también podría modificar unilateralmente dichos criterios.

De aprobarse, la ley supondría que, para poder acceder a los fondos de cooperación internacional, la labor de las organizaciones no gubernamentales (incluidas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que operan en Venezuela) tendría que considerarse ajustada a los planes de desarrollo y la política exterior del Estado.

"En la práctica, esta ley supondría dar vía libre al gobierno venezolano para regular lo que pueden y no pueden hacer las organizaciones no gubernamentales legítimas, incluido su acceso a los fondos de cooperación internacional", ha dicho Nuria García, investigadora de Venezuela en Amnistía Internacional.

"Las normas internacionales garantizan el derecho de las organizaciones de derechos humanos a definir el ámbito de su labor, incluida la petición, recepción y utilización de recursos para poder desempeñar sus actividades. El trabajo de los defensores de los derechos humanos es fundamental para la protección de los derechos de todas las personas en Venezuela", ha añadido García.

Amnistía Internacional reconoce el derecho y la responsabilidad de las autoridades venezolanas de regular las actividades y la financiación de la cooperación internacional. Sin embargo, las autoridades de Venezuela deben asegurarse de que la ley que ahora se debate se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho a defender estos derechos, los derechos a la libertad de asociación y expresión y las recomendaciones sobre los defensores de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley sobre cooperación internacional en una primera votación el 13 de junio de 2006 y lo debatirá ahora por segunda vez.

El artículo 13 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, reconoce explícitamente que los defensores de los derechos humanos, individual o colectivamente, tienen derecho a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos en las Américas, de 2006, pidió a los Estados que se abstuvieran de "promover leyes y políticas de registro de organizaciones de derechos humanos que utilicen definiciones vagas, imprecisas y amplias respecto de los motivos legítimos para restringir sus posibilidades de conformación y funcionamiento". La Comisión instó también a los Estados a que se abstuvieran "de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos. Los Estados deben permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia".

Fuente: http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/venezuela-propuesta-ley-obstaculo-ddhh-20090424

Venezuela y la Ley de Cooperación Internacional

2008-09-01T20:42:00.000-07:00

En este dossier deseamos presentar información acerca del debate entorno a la legislación sobre cooperación internacional en Venezuela.
Nuestra intención es presentarla como en una vidriera o escaparate, tal como aparece en la vida diaria pero reunida en un solo lugar. En próximas ediciones procederemos a realizar análisis, comparaciones y comentarios.
A medida que navegue este sitio, podrá encontrar documentos y notas de prensa, agrupadas por mes. Le sugerimos visitar las páginas web de la Asamblea Nacional, del Foro de Cooperación Internacional, de Provea y del Espacio Cívico Venezolano.

Cofavic preocupada por ley que afectaría a ONG

2006-12-15T14:36:00.000-08:00

Tal Cual Digital

13/12/2006

¿Están en peligro las organizaciones no gubernamentales en Venezuela? La directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega, no oculta su preocupación, tras la aprobación en primera discusión de la ley sobre cooperación internacional, que pretende normar la actuación de las ONG en el país, convirtiéndolas en apéndices de la acción del Estado.

Ortega considera que si esa ley se pone en practica en los términos en los que está redactada y que fue aprobada en primea discusión del Parlamento, "las organizaciones de derechos humanos no van a poder actuar en Venezuela, no van a poder actuar por una sencilla razón, porque la única manera de poder hacer una observación independiente en materia de derechos humanos es tener plena autonomía en sus recursos lo cual no significa hacerlo al margen de la ley".

La coordinadora de Cofavic asegura que esta ley de sobre cooperación internacional debería desencadenar protestas de las organizaciones y personalidades que defienden los derechos humanos en el país. "Luego de la fecha del 10 de diciembre que es una fecha emblemática para los derechos humanos en Venezuela no hay nada que celebrar en materia de derechos humanos porque hay temas que aparecen en la agenda de preocupación para las organizaciones no gubernamentales derechos humanos y lo más grave es que pareciera que no hay interlocución institucional de las preocupaciones fundamentadas de las propias ONG".

Ortega considera que una de las mayores preocupaciones

También destacó el tema de "la discriminación política que es un tema sumamente grave que no se puede ver como algo menor, que ha fracturado al país que ha afectado a la familia, que ha dejado una serie de efectos muy graves a nosotros como sociedad democrática", manifestó.

Página web: http://www.talcualdigital.com/Avances/SeccionAvances.asp?IdAvance=22023>

Sociedad civil evalúa nuevos escenarios

2006-12-15T14:33:00.000-08:00

El Nuevo Día

por Verónica Zabala

11/12/06

El presidente del Foro Académico del estado Anzoátegui, y miembro del Consejo para la Reforma Constitucional del Comando de Campaña del ex candidato presidencial Manuel Rosales, Eduardo Guzmán Pérez, informó que representantes de diferentes factores políticos del estado, evaluaron la situación post electoral para comenzar a trazar las estrategias y redefinir las formas de acción que asumirá la dirigencia del 40 % de la población del país que votó por el candidato opositor.

Rpresentantes de los partidos políticos, universidades, sector empresarial, industrial y agroalimentario, realizaron una jornada de reflexión, en la cual se produjo una serie de consideraciones sobre la base de que las elecciones del 3 de diciembre abrieron un nuevo escenario político para el país.

Destacó Guzmán, que después de ese proceso electoral se definió en forma contundente que el país desea el logro de tres causas, la primera obedece a definir para el colectivo nacional, la nueva forma que tendrá el gobierno para administrar los recursos fiscales nacionales. En segundo lugar, conocer cuál será la política en materia de relaciones internacionales, y por último, definir cómo se va a producir el reagrupamiento de la fuerza política.

"Para los sectores democráticos del país, no nos queda otra alternativa que utilizar las mismas herramientas constitucionales que utiliza Hugo Chávez, para enfrentar su pretensión de instaurar en el país un sistema político que él ha denominado socialismo del siglo XXI, sin base programática e ideológica, sobre la cual pretende construir una sociedad socialista e igualitaria", expresó Guzmán.

Así mismo aseguró que más del cincuenta por ciento del país no está dispuesto a que se imponga un sistema de suspensión de la libertad del control estadal de los medios de producción, y de ir a un sistema que denominó como absolutista, en el mundo actual signado por la globalización y el libre juego de las ideas.

Página web: http://elnuevodia.com.ve/content/view/9711/2/>

Liliana Ortega expresa preocupación por destino de ONGs en Venezuela

2006-12-15T14:31:00.000-08:00

Unión Radio

12/12/06

La directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega expresó la preocupación por el destino de las ONG en el país, así como por diversos temas que a juicio de estas organizaciones atentan contra los derechos humanos en el país.

"Luego de la fecha del 10 de diciembre que es una fecha emblemática para los derechos humanos en Venezuela no hay nada que celebrar en materia de derechos humanos porque hay temas que aparecen en la agenda de preocupación para las organizaciones no gubernamentales derechos humanos y lo más grave es que pareciera que no hay interlocución institucional de las preocupaciones fundamentadas de las propias ONG".

Ortega considera que una de las mayores preocupaciones es "la aprobación en primera discusión sobre esa nefasta ley sobre cooperación internacional. Si esa ley se pone en practica en los términos en los que está redactada y que fue aprobada en primea discusión, las organizaciones de derechos humanos no van a poder actuar en Venezuela, no van a poder actuar por una sencilla razón, porque la única manera de poder hacer una observación independiente en materia de derechos humanos es tener plena autonomía en sus recursos lo cual no significa hacerlo al margen de la ley".

Página web: http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=189230>

Política de cooperación de Venezuela

2006-11-21T07:58:00.000-08:00

Fuente: Ciberamérica

La cooperación Técnica Internacional ha sido, a lo largo de los años, un importante elemento de apoyo al desarrollo económico y social de Venezuela. Ahora, a pesar de seguir siendo importante, se ve complementada por una intensificación de la cooperación hacia el interior del país, a través de la implementación de programas bilaterales y multilaterales.

Coordinación de las políticas de cooperación a través de los organismos estatales
Regulado por el Decreto de creación del Cordiplan y por la Ley Orgánica de la Administración Central, el CORDIPLAN tiene como misión la coordinación, programación y evaluación de la cooperación técnica que recibe y presta el gobierno de Venezuela, tanto de Organismos y Agencias Internacionales, como de Gobiernos Extranjeros e Instituciones Privadas Foráneas.

CORDIPLAN es el organismo que asesora a los distintos ministerios, institutos públicos y privados, y empresas del Estado en la formulación de proyectos de cooperación que promuevan el desarrollo del sector, en estrecha vinculación con los objetivos definidos en el Plan de la Nación.

Pero es, sobre todo, la institución que coordina la implementación de los proyectos diseñados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y que, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, revisa los Convenios de Cooperación existentes y promueve la firma de nuevos Convenios que permita captar mayores recursos internacionales.

Para completar este panorama, la Dirección de Cooperación Técnica Internacional ha realizado un conjunto de acciones que se inscriben dentro de la misión y los objetivos de CORDIPLAN, con el objetivo de orientar la gestión técnico-administrativa que incida en su efectiva capacidad de respuesta a las crecientes demandas en este ámbito y, en general, optimizar la utilización de las fuentes de cooperación técnica dentro de una relativa restricción de recursos exteriores.

Para ello se ha planteado los siguientes objetivos:

- Apoyar el logro de los objetivos planteados en el Plan de la Nación.
- Diseñar las estrategias que permitan multiplicar la captación de los Recursos Internacionales de Cooperación Técnica.
- Asesorar a los Organismos Sectoriales en la formulación de los proyectos susceptibles de recibir cooperación.
- Fortalecer la estructura de Cooperación Técnica existente en los organismos sectoriales (Sistema Nacional de Cooperación Técnica: S.N.C.T.).

Selección de recursos sobre Política de cooperación de Venezuela en Ciberamérica
- Cooperación bilateral
- Cooperación multilateral

Selección de enlaces comentados sobre Política de cooperación de Venezuela
- Detalle de la cooperación de Venezuela
Información aportada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que se pueden observar, a través de gráficos y tablas, los detalles de la cooperación venezolana: sectores, cooperación bilateral, multilateral.

- Tipos de cooperación técnica internacional
Sección del Ministerio de Planificación y Desarrollo venezolano en el que se explican los tipos de cooperación en este ámbito, las diferentes posibilidades que existen, las ventajas de este tipo de cooperación y los organismos con los que se trabaja.

- Programas del Banco Mundial en Venezuela
Página de la oficina del Banco Mundial en Venezuela en la que se analizan los proyectos en ejecución que este organismo tiene en el país sudamericano. También ofrece cifras actualizadas a 2004 sobre la situación de los índices de desarrollo en el país.

- Programas del PNUD en Venezuela
Página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela, en la que se incluye una lista detallada, con su ficha correspondiente, de cada uno de los proyectos que este organismo de Naciones Unidas desarrolla en el país. Se dividen en varias materias: gobernabilidad, tecnología, pobreza, desarrollo humano, medio ambiente y desastres naturales.

Carlos Ponce : Sólo existe en regímenes autoritarios

2006-11-20T14:47:00.000-08:00

Ley de Cooperación Internacional coarta libertad de asociación y participación

(Diario 2001, 14.08.06, pag. 5)

Sólo en Bielorrusia, Zimbawe y Rusia existen restricciones a la operación de ONGs. El texto o la Ley de Cooperación Internacional aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, viola ampliamente el derecho de asociación y pone en entredicho “ la democracia participativa y protagónica”: Hablamos de una ley que no tiene ningún sentido, que viola abiertamente principios democráticos y deja de un lado al Estado de Derecho.
Esta afirmación fue hecha por el director general de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, representante ante la Organización de Naciones Unidas de esa organización y coordinador de una Red de 33 organizaciones a nivel nacional, Dr. Carlos Ponce , al ser consultado sobre los riesgos, ventajas y desventajas de este nuevo instrumento legal, que será sancionado en segunda discusión en los próximos meses. “Sería un grave error colocar en una misma Ley la regulación de los recursos que asigna el Estado para la cooperación internacional con las que pueden recibir las asociaciones de la sociedad civil , ya que hay grandes diferencias entre ambas".
Para el Dr. Carlos Ponce, lo que el Gobierno persigue con dicha Ley, es crear un órgano desconcentrado para dirigir y organizar la cooperación internacional y un fondo que financiará, a través de un presupuesto ordinario, los programas de cooperación.
“Qué es lo que van a regular, unas 2700 organizaciones en grave estado de subsistencia o las 97 ONGs activas en materia de Derechos Humanos y democracia que, a lo sumo, reciben dos millones de dólares anuales entre todas. De ser así, debería pensarse en una Ley individual para cada empresa mediana que opere en el país porque ellas reciben muchos más recursos internacionales y mayor riesgo de actividades ilícitas".
Este instrumento -expresó el Dr. Ponce plantea una segunda parte que es muy peligrosa para la sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil ; pues establece que, además de los trámites exigidos normalmente para que las ONGs adquieran personalidad jurídica, deben inscribirse y obtener autorización de funcionamiento en un sistema de registro manejado por el Gobierno, para poder tener el reconocimiento del Estado y realizar actividades de Cooperación, recibir fondos e incluso funcionar.
“Se ha creado una ficción en cuanto a la cooperación internacional y las ONGs, recomiendo primero revisar con bases ciertas la situación actual. La República Bolivariana de Venezuela, por ser un país petrolero con altos ingresos no es prioridad de la cooperación internacional, lo que llega al país son pequeñísimos aportes para áreas especificas y bajo proyectos rigurosamente monitoreados, controlados y auditados”.
Dicho texto -manifestó- obliga a las ONGs a suministrar al Gobierno toda su documentación y archivos asociativos, informar sobre su gestión, el destino y fuente de sus recursos, lo que se pretende es el control completo de las ONGs en Venezuela, limitar sus actividades y controlar sus fuentes de financiamiento. Y me pregunto, en casos de personas que denuncian violaciones de Derechos Humanos por parte de cuerpos policiales y cuya información debería ser reservada, no estaríamos con esta nueva Ley poniéndolos en riesgo al hacer público toda su información?
No ponemos en duda la potestad del Estado para regular, pero estas normas tienen que tener una lógica regulatoria, así como un respeto del marco constitucional y de los Derechos Humanos. Además que, como mínimo, deberían haber consultado a los mayores afectados que son las organizaciones, las empresas, los organismos de cooperación y los beneficiarios de nuestro trabajo que son muchos, pero hasta la fecha no ha existido ninguna consulta. No hablamos de una Ley que afectará sólo a algunas ONGs sino que tendrá incidencias negativas en miles de comunidades que reciben la atención con servicios sociales , educación, formación comunitaria y protección para sus derechos, de igual forma sus efectos negativos se expanden a universidades empresas privadas, iglesias, organizaciones comunitarias.

Ley de Cooperación Internacional restará autonomía a las ONG

2006-11-20T14:45:00.000-08:00

Diario El Carabobeño, 11.08.06

Caracas, agosto 10 (REDACTA).- Ante una posible aprobación de la Ley de Cooperación Internacional que están discutiendo en la Asamblea Nacional ( AN), los expertos en organizaciones no gubernamentales (ONG) concluyen que, de llegarse a aplicar la normativa legal, las organizaciones sin fines de lucro que existen en Venezuela perderán su autonomía.
Para Milos Alcalay, la posible aprobación de esa ley resulta contradictoria, pues "se busca regular una cantidad de recursos que reciben las ONG, cuando en Venezuela existe un gobierno que se encarga de regalar el dinero de la bonanza petrolera sin ningún control, aquí no hay las garantías de que ese dinero que dona sea realmente administrado".
A juicio de Alcalay, la ley es un "embudo" donde no hay control por parte del Gobierno, pero crea una superintendencia la cual, a través de sus reglamentos, "hostiga a las organizaciones civiles para que estén vigiladas todo el tiempo ". (LR)

Polémico debate sobre las ONG

2006-11-20T14:43:00.000-08:00

Aira Maya

(Ultimas Noticias, 07.08.06, pag. 16)

Caracas. La polémica ronda la discusión sobre la Ley de Cooperación Internacional que se encuentra en proceso de consulta, en primera discusión, dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, por cuanto se establece un capitulo sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) lo que ha creado suspicacia y a levantado la voz de alerta.
Frente a éste panorama, el presidente de dicha comisión el diputado Saúl Ortega Campos , se adelantó en destacar que en ningún momento se pretende cuarta la libertad y creación de dichas organizaciones, sino por el contrario crear un mecanismo que las regule para permitir un mejor funcionamiento.
Resaltó que en un proceso de consulta hecha con las universidades Metropolitana, Católica Andrés Bello, la Bolivariana y la Central de Venezuela , se logró despejar las sombras que circundan la ley, las que argumentó obedecen al surgimiento de una matriz de opinión proveniente de la CIA.
El parlamentario enfatizó que se reunirán con las ONG que hace vida en el país, para igualmente aclarar los alcances de la normativa, en el mes de septiembre ,y se realizará un encuentro con todos los embajadores de aquellos países con los que Venezuela tiene relaciones de cooperación bilateral para aclarar detalles.

Regulación. Por su parte, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Gerardo Fernández, insistió que lo que se busca es regular o limitar el funcionamiento de éstas organizaciones debido a que se esgrime la posibilidad, por parte del Estado, de aprobar o no, el dinero extranjero que nutre a las mismas, por medio del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional.
El Estado entonces será el que otorgue la buena pro, para que las organizaciones no gubernamentales puedan actuar en territorio nacional, sin embargo habrá que esperar la discusión final del proyecto de ley.
Los articulados más álgidos se encuentran en el capítulo III, en el cual se conceptualizan a las organizaciones no gubernamentales, es decir se detalla sus objetivos y se expone la creación de un sistema integrado de registro.
En tal instancia todas las ONG deberán estar inscritas, por cuanto "es obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano".

Academia. La discusión también ha copado algunas instituciones educativas, como por ejemplo en la Universidad Católica Andrés Bello, en donde el pasado mes de julio se efectúo un debate álgido con respecto al tema, donde participaron representantes de las ONG y expertos en el área.
Algunos representantes de las ONG indicaron estar a la espera del informe final de tal normativa para emitir opiniones al respecto, sin embargo se adelantaron en señalar que el Estado "pretende poner la mano" a éstas organizaciones para influir en sus actuaciones como veedores.

ONG's bajo control

2006-11-20T14:36:00.000-08:00

Juan M. Raffalli A.

(El Universal, 23.07.06, 2/10)

ES IMPORTANTE ADVERTIR sobre el efecto que tendría sobre las ONG's el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, de aprobarse como está. El mismo pretende regular la cooperación internacional que presta el Gobierno de Venezuela en el exterior, lo cual hoy más que nunca necesario, pero también regula las actividades que realizan en el país, con ayuda de fondos internacionales las ONG's, incluso las constituidas en Venezuela. Seguidamente, en apretada síntesis, destacamos los aspectos relevantes del proyecto para que usted se forme su propia idea al respecto. Luce oportuna esta información pues, a no dudarlo, las ONG's son una pieza fundamental para el ejercicio y defensa de los derechos ciudadanos, empezando por aquellos de rango fundamental como son los derechos humanos.
Se aplicaría a todas las acciones y programas de cooperación internacional que impliquen la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación del talento humano y recursos materiales, económicos, financieros; tanto del ámbito público como del privado, desde el exterior hacia Venezuela y viceversa.
Regula la cooperación internacional de Venezuela hacia otros países y define bajo qué parámetros y criterios debe producirse la misma. Se crea un órgano desconcertado para ejecutar las políticas y planes de cooperación internacional desde Venezuela, incluyendo la administración de los recursos. También se crea un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos y acciones de cooperación técnica y científica.
Se crea un registro obligatorio y público de comunidades organizadas, organizaciones públicas no estatales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales que realicen actividades de cooperación internacional. Salvo la consignación de los estatutos, los requisitos para la inscripción se desconocen, pues serán fijados en un reglamento que debe dictar el Presidente dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la ley.
Además de registrarse, todas las ONG's y demás instituciones que realicen actividades de cooperación internacional que operen en Venezuela, deberán suministrar a las autoridades competentes información sobre su constitución, actividades, origen, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.
Se concede un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley en la Gaceta Oficial para que las ONG's y demás instituciones que realicen actividades de cooperación internacional se ajusten a la misma y a los lineamientos que dicte el Organo Desconcentrado que las fiscalizará.
Es evidente que la creación de un registro obligatorio y el tipo de información que se les exigirá a las ONG's, supondrán vehículos suficientes para lograr un estricto control y fiscalización de las mismas, lo cual limitará su campo de acción e inhibirá en la mayoría de los casos los aportes privados que les permiten subsistir, suponemos que realmente ese puede ser el objetivo clave. La mayoría de las ONG's son aliadas naturales del Estado en la consecución del beneficio colectivo, controlarlas de manera amenazante es simplemente torpe e inaceptable, por ello este proyecto debe ser revisado y moderado con urgencia, pero ello sólo será posible si la sociedad lo exige.

Viola normativas internacionales al restringir la libertad de asociación

2006-11-20T14:33:00.000-08:00

Proyecto de Ley de Cooperación Internacional es inconstitucional

Moisés G. Hernández
El Carabobeño, 16.07.06, 3/A

El pasado 13 de junio, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) por violar la normativa constitucional y tratados externos suscritos por la República, dado que va en contra de los principios de libre asociación, es decir, un valor fundamental de los derechos humanos.
La Ley tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general, de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional” (Art. 1).
La normativa se aplica “a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales humanos, económicos, financieros, desde el exterior de la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior” (Art. 2).
La nueva legislación, que de ser sancionada controlaría las actividades de las asociaciones civiles, sea cual sea su ámbito de acción, contempla la creación de un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar las actividades que realice la República en el ámbito de la cooperación externa, así como también el Sistema Integrado de Registro de ONG, como parte del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las ONG, tanto nacionales como extranjeras, “que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”. (Art. 17).
Dicha inscripción es “obligatoria y constituye una condición indispensable pata ser reconocidas por el Estado venezolano”. (Art. 18).
Para Gustavo Sosa Izaguirre, abogado constitucionalista y vicepresidente de la Red de Asamblea de Ciudadanos de Venezuela, esta es una “manifestación evidente de secuestro de todas las posibilidades de disidencia de un régimen que cada vez toma más cuerpo de totalitario, hegemónico y con visos dictatoriales”.
El abogado plantea que el texto legal transgrede las disposiciones de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos humanos, pero especialmente los artículos 52 y 53 que establecen el libre derecho de asociarse con fines lícitos.
“Todo esto es parte de una secuencia que va definitivamente dirigida a secuestrar todos los espacios de libertad reservados tradicionalmente al sector privado”, sostiene Sosa Izaguirre, y cita leyes recientemente aprobadas como la que reforma el Código Orgánico Procesal Penal, la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley de Ilícitos Cambiarios. “Esa es la característica de los regímenes comunistoides, para que la gente restrinja la actividad y que la gente se limite por miedo. La Ley de Ilícitos Cambiarios sancionó hasta la tenencia de dólares y reservó al Estado el monopolio de entrega de divisas, para hacer dependiente cada día más del régimen, al sector privado y a la sociedad civil”.

Ley “hipócrita”
Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la directiva de asociación civil Asamblea de Educación, asevera que esta “es una ley sumamente hipócrita, porque de una manera descarada el gobierno apoya a organizaciones civiles que son pro gobierno, y aunque eso no lo critico, creo que también pudiera aportar financiamiento a organizaciones civiles neutrales de larga trayectoria, u organizaciones civiles que critiquen al gobierno”.
“Yo diría -continúa Carvajal- que es mucho más importante para los venezolanos una ley que controle el flujo de dinero al exterior. Por ejemplo, una cooperativa quiebra en Uruguay y entonces él (Hugo Chávez) manda al Bandes a que la compre. Eso es mucho más delicado. Yo le digo a Hugo Chávez que si él ha cacareado tanto la masacre que hubo en 1989 a propósito del Caracazo y dice que le duele mucho, no puede ser tan hipócrita, porque Cofavic es una ONG que nació justamente para defender a las víctimas y necesita financiamiento que no se lo da el Estado venezolano por una simple razón, porque le toca actuar en contra del Estado, porque fue el que perpetró esta masacre”.
Además, refiere que cuando era candidato presidencial, entre 1998 y 1999 “recibió un millón y medio de dólares del Banco Bilbao Vizcaya para fines políticos electorales”.
El proyecto “está dentro de la tendencia de copar todos los espacios. El gobierno se llenó la boca con el concepto de democracia participativa, pero trata de asfixiar cualquier tipo de participación que sea crítica, con lo cual revela un espíritu no democrático”.
“No es ningún delito recibir donaciones. Aquí se ha querido hacer ver que Súmate ha incurrido en delito porque ha recibido recursos de una ONG internacional”, manifiesta Sosa Izaguirre.

Inconstitucional
Recientemente, casi un centenar de ONG suscribieron un comunicado difundido a la colectividad de todo el país, en el que manifiestan, entre otras cosas, que lo que se busca es “crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas” sobre la actuación de estas organizaciones.
Si bien no se oponen al control que como personas jurídicas deben cumplir, sus directivos no entienden el motivo, al menos legal, por el que se establece la creación de un registro.
Para poder funcionar legalmente, estas asociaciones cumplen con obligaciones como el registro civil, cumplimiento de los deberes tributarios, como por ejemplo, el IVA, Impuesto sobre la Renta, ordenanzas municipales, reglamentos laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Ley del Seguro Social Obligatorio. Para conseguir las divisas se rigen por el Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Además, deben cumplir con las obligaciones sanitarias, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales.
Por eso, María Teresa “Mate” Gómez, coordinadora de Súmate en Carabobo, afirma que “es falso que exista la necesidad de promulgar un marco normativo que rija las actuaciones de las ONG”, pues ya existen leyes que regulan al sector.
“Es bueno resaltar que las organizaciones no nos estamos poniendo en contra de presentar y rendir cuentas, más bien somos organizaciones que impulsamos y practicamos desde hace muchos años las actividades que puedan mostrar, de manera transparente, lo que hacemos”, acota Deborah Van Berkel, vicepresidenta de Sinergia, red de asociaciones que ayuda a los sectores de bajos recursos.
“Se ponen más trabas, más limitaciones para que el ciudadano pueda asociarse en instancias que le permitan ejercer su derecho a participar y actuar en asuntos de interés público. Justamente entra en contradicción con la Carta Magna”, opina Van Berkel.
“Lo que no se ve claro es la regulación del Estado como cooperante, cuando usa discrecionalmente el dinero de los venezolanos en la cooperación internacional”, refiere Gómez.

A pesar de todo no desaparecerán
Carvajal expone que “la vocación de servicio social no se le puede quitar a la gente, y yo digo que van a tener que trabajar con muchas más dificultades pero no se darán el gusto de cerrarlas tan fácilmente. Habrá que recurrir a la solidaridad de los venezolanos”.
Elba de Diamante, coordinadora de la ONG valenciana Mujeres por Venezuela, sostiene que lo más seguro es que esa organización, fundada para defender los valores democráticos, no estará avalada por el gobierno. Sin embargo, considera que las asociaciones de la sociedad civil “no deberían desaparecer”, a pesar de que estarán “controladas como los medios, con la limitación de sus acciones”.

Se desconocen tratados internacionales
María Teresa Gómez, coordinadora de Súmate Carabobo, asegura que este texto legal además de violar la Constitución Nacional, contraría los tratados suscritos por Venezuela en el ámbito internacional.
Los acuerdos desacatados son los siguientes: Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos (Art. 16.2), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 22.2), Carta Democrática Interamericana (Art. 6), y las Declaraciones sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, contenidas en la Resolución 53-144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1998, en sus artículos 12.2, 13 y 17.

ONG alertan a comunidades sobre riesgos de ley de cooperación

2006-11-20T14:31:00.000-08:00

Elizabeth Núñez Rivero

El Nacional (16.07.06, A/6)

Más de 30 organizaciones y algunos de sus beneficiarios se reunieron para conocer y reflexionar sobre las repercusiones del proyecto legislativo. La mayor preocupación es que con ese instrumento se limite la autonomía de su trabajo.

Una jornada de reflexión sobre el proyecto de ley de cooperación internacional, convocada por el Foro por la Vida en el Colegio Jesús Obrero de Catia, fue suficiente para que Alejandra de Blanco, cuyo esposo despareció durante la tragedia de Vargas, se preocupara por el futuro de su caso, que ahora ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias al trabajo de Cofavic.
Para Alejandra de Blanco, lo más preocupante es la posibilidad de que con una ley como esa la ONG que la ha ayudado gratuitamente desparezca. “Sería como cerrarme las puertas. A mí no me ha ayudado la Defensoría del Pueblo; en tribunales siempre está Cofavic”, aseguró, y agregó que no tenía ni idea de los que podría suceder de aprobarse el proyecto de ley de cooperación internacional.
La preocupación que rodea al instrumento es grande y tiende a multiplicarse mientras más organizaciones no gubernamentales y sus beneficiarios conocen lo que se estipula en el documento y sus consecuencias.
La oportunidad de hablar sobre el proyecto, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, fue aprovechada por 33 organizaciones no gubernamentales y más de 170 personas que se reunieron para proponer acciones que se podrían emprender.
En la jornada hubo quien sugirió tocar cada puerta en las comunidades –al estilo de las UBE– en las comunidades humildes para explicar el alcance del proyecto de ley; otros abogaron por buscar apoyo a través de canales diplomáticos, o incluso manifestar públicamente en contra de una normativa que juzgan podría terminar con el trabajo de las ONG.
Para Edgar Carrasco, director de Acción Ciudadana Contra el Sida, la preocupación común entre las ONG es la autonomía: “Las organizaciones que trabajamos en el tema de derechos humanos, de plano, cuestionamos la gestión de entes del Estado, cómo vulneran derechos humanos”. A esto sumó el trabajo con organizaciones internacionales cuestionadas por el Gobierno, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
“Tener un fondo gubernamental que colecte y administre los recursos es muy complejo, porque la agenda de cooperación venezolana atiende a un proyecto político, así se limitarían los recursos. Además, ¿Quién auditaría un fondo cómo ese?”, reflexionó.
El director del Centro Gumilla, José Virtuoso, destacó la necesidad de que el trabajo en este proyecto –que a su juicio no estimula la participación de los ciudadanos – sea lo más amplio posible.
“Esto no lo puede decidir sólo la Asamblea Nacional, tiene que discutirse con todos los grupos ”, señaló, y agregó que en muchos casos –no sólo en Venezuela sino en el resto del mundo– es el financiamiento y la “solidaridad internacional” los que permiten las actividades de las ONG.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, advirtió que el proyecto “cercena la posibilidad de que las organizaciones actúen de manera libre y autónoma por la vaguedad que tiene el texto y por los artículos que prevén la posibilidad de auditorías, no sólo financieras”. Agregó que las organizaciones manejan información confidencial sobre sus beneficiarios, por ejemplo, quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Para Ortega no sólo estarían afectadas las ONG sino toda la sociedad, pues no se podrá hacer seguimiento con libertad a las políticas públicas del Estado. Indicó que más de 90% del trabajo de las organizaciones de derechos humanos depende de la cooperación internacional, “que tiene que ser lícita y para eso existe en Venezuela suficiente legislación”.

La cooperación internacional irá a debate técnico

2006-11-20T14:29:00.000-08:00

El diputado Saúl Ortega reta a las ONG a que demuestren presunta inconstitucionalidad del instrumento legal

Dorys Villarroel
(El Mundo, 15.07.06, pag. 2)

La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional promueve una evaluación técnica del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, para demostrarle a los adversarios del instrumento, que el Legislativo solo intenta “poner orden” en la materia y el interés del gobierno “no es controlar” sino ayudar.
Así lo asegura el presidente de dicha instancia parlamentaria, el diputado Saúl Ortega, quien anunció la realización de talleres e instalación de mesas de trabajo con representantes de organizaciones no gubernamentales.
“Próximamente convocaremos a todas las organizaciones civiles del país, acreditadas legalmente para representar a sectores de la población en materia de derechos humanos y labor social en general, así como a representantes de las universidades para que evalúen, frente a nuestros técnicos este importante proyecto.
Que vengan sus técnicos y hablen al respecto”, dijo el parlamentario.
Para Ortega, sería importante revisar dónde está la inconstitucionalidad que acusan en la Ley de Cooperación Internacional.
Asegura que a través de un debate objetivo y transparente se logrará el consenso nacional sobre la ley, porque al final, las propias ONG agradecerán al Parlamento la iniciativa de registrarlas y distinguirlas frente a la sociedad para contrarrestar clones y franquicias de derechos humanos que hoy las desacreditan.
De acuerdo a lo planteado por el presidente de Política Exterior de la AN, el mes de octubre será cumbre para el debate técnico que se propone respecto a la citada ley, lo cual significa que su aprobación en segunda discusión y sanción definitiva no se producirá, por ahora, ni durante el primer ciclo de sesiones ordinarias de la AN de 2006, que culmina este mes.
El diputado Saúl Ortega también recordó, que el Sistema de Registro Integral de las ONG no es el único planteamiento de la Ley de Cooperación Internacional, ya que en el instrumento se norman todos los agentes de cooperación del Estado, con base en la Constitución.
Representantes de más de sesenta organizaciones no gubernamentales, agrupadas en Sinergia y Foro Por La Vida, pidieron ante la AN que se establezca un cronograma de trabajo establecido en esa comisión para la discusión del anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional. Están dispuestas a participar activamente en el debate por considerar que el instrumento legal “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no gubernamental del país”.
Además, advierten que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional “no puede convertirse en una camisa de fuerza para limitar, restringir o condicionar el derecho de asociarse libremente para participar activamente en la vida nacional ”.

La paradoja de la Ley de Cooperación Internacional

2006-11-20T14:27:00.000-08:00

Sara Mier y Terán Ojeda
El Siglo, 12.07.06

Las asociaciones civiles sin fines de lucro u Organizaciones No gubernamentales en general, constituyen grupos humanos dedicados a diferentes actividades que escogen como objetivos, la atención de los sectores más vulnerables de la población, la promoción de fórmulas para la solución de problemas que afecten la calidad de vida y bienestar de los pueblos , la promoción y educación en derechos humanos, la paz, la democracia, las libertades, la justicia social como valores fundamentales de la sociedad, la atención de situaciones de emergencia, desastres y contingencias, la inclusión y la igualdad entre otros, conformada por grupos profesionales, miembros de las diversas comunidades que prestan su tiempo sin ninguna contraprestación que el deber cumplido consigo mismo y con la sociedad.

Su labor desde hace muchos años ha sido reconocida por todos los colectivos que han visto en estos grupos de la sociedad, una alternativa para la búsqueda de solución a sus conflictos, una vía de acceso a los organismos de la administración pública para el ejercicio de sus derechos, unos aliados ante las situaciones injustas que menoscaban derechos individuales y colectivos, una alternativa de crecimiento como ciudadanos ante la ausencia de representación ante los órganos del Estado y ante las instancias de poder.

Por ello vemos con suma preocupación la aprobación el pasado 13 de junio, en primera discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que por una parte le da toda la discrecionalidad al Presidente de la República en el manejo de los recursos del Estado venezolano al exterior legalizando la ayuda indiscriminada, sin ningún debate público ni control del dinero que ha venido otorgando a distintos países y por otra parte, establece un régimen jurídico que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que realicen actividades en Venezuela. De acuerdo a este texto, se crearán organismos administrativos y financieros destinados a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se llevan a cabo en materia de cooperación internacional. Es así como los objetivos, actividades y fuentes de las ONG, serán reguladas y controladas por el Estado. Las normas son consideradas de orden público y de estricto cumplimiento, estableciéndose un plazo a las organizaciones no gubernamentales para su adecuación a las normas que por vía de reglamento, le serán impuestas.

Quiere decir, que aparte de toda la normativa que rige el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil cuyo basamento jurídico lo encontramos en el Código Civil que regula todo lo concerniente a su constitución; en los deberes tributarios: registro, libros, soportes y declaraciones de impuestos nacionales y en su caso municipales, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley Sobre el Impuesto al Valor Agregado-IVA-, ordenanzas municipales sobre impuestos a inmuebles urbanos y tasas de aseo urbano; en las obligaciones laborales, incluidas las referidas a salarios mínimos y aumento de salarios; las que rigen las obligaciones de inscripción de empleados en el Seguro Social y de las cotizaciones correspondientes; las normas de regulación del actual control de cambio para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional y para la obtención de autorizaciones para la compra de divisas aparte de las normas de carácter sanitario, de bomberos y urbanísticas contenidas en las distintas ordenanzas municipales, deberá ahora cumplir con todos los requisitos que imponga tanto la nueva Ley como el Reglamento que deberá promulgar el Presidente de la República en los noventa días después de la publicación de la Ley.

De acuerdo con toda esta normativa, las ONG en Venezuela están en la actualidad sujetas a inspección y vigilancia de las autoridades administrativas encargadas de vigilar su cumplimiento tales como el Seniat, el IVSS, la Inspectoría de Trabajo , Inpsasel, Cadivi, ingenierías municipales, Cuerpo de Bomberos, etc. La Ley de Cooperación Internacional abundará en una serie de requisitos que pudieran convertirse en obstáculos o interferencias que pudieran impedir o entorpecer el funcionamiento autónomo de estas organizaciones y el ejercicio normal de sus actividades.

En este orden de ideas, es necesario recordar que cualquier regulación especial que pretenda imponer el Estado, deberá cumplir con el contenido y límites establecidos en la Constitución como en los instrumentos internacionales aplicables que reconocen el derecho de asociación, que comporta la obligación del estado de facilitar el ejercicio de ese derecho. No cualquier limitación o restricción al derecho de asociarse, incluso hecha por la ley, resulta aceptable bajo la Constitución y los instrumentos internacionales. En este sentido, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o regulación ya que las únicas aceptables, son aquellas "que sean necesarias en una sociedad democrática ", tal como lo reconoce la Convención Americana, (artículos 16.2 y PIDCP, artículos 22.2). En una sociedad democrática , el Estado no sólo debe tolerar la libre actuación de las ONG sino que debe garantizarla, protegerla y facilitarla, como expresión de pluralismo, tolerancia, participación y libertad de expresión.

Las ONG de derechos humanos y de desarrollo social que brindan atención a los sectores más vulnerables de la población, son las más afectadas por estas nuevas disposiciones. La mayoría de ellas nacieron bajo los gobiernos de la llamada Cuarta República y muchos de sus miembros fueron objeto de persecución u hostigamiento. Sin la protección y apoyo nacional e internacional que ahora existe, han cumplido una importante y reconocida labor. Algunos de los que hoy destacan como Diputados y

Gobernadores, otrora fueron defensores de derechos humanos. Hoy, estos mismos personajes pretenden castigar a una serie de organizaciones que no comulgan con el proyecto bolivariano y meten en un mismo saco a todas las ONG sin tomar en cuenta que la promoción y protección de los derechos humanos configura el ejercicio de un derecho y un deber reconocido en la Constitución, por instrumentos internacionales tanto de la ONU como de la OEA y es deber del Estado garantizar las actividades de promoción y protección de derechos humanos.

En resumen, ante la Ley de Cooperación Internacional, denunciamos que:
1. No existen suficientes justificaciones para dictar normas que aumenten los controles públicos a las organizaciones civiles.
2. El derecho de asociación se ve coartado en este proyecto de ley. Los beneficiarios que son los sectores más desfavorecidos serán los más perjudicados.
3. El proyecto pretende aplicar las mismas reglas a la cooperación que el estado otorga y recibe y la cooperación que reciben las organizaciones civiles.
4. El Estado a través de la creación de un Fondo de Cooperación, pretende administrar los recursos de las ONG
5. El estado pretende fijar las prioridades y objetivos de los proyectos que recibirían cooperación internacional.
6. El proyecto limita y restringe el ejercicio de derechos constitucionales y humanos a la asociación y participación en los asuntos públicos.
7. El proyecto nace de la idea negativa de que todas las asociaciones civiles son contrarias a los intereses del estado y al conjunto de la sociedad venezolana.
8. La ley es ambigua y contradictoria pues por una parte le da toda la discrecionalidad al Ejecutivo Nacional para disponer de los recursos que nos pertenecen a todos los venezolanos y por la otra restringe la posibilidad a los venezolanos que puedan ser objeto de apoyo internacional.

Las ONG integrantes del Foro por la Vida , de desarrollo social y promoción humana, han hecho circular un documento pidiendo la solidaridad de todo el país para que se revisen todos los aspectos que limitan el ejercicio de derechos fundamentales.

¿La sociedad fuera de la Ley?

2006-11-20T14:25:00.000-08:00

Juan Martín Echeverría
El Universal, 09.07.06

JAMES MADISON, uno de los fundadores de la democracia americana, insistió en que hace falta un grado de separación para garantizar un gobierno libre, ya que éste no puede mantenerse, en la práctica, sino cuando existe entre los tres poderes un espacio suficiente de interacción, para conferir a cada uno de ellos medios de control sobre los otros dos; ello explica la aprobación del Senado estadounidense para confirmar a los jueces federales y a los altos funcionarios, que además son sometidos a una minuciosa investigación. En la concentración de poder está el origen de la corrupción, los abusos y la impunidad.
LA GRAMATICA POLITICA del oficialismo, en este largo proceso de transición, es siempre la misma, el opositor blando es aceptado bajo rigurosa vigilancia y el adversario político sólido se convierte, tarde o temprano, en un enemigo y traidor a la Patria. Como puede apreciarse, inevitablemente las políticas hegemónicas establecen un vocabulario, una estrategia y una metodología de persecución y discriminación, encaminadas a reducir a su mínima expresión cualquier forma de disidencia.
Por ello, y en estos contextos, la sociedad civil está siempre amenazada, porque su movilización y sus capacidades de acción significan el crecimiento y la diversificación de las agrupaciones cívicas en el interior de la sociedad, mayor vitalidad corporativa y la activa presencia de los ciudadanos ; en resumen, reforzar la sociedad civil es quitarle a la política su desmesura, llevándola a tierra, limando sus equivocaciones y desafueros. En definitiva, una sociedad fuerte es garantía de democracia.
LA ASAMBLEA NACIONAL está discutiendo actualmente el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, con el objeto de controlar el financiamiento de las organizaciones civiles sin fines de lucro, que son por supuesto la punta de lanza de la sociedad civil por su independencia del Estado y de las organizaciones partidistas. Es esencial resaltar que las ONG son poderosas en las sociedades desarrolladas, y su propósito es denunciar las violaciones a los derechos humanos, a los menores , a la mujer y el medio ambiente, como un contrapeso a los excesos de los particulares y los gobiernos.
La corrupción es el resultado de la concepción del poder como un fin en sí mismo, también del activismo exagerado en la política, y de la confusión de espacios entre el interés público y el beneficio indebido de quienes se lucran a la sombra. En este orden de ideas, sin partidos políticos no hay pluralismo y, ante una etapa de profunda decadencia partidista, sólo queda el muro de contención de las organizaciones civiles sin fines de lucro, cuya finalidad es detectar, denunciar y solicitar sanciones, frente a las irregularidades y los delitos.
LA BASE DE SUSTENTO de la democracia es que el poder esté bien repartido y "sin acaparamientos absolutos", que ponen en riesgo la libertad de los ciudadanos y los intereses colectivos. La línea de reforzar la sociedad civil , implica robustecer las organizaciones populares distintas a los partidos políticos, creando nuevos modelos de organización cívica, todo con la manifiesta intención de proteger las libertades, generando una capacidad de resistencia social frente a las desviaciones y perversiones del poder. Dentro de ese criterio, hay que profundizar los mecanismos de descentralización, regionalización y participación del poder local.
El proyecto de Ley de Cooperación Internacional es un intento maquiavélico para callar la voz y la movilización de la sociedad civil.

juanmartin@cantv.net

Los más desprotegidos serán también los más afectados

2006-11-20T14:23:00.000-08:00

Voces no gubernamentales

El punto fundamental de las organizaciones que promueven los derechos humanos y de desarrollo social es que benefician a individuos tradicionalmente excluidos cuya calidad de vida ha empeorado aún más por alguna circunstancia particular. En la práctica, la labor de estas asociaciones se traduce en intenso apoyo legal, sicológico, comunicacional, asistencial e incluso financiero, si es necesario. Los testimonios que respaldan su labor son de diversa índole. Dos de ellos cuentan hoy su historia

GIULIANA CHIAPPE
EL UNIVERSAL, 09.07.06

Son sólo tres letras pero podría encerrar un diccionario entero de acepciones. Juntas, la O, la N y la G, engloban a centenares de entidades que, a su vez, se multiplican en una espiral de ayudas y funciones que benefician a desprotegidos y relegados de la sociedad civil.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son, precisamente, entes que no dependen de las autoridades de su país para funcionar. Además de saltarse la burocracia intrínseca de todo gobierno, financian sus operaciones con recursos que obtienen de fuentes externas, lo que las blinda en su autonomía. Al menos así es hasta los momentos.
El proyecto de ley que amarraría las ONG a las decisiones del Gobierno y a normas y reglamentos que a su entender redactaría el Ejecutivo, centralizaría inclusive los fondos que donan organismos de otras naciones para su funcionamiento.
Las ONG que hacen labor en Venezuela cada día se sienten amenazadas. Consideran que el proyecto jurídico es anticonstitucional, porque atenta contra derechos garantizados en la Carta Magna; ilegal, porque se salta instancias jurídicas establecidas y que, incluso, contradice acuerdos universales que ha suscrito el país, bajo la égida de las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, ONU y OEA.
Todo eso, que ya es bastante, son violaciones de la teoría. En la práctica, las organizaciones no gubernamentales piensan que se trata de una especie de sentencia de muerte. Las más afectadas serían aquellas que se dedican, con énfasis, a la protección y promoción de los derechos humanos y de desarrollo social.
Pero las ONG no son sólo sedes y organigramas. También son rostros que pocas veces se dejan ver. Más allá de la figura emblemática de la organización, están las personas que se benefician, sin rodeos, del trabajo de las ONG. El apoyo que han recibido es de diversa índole. En lo que suelen coincidir es que son personas desprotegidas o discriminadas, que por sí solas no pueden hacer valer sus derechos. Hoy, dos de ellas cuentan su historia en un intento individual de defensa de las ONG que los han ayudado.

Justicia posmórtem
Con dos tiros y mucha maldad, hace cinco años le cambió la vida a Graciela Fajardo , en aquel entonces un ama de casa de 56 años de Anzoátegui. El 20 de abril de 2001, mataron a su hijo Luis Gregorio Ojeda Fajardo con tal desfachatez que se hace difícil dudar de abuso de la fuerza por parte de la autoridad.
La casualidad quiso que los últimos momentos de su hijo estuvieran rodeados de periodistas y testigos, pues los hechos ocurrieron primero al frente y luego adentro de la Universidad de Oriente, durante un evento académico importante, lo que le dejó una secuencia de fotografías entre las que se contempla cuando sube, esposado, a una patrulla de la Policía de Anzoátegui, con un par de funcionarios a su lado. Subió entero y caminando. Una hora después se moría sobre el piso del Hospital de Barcelona, con dos tiros, las muñecas fracturadas, hematomas en todo el rostro y parte del cuerpo, una quemadura de revólver hirviendo encima de la ceja y el hueso de la frente hundido a golpes.
A pesar de los testigos, las pruebas gráficas y las evidencias que apuntan a que se trató de una confusión de hombre y a un abuso policial, Graciela tiene cinco años tratando de "hacer justicia" en nombre de su hijo. Y es en este periplo en el que Comité de Familiares de Víctimas, Cofavic , ha sido un apoyo fundamental para acercarla a la justicia.
"No se trata sólo de mi caso. Cofavic , al igual que muchas otras ONG, han sido fundamentales para el desarrollo justo de mi caso y el de muchos otros en Anzoátegui. Cofavic nos ha orientado sobre cómo acudir a las instancias, qué llevar, cómo hacer, nos apoyan, nos llaman, nos acompañan, nos dan ayuda legal".
Cofavic les ha ofrecido orientación en tres aspectos básicos: legal, con un equipo de abogados que las guían y ayudan con los trámites jurídicos; psicológico, para que puedan encarar las pérdidas y superar las frustraciones por el tiempo perdido y la falta de respuesta de las instituciones; y de comunicación, con profesionales que las orientan hacia cómo plantear su posición ante la opinión pública.
"Todo es gratis. Eso es importante porque la mayoría de a quienes nos ha caído esta desgracia (muertes cercanas por abuso policial) somos personas que no tenemos mucho dinero. Pero Cofavic nos da una ayuda solidaria, humana", da fe Graciela Fajardo , quien continúa: "Nosotras nos sentimos protegidas por ellos. Van a Anzoátegui y están en Caracas. Tienen departamento legal , van con nosotras, nos hacen las diligencias. Yo estoy muy agradecida con ellos porque siempre me han acompañado a pesar que, en mi caso, hemos tenido un retardo procesal muy fuerte".

Los más discriminados
Las ONG no pelean sólo por muertes y maltratos injustificados. Se trata también de lograr vida digna para todos. Y de las dificultades de lograr aunque sea el respeto más básico saben los que sufren del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH.
La mayoría se esconde del aforo público. La única razón de tan bajo perfil es que, con tan solo aparecer, se convierten en víctimas inmediatas de la discriminación. Necesitan servicios médicos especiales. Afortunadamente, cuentan con algunos apoyos valientes.
Uno de ellos es el Centro de Atención a Personas con Enfermedades Infectocontagiosas (Capei) de la Universidad Central de Venezuela que dirige la doctora Vilma Tovar. Financieramente depende del Estado, que cumple con los recursos. Pero, para su operación eficaz se apoya en las organizaciones independientes.
"En Capei capacitamos a estudiantes de pregrado, orientamos en educación y prevención, estimulamos la investigación y ofrecemos asistencia odontológica, que es nuestra función más importante, al paciente que padece de una enfermedad contagiosa. Con esto nos referimos también a hepatitis, tuberculosis y herpes, por ejemplo, pero la realidad es que 97% de nuestros pacientes son VIH", explica Tovar. Semanalmente atienden más de 100 personas. Su población total de personas atendidas suma 1.500 entre hombres y mujeres adultos, embarazadas, niños y adolescentes.
La función de las ONG es fundamental para Tovar: " La ONG que más nos apoya es Acción Solidaria y también recibimos mucha ayuda de Acción Solidaria contra el Sida. Ellos nos han apoyado desde el principio. Se acercaron a nosotros porque vieron lo importante que es este servicio. Nos apoyan en el trabajo con la persona con VIH, que es muy difícil porque implica mucha psicología y también superar mucho trámite burocrático".
"Uno de los aportes fundamentales es gestionar, por ejemplo, la entrega de medicamentos especiales por parte del Ministerio de Salud , de manera que una, como doctora, no pierde tiempo en trámites burocrátricos y puede ofrecer mayor asistencia. También les remitimos pacientes con otras necesidades médicas para que los orienten o les encuentren cupo en algún hospital donde no los discriminen, que necesitan tratamiento psicológico o que sufran violaciones a sus derechos humanos. Además, ofrecen cursos de consejería para nuestro personal, entre otras cosas".
La ayuda es recíproca. Cuenta Tovar que Capei ofrece, para los beneficiados de estas ONG, charlas de prevención bucal, cepillado, educación y salud bucal.
"La ayuda de Acción Solidaria y otras ONG es un apoyo fundamental. Yo trabajo a diario con ellos, es un intercambio constante. En el Estado no existe, hasta ahora, una institución que ayude como lo hacen estas ONG".

ONG amenazadas

2006-11-20T09:54:00.000-08:00

El proyecto de ley de cooperación internacional busca un virtual "encarcelamiento" de las organizaciones no gubernamentales, causando revuelo entre los activistas

Isabel Garcia Nevett
EL UNIVERSAL, 09.07.06

Una pelea entre David y Goliat, donde David debe pedir permiso al gigante para atacarle. Así describe el abogado Alfredo Romero a la nueva Ley de Cooperación Internacional, que busca controlar el registro y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan a lo largo y ancho del país.
Romero explica la actual situación de la llamada ley de ONG como parte de un "cerco de persecución política" que ha venido profundizando en los últimos años de forma sistemática el Gobierno bolivariano. Según Romero, este cerco, impulsado por otras medidas como un esquema de persecución judicial, la lista Tascón , ataques a la propiedad privada y limitaciones a la actividad empresarial, busca centralizar cada vez más al Gobierno Nacional, para así garantizar su estadía indefinida en el poder.
"Desde el punto de vista de políticas públicas, las ONG son una parte esencial del esquema de estructura del Gobierno. ¿Es qué acaso el Gobierno no es el principal violador de derechos humanos? Al menos eso es así en términos conceptuales, porque el Estado es quien tiene el poder. Así que, ¿cómo se va a registrar una ONG con el mismo organismo que va a atacar?", se pregunta Romero.
La ley de ONG, redactada por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, se encuentra aprobada en primera discusión por la Asamblea.

¿Con fondos oficiales?
Entre las observaciones más relevantes que hace el abogado Carlos Ayala Corao a la ley de ONG resalta el hecho de que ésta no menciona a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales en el área de cooperación internacional, un aspecto importante por la naturaleza de las ONG más influyentes del país.
Por otro lado, Ayala destaca con preocupación la creación del Sistema Integrado de Registro de ONG. Este registro se convertirá en una condición obligatoria para las organizaciones tanto nacionales como extranjeras que estarán sujetas a un reglamento, emanado del Ejecutivo, el cual establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las ONG que quieran realizar actividades en suelo venezolano. " La verdad es que ésta es una de las disposiciones legales más preocupantes, por cuanto en ella se remite a lo que en definitiva pueda establecer discrecionalmente el presidente de la República, como requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las ONG", afirma.
Para Ayala, la ley de ONG raya en lo inconstitucional ya que en la Constitución Bolivariana está debidamente consignado el derecho a la libertad de asociación con fines lícitos, específicamente en el artículo 52. "El Estado no sólo debe permitir el derecho de asociación, sino que debe facilitarlo, con una acción positiva. De modo que toda acción que obstaculice o dificulte esto va en contra de la norma constitucional", explica este abogado constitucionalista.
A nivel del derecho internacional, esta ley presupone violaciones a derechos consagrados tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, acuerdos suscritos por el Gobierno venezolano. Dice Ayala: "Ambos convenios consagran y reconocen el derecho de asociación y únicamente permiten aquellas limitaciones o restricciones que sean aceptables en una sociedad democrática , por lo que cualquier restricción que no sea necesaria para mantener una sociedad democrática será considerada contraria al derecho internacional".
La ley también establece, en su segundo capítulo, la creación de un fondo que se encargará de financiar a las ONG , siempre y cuando éstas respondan a la prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional. Esto resultaría en un absurdo, comenta por su lado Romero, ya que una ONG está diseñada para criticar e investigar al Gobierno, no necesariamente para apoyarlo. "El Gobierno puede decir: ¿qué tienen las ONG que ocultar? Pero ese no es el caso, porque es el Gobierno el que tiene que ocultarse de las ONG. Y las ONG tienen que tener la libertad de actuar de acuerdo a sus estatutos y creencias".
El fondo a crearse para el financiamiento de las ONG representa otro punto de mucha discusión entre los expertos. Tanto Ayala como Romero afirman que el fondo podría ser usado de forma demasiado discrecional, beneficiando a algunas organizaciones mientras que perjudica a otras. Asimismo, ambos abogados resaltan que en el caso de las ONG de derechos humanos el financiamiento por parte del Gobierno resulta contradictorio e innecesario.

En el desamparo
Para Ayala, la preocupación por esta ley va más allá de un argumento de fondo jurídico o técnico: "Lo que está en juego no es sólo la vida de las ONG, sino la vida de lo que es una sociedad libre , pluralista y, en definitiva, democrática. Lo que está en juego es el futuro de la sociedad. Los afectados por estas leyes no son las ONG, es la sociedad. ¿Cuántas personas no han sido beneficiadas en los últimos años de la acción de la sociedad civil venezolana en campos de educación, salud, alimentación y todo lo que tiene que ver con derechos humanos (ya sea las prisiones, las víctimas de torturas, los casos por ajusticiamientos)? Es decir, lo que se estaría tratando de lograr es el silenciamiento de la sociedad. Los grandes beneficiarios de la actuación de las ONG son, en Venezuela, los más pobres y desamparados".
Asimismo, Ayala advierte que no se debe caer en la interpretación que están haciendo de la ley algunos parlamentarios oficialistas que buscan destacar solamente el efecto que tendrá sobre las finanzas de las ONG o su reglamento.

Posición oficial
En recientes declaraciones a la prensa , Carlos Escarrá, diputado y corredactor de la ley de ONG, afirmó que lo que se busca es crear un " sistema de información " para saber cuáles son las organizaciones que trabajan en el marco de la cooperación internacional y de dónde viene y adónde va a parar su financiamiento. Aquellas personas o instituciones que están en contra de la ley, "armando un escándalo" dice Escarrá, es simplemente porque "tienen miedo de presentar sus libros".
Escarrá también resaltó que la Comisión de Política Exterior recibió una carta firmada por casi mil ONG que, según el diputado, apoyan la creación de la ley.

igarcia@eluniversal.com

El muro bolivariano

2006-11-20T09:52:00.000-08:00

Robert Bottome y Norka Parra de Ansuini*
Martes, 4 de julio de 2006 (Venezuela Analítica, http://www.analitica.com/va/economia/opinion/1510105.asp)

Caracas (AIPE)- Así como el Muro de Berlín separó a millones de europeos de una próspera y democrática Europa Occidental, el presidente Hugo Chávez está erigiendo un muro que aislará a los venezolanos de la economía mundial, mayormente próspera y predominantemente democrática.

Durante los últimos cinco años, el gobierno de Chávez ha levantado un cerco legal alrededor del sector privado, destruyendo de hecho más de la mitad de las industrias privadas del país, mientras despilfarra los ingresos petroleros para hacer crecer en forma ficticia la economía a base de subsidios y dependencia de importaciones masivas. Como resultado, los negocios marchan bien, hay liquidez en la economía, pero casi nadie está realizando inversiones productivas y la creación de puestos de trabajo ha permanecido estancada por años. Los derechos a la propiedad privada han sido erradicados. Literalmente cualquier funcionario del gobierno puede confiscar (robar) propiedades privadas a voluntad. El Sistema Judicial se ha convertido en un instrumento corrupto de un puñado de importantes personeros del régimen, según reconocidos funcionarios chavistas, que han señalado al vicepresidente José Vicente Rangel como el líder de la llamada “Banda de los Enanos”, un conciliábulo de jueces y fiscales corruptos.

Ahora Chávez está a la caza de los pocos espacios de libertad que sobreviven en Venezuela. Ha puesto la mira en la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios independientes. El presidente de Venezuela además se está preparando para cerrar todos los canales de televisión independientes y lo más seguro es que, después de que acabe con los canales privados, vaya tras las estaciones de radio privadas y también los medios impresos.

El objetivo es silenciar todas las noticias e información que disientan del gobierno, aun cuando quienes disienten sean afectos a su gobierno. Es decir, por ejemplo, que las noticias que presenten a chavistas acusando a otros chavistas de corrupción serán amordazadas de modo permanente. Asimismo serán silenciadas las protestas callejeras por parte de los mismos seguidores de Chávez en todo el país que exigen vivienda, atención médica, educación, trabajo y seguridad.

Es más, la Asamblea Nacional aprobará en breve una ley que “regula” las ONGs y otros grupos que reciben apoyo financiero del exterior, lo que incluye a casi todas. Para poder operar, una ONG tendría que inscribirse en un “Sistema de Registro Integrado”, en el que el “sistema” otorga al gobierno libertad total y absoluta para rechazar la solicitud o cerrar cualquier organización de la sociedad civil que no sea de su agrado.

Persigue, entre otras cosas, sacar del juego de modo permanente a Súmate y otros grupos de la sociedad civil que luchan por salvar la agónica democracia venezolana, así como grupos defensores de derechos civiles como Provea y ¿por qué no? la Iglesia, si continúa “dándole problemas” al gobierno. La Asamblea Nacional también está en camino de aprobar una Ley de Participación Popular que impondrá restricciones sobre los derechos de reunión de personas y comunidades, así como a la participación en la sociedad civil y en la política. Además, pronto será aprobada una nueva Ley de Propiedad Horizontal que seguirá despojando a los dueños de apartamentos privados de sus derechos a la propiedad. Primero fueron las industrias y propiedades agrícolas, y ahora el gobierno va contra los apartamentos y casas de ciudadanos particulares.

En retrospectiva, es obvio que Chávez ha estado construyendo su “muro bolivariano” ladrillo por ladrillo, empezando con la Constitución de 1999 y los 49 decretos-ley aprobados por la Ley Habilitante en noviembre de 2001, seguido por acciones para apoderarse de los diferentes poderes del Estado, propiciar la destrucción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la imposición de controles de precios y de cambio y una erosión gradual del Estado de Derecho y los derechos de propiedad. Hoy en día, el muro está casi terminado, pero son demasiados los venezolanos que no están prestando atención gracias a la ilusión de prosperidad creada por el auge petrolero.

___* Bottome es director y Ansuini periodista de VenEconomía

El padre Luis Ugalde rechazó el proyecto porque pretende que el Estado "controle todo"

2006-11-20T09:49:00.000-08:00

Ley de Cooperación "va contra el espíritu de la Constitución"

Solbella Perez Rodríguez
El Universal, 01.07.06, 4-1

Los principios fundamentales de la Constitución hablan de una República Bolivariana con valores como la solidaridad, la responsabilidad social, la participación y la cooperación. Para el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Luis Ugalde , el proyecto de Ley de Cooperación es contrario a todos estos principios constitucionales.

El padre jesuita ofreció el discurso inaugural del foro "Encuentro de la sociedad civil" convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela para discutir el rol de las organizaciones no gubernamentales en la democracia y cómo el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional amenazaría la independencia de estos grupos de la sociedad civil.

Ugalde calificó como "absolutamente perjudicial" el proyecto pues "pretende que el Estado controle todo. Va contra el espíritu de la Constitución. En gobiernos totalitarios, por ejemplo en los fascistas, no se podía sacar una hojita escolar sin autorización previa del gobierno de turno. Eso es lo que puede estar en la mente de algunos que tienen como modelo una sociedad como la cubana, donde efectivamente no se puede sacar ni siquiera dos páginas sin un permiso especialísimo y completamente controlado por parte del Gobierno", comentó.

Aunque la sociedad civil organizada trabaja en diversas áreas, son las ONG de derechos humanos las que tienen un rol de vigilancia de la democracia, por lo que el Centro de Derechos Humanos invitó a dos activistas latinoamericanos para que ilustraran la experiencia de sus países. Se trata de Pablo Rojas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú, y de Felipe Viveros, de la Asociación Chilena de ONG.

Rojas aseguró que en Perú existe un Agencia de Cooperación Internacional que tiene un reglamento que pudiera coartar la independencia de las ONG, pero que sus normas actualmente no se aplican. "De momento estamos relativamente fuertes y esa ley no se aplica. Pero hace dos meses ocurrió un incidente con una ONG que planteó una posición contraria al tratado de libre comercio y tuvo amenazas por parte de esta agencia por primera vez en muchos años. La respuesta que dimos tanto nacional como internacionalmente fue tan fuerte que logramos frenar esto", explicó.

Sobre el proyecto venezolano opinó que existen "peligros tanto para la constitución como para el ejercicio autónomo, independiente y crítico de las organizaciones de la sociedad civil y eso es sumamente preocupante".

Por su parte, Viveros destacó la importancia de la independencia de las ONG como actores encargados de supervisar la actuación de los poderes públicos. "La independencia es esencial. Desconocer la existencia de una sociedad civil autónoma es pensar que no existe ni el individuo ni la organización social como un ente capaz de controlar el poder. El Estado democrático es siempre potencialmente una fuente de abuso de poder".

El especialista en Derecho Internacional y director del Centro de DDHH de la UCV , Héctor Faúndez, ratificó que lo peligroso del proyecto es que busca obstaculizar la solidaridad internacional. "Se persigue controlar los propósitos que estas organizaciones persiguen y la actividad que desarrollan, controlar los recursos que provienen de la solidaridad internacional y cortar el acceso a esas fuentes de financiamiento", indicó.

Comisión Europea propone respetar libertad de ONG - Diplomáticos debatieron Ley de Cooperación Técnica Internacional

2006-11-20T08:20:00.000-08:00

19/10/06
El Universal
Página web: www.eluniversal.com
Autor: PEDRO PABLO PEÑALOZA

El representante de la Comisión Europea, Mikko Pyhälä, recomendó al Parlamento de Venezuela analizar el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege "la libertad de asociación y actuación de la sociedad civil".

Pyhälä, embajador de Finlandia, país que ejerce la presidencia protémpore de la Unión Europea, ofreció esta sugerencia en una reunión que sostuvieron diplomáticos foráneos y miembros de la Comisión de Política Exterior para dialogar sobre el proyecto de Ley de Cooperación Técnica Internacional.

El delegado de la UE recordó que la República suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "y tiene obligaciones; una muy importante es que la libertad de asociación y actuación de la sociedad civil no se puede limitar con reglamentos".

El jefe de la legación finlandesa destacó que "los países de la UE no tienen leyes que combinen la cooperación internacional entrante y saliente; algunos poseen leyes sobre la cooperación y en muchísimos países europeos el Legislativo aprueba el presupuesto anual de la cooperación, pero tratamos de ser bastante flexibles".

Pyhälä también expresó a los diputados que "podría ser útil confirmar de manera explícita (en el proyecto de ley) la vigencia de todos los convenios firmados soberanamente por Venezuela con nuestros países".

El embajador de Alemania, Georg-Clemens Dick, intervino en el cónclave para enfatizar que "debido a nuestra historia totalitaria, tenemos reglas que aseguran la independencia de las ONG, la Iglesia y las fundaciones políticas".

Dick subrayó que "tenemos una gran independencia de las ONG, sobre sus ideas, trabajos y presupuestos". Precisó que "existe un registro para que las organizaciones sin fines de lucro muestren objetivos, pero nada de control ni otra cosa".
Ampliar instrumentos

Durante la discusión, en la que participaron diplomáticos de 32 naciones, los representantes de Jamaica y Barbados manifestaron que el artículo 9 del proyecto, referido a las modalidades para aplicar la cooperación internacional, debería ampliarse y tomar en cuenta el intercambio en áreas culturales, deportivas, militares y de lucha contra el narcotráfico.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega (MVR), confesó su interés por la experiencia de Europa.

EL GOBIERNO TRAGÓN (Editorial)

2006-11-20T08:17:00.000-08:00

18/10/06
Tal Cual
Página web: www.talcualdigital.com
Teodoro Petkoff

Existen preocupantes signos en el cielo. El gobierno, su partido y el Estado, por ambos controlado, continúan su avance hacia el copamiento de todos aquellos espacios sociales donde la presencia del Estado fue anteriormente discreta o sencillamente prescindente.

La propensión a controlar la sociedad, subordinándola totalmente tanto al Estado como al partido de gobierno y a este mismo se viene desarrollando conforme al plan trazado en Fuerte Tiuna en noviembre de 2004.

No hay día en que el ministro de Educación no enfatice que es un propósito inalterable del oficialismo el de hacer del sistema educativo un instrumento de “formación de los educandos en los valores de la revolución”, finalidad que en la reciente reinaguración del Liceo Andrés Bello, el candidato continuista, esta vez con la cachucha de presidente, subrayó sin ambages.

La estatización del deporte dio un paso de siete leguas al unificar en una misma persona, funcionario público, las presidencias del IND y del Comité Olímpico Venezolano. La amenazas a la autonomía universitaria se hacen cada vez más sostenidas.

El Presidente ha aseverado varias veces que la autonomía universitaria es incompatible con la línea estratégica del proyecto “revolucionario”, de modo que en este campo se anuncia una ofensiva para liquidar aquella y someter a las grandes universidades autónomas a la absoluta tutela del Estado.

Hay un paso que todavía no se ha terminado de dar. Es el referido al control y fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por parte del gobierno, que está pendiente de la aprobación definitiva de la llamada Ley de Cooperación Internacional, aprobada ya en primera discusión en la Asamblea Nacional.

De ser sancionada en la segunda se puede asegurar que las ONG, en particular las que atienden el área de Derechos Humanos, sencillamente no podrían funcionar y pasarían a ser controladas por el Estado y el gobierno.

Ayer el Foro por la Vida y Sinergia, dos de las más importantes ONG, hicieron un conjunto de reparos a la ley de marras (ver página 2), concluyendo que “Esta regulación es inaceptable, tanto desde el punto de vista constitucional como del internacional, ya que impediría el libre flujo democrático con fines legítimos de la cooperación internacional hacia Venezuela”.

El control total de la sociedad, para reducir al mínimo los espacios de vida democrática así como la autonomía necesaria de la sociedad civil, ya lo experimentan en carne propia también las organizaciones populares nacidas en estos años. Se quejan amargamente de la pretensión del MVR de imponer los dirigentes “desde arriba”, anulando la participación de la base y tratando de reducirlas a simples engranajes del aparato de poder oficialista.

El proyecto, pues, es el de hacer un país uniforme, mediocre, con una vida burocratizada, grisácea y triste, con sus habitantes sometidos a la voluntad del Big Brother.

Fuente: Tal Cual, 18/10/06, pag. 1 (Portada)

Proyecto de ley coarta cooperación a las ONG

2006-11-20T08:13:00.000-08:00

18/10/06
Fuente: Tal Cual
Página web: www.talcualdigital.com
Autor:Gleixys Pastrán C.,

El nuevo mecanismo que se discute en la AN establece la creación de un fondo delegado directamente por el Ejecutivo para controlar los financiamientos desde el exterior

La dirección que debería tomar cualquier ley que pretenda regular las Organizaciones No Gubernamentales en los países tradicionalmente democráticos, va por el camino de los requisitos que éstas debieran cumplir, más no por la senda del control e intervención de sus actividades sociales.El proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, según el Foro por la Vida y Sinergia, es vago y no específica claramente sus regulaciones.

Aunque ya fue aprobada en su primera discusión por la Asamblea Nacional, se podría concluir que la mayoría de sus artículos van más allá de un simple control y llega hasta los límites de estatizar los financiamientos que reciben del exterior las ONG de Venezuela. Según Eva Van Berkel, vocera de Sinergia, una de las preocupaciones de la sociedad civil es que por la inseguridad jurídica afecte la inversión de los voluntarios internacionales, pues sus recursos serán centralizados por el Estado. “Este proyecto no fomenta la cooperación y colaboración internacional”, aseguró.

El artículo número tres del proyecto de ley no garantiza que los recursos enviados desde el exterior no sean centralizados a través del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, el cual sería delegado directamente por el Ejecutivo Nacional.

“Esta regulación es inaceptable, tanto desde el punto de vista constitucional como del internacional, ya que impediría el libre flujo democrático con fines legítimos de la cooperación internacional hacia Venezuela”, dice el informe de propuestas que las ONG enviaron a la Asamblea Nacional ayer horas de la mañana.

En ella se establece además que en caso de que la AN diga que éste no es su propósito, entonces deberá proponerse que en consecuencia quede clara y meridianamente prohibido que el Estado exija que los fondos y recursos de la cooperación internacional tengan que ser recibidos a través de este fondo.

Edgar Carrasca, uno de los voceros del Foro por la Vida, dijo que el proyecto debería ser un instrumento legislativo adecuado a las necesidades del país, a la cooperación extranjera y al uso de nuevas tecnologías, y no a una supuesta auditoría de las cuentas, pues asegura que las ONG de Venezuela se les conoce por su transparencia y la constante rendición de cuentas.

Se espeta que la AN demuestre su intención de tomar en cuenta las propuestas del Foro por la Vida y Sinergia, y que se cumplan las palabras del diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior. El parlamentario envió el 4 de octubre un comunicado que decía, que estimaría los aportes de las ONG en aras de enriquecer la discusión del contenido del proyecto, como paso previo a la próxima consulta pública.

UN POCO DE CLARIDAD:

- Los miembros de un Foro por la Vida y Sinergia exhortan a los parlamentarios especificar al menos un cuarto de los artículos del proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

- Estos son algunos de ellos:
El artículo 10 de este proyecto de Ley no garantiza que pretenda someterse a la sociedad civil a los lineamientos del órganos desconcentrado a través del Presidente de la República y que de esta forma se reste su autonomía política.

La organización y funcionamiento del Fondo para la Cooperación Internacional no son regulados en el Proyecto de Ley, sino que son delegados al Ejecutivo Nacional, según lo que concluye el artículo 14. La amplia definición de cooperación internacional (transferir e intercambiar recursos desde el exterior hacia Venezuela) no garantiza que no se “presuponga” que todos éstos financiamientos para el trabajo de las ONG “tendrán que centralizarse” a través del mencionado fondo.
La obligación de las organizaciones no gubernamentales extrajeras o internacionales de legalizar sus documentos en Venezuela no resulta necesaria en una sociedad democrática. Si alguna de las organizaciones internacionales de derechos humanos desea realizar una visita al país, participar en algún evento o simplemente divulgar un informe, no encuentra justificación que esta ley imponga legalizar documentos.

ONG rechazan intentos por "controlar a la sociedad civil"

2006-11-20T08:10:00.000-08:00

18/10/06
El Universal
Página web: www.eluniversal.com
Autor: Juan Francisco Alonso

Foro por la Vida y Sinergia critican la Ley de Cooperación Internacional

Por considerarlo un instrumento que atenta contra los derechos constitucionales a la participación y la organización, y que persigue controlar las actividades de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales agrupadas en torno al Foro por la Vida y Sinergia rechazaron el proyecto de Ley de Cooperación Internacional elaborado por la Comisión de Política Exterior del Parlamento.

La directora del Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), Deborah Van Berkel, afirmó: "Hay una tendencia a diseñar normas que, lejos de facilitar la libertad de asociación y el desarrollo de las acciones de la sociedad civil en pro del desarrollo, más bien las limita y desestimula a la sociedad civil a organizarse y a ser corresponsable del desarrollo del país".

Negó que las Organizaciones No Gubernamentales busquen financiamiento externo para realizar actividades contra el Gobierno, tal y como lo han aseverado en varias oportunidades varios funcionarios públicos. "Eso responde a una visión, según la cual el Estado es un contralor de la sociedad y no la sociedad la contralora del Estado".

Van Berkel mostró su preocupación por la propuesta de crear un fondo, que será administrado por el Gobierno, en el que serán depositados los recursos otorgados por organismos internacionales para proyectos para el desarrollo.

"Tememos que el Ejecutivo centralice todos los recursos de la cooperación y que sea él quien los distribuya de acuerdo con sus necesidades. Eso limita nuestra autonomía", afirmó, al tiempo que abogó por mantener el sistema actual de financiamiento, a través del cual las organizaciones buscan los fondos para sus proyectos y después presentan cuentas.

Por su parte, Alfredo Infante, del Servicio Jesuita de Refugiados, no objetó que el Estado desee regular la cooperación internacional, por el contrario, calificó de "legítima" esa intención. Sin embargo, demandó que el texto se ajuste a la Carta Magna y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Criticó la ambigüedad del texto y que se deje en manos del Ejecutivo, quien deberá dictar un reglamento, asuntos como los requisitos para que puedan operar las Organizaciones No Gubernamentales, alegando que eso genera "incertidumbre".

Al final se mostró preocupado por el deber que tendrían de informar a "cualquier ciudadano" sobre sus acciones, recordando que muchas trabajan temas delicados como abusos policiales o lucha contra el sida.

ONG piden debatir ley de cooperación internacional

2006-11-20T08:06:00.000-08:00

18/10/06
El Nacional
Página web: www.el-nacional.com

El proyecto fue aprobado
en primera discusión por la Asamblea Nacional sin que participara en su redacción ninguna organización civil. Esperan puedan realizarse cambios a la ley en segunda discusión

Voceros de Foro por la Vida y Sinergia, en nombre de más de 60 organizaciones no gubernamentales, se pronunciaron ante la Asamblea Nacional para ser partícipes del proyecto de ley de cooperación internacional que los afecta directamente.

Después que el diputado Saúl Ortega solicitara las observaciones de las ONG, éstas entregaron un documento en el que afirman que el instrumento legal "no garantiza que no pretenda someterse a la sociedad civil", según lineamientos del Poder Ejecutivo, como indica en su artículo 10.

Asimismo piden revisar nue vamente las definiciones de cooperación internacional, el control de su financiamiento y la concepción de organización social que establece la ley, porque resultan planas y no comprenden la pluralidad propia de las múltiples formas de organización popular. Alfredo Infante, del Servicio Jesuita de Refugiados, señaló que aguardan ser escuchados y que puedan realizarse cambios a la ley en segunda discusión. "Consideramos esto un riesgo y nos preocupa".

Déborah Van Berkel, de Cesap, indicó que esperan una ley que sirva para facilitar los procesos de organización social. "En este caso se hace mucho énfasis en el control".

Edgar Carrasco, de Foro por la Vida, manifestó que la expresión "conveniencia nacional" para repartir los fondos de las asocia ciones crea dudas, porque éste podrá depender del interés de un funcionario del Estado y no del colectivo.

"Nuestra preocupación fundamental es ver cómo se establece la forma de cooperación sin limi tarla o restringirla". Carrasco agregó que puede tratarse de una mala interpretación del rol de la sociedad civil: "Nosotros monitoreamos y evaluamos al Estado. Si el Estado sale raspado, ellos lo interpretan como una confronta ción cuando no es así, sino un llamado a mejorar las políticas públicas".

María Gabriela Cuevas, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, explicó que en este contexto político hay desconfianza en el sector social. "Hay una idea de conspiración sobre todas las ONG. El problema es que falta claridad en la legislación y esa nebulosa favorece la vulnerabilidad y la arbitrariedad".

De esa forma, los activistas advirtieron que faltan espacios de intercambio entre legisladores y ciudadanos para debatir el proyecto. También recordaron la necesidad de permanencia ante la Asamblea de uno o varios de sus representantes para elaborar una nueva legislación que cubra las suspicacias y vacíos del proyecto actual.

Sigue discusión sobre Ley de Cooperación Internacional

2006-11-20T08:00:00.000-08:00

18/10/06
Unión Radio
Página web: www.unionradio.com.ve

El diputado del MVR, Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, informó este miércoles de los avances en la discusión del proyecto de Ley de Cooperación Técnica Internacional.

"Todas las leyes que están en la agenda legislativa están en proceso, tengan la seguridad que estamos trabajando, yo lo he dicho, esta consulta continua y una vez comience la discusión, artículo por artículo, será presentada a la Asamblea y será la junta directiva que tome la decisión de cuando entrará en Cámara para ser debatida por la plenaria, ese es el procedimiento legislativo".

Esta ley ha generado posiciones encontradas entre los diputados, unos alegan postergar su aprobación luego de las elecciones, mientras otros recomiendan trabajar en la ley sin tomar en cuenta la coyuntura electoral.

"Ley de Cooperación limita a la sociedad"

2006-11-20T07:56:00.000-08:00

Carl Meacham, asesor norteamericano, rechaza creación de registro para ONG

Pedro Pablo Peñaloza
El Universal, 06.11.06

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos decidió analizar la situación de la sociedad civil en América Latina, tomando como muestra tres países: Chile representa el nivel de mayor desarrollo en este campo. Perú ocupa el escalafón intermedio, combinando avances y dificultades. Y el tercero es Venezuela.

Carl Meacham, asesor principal para asuntos latinoamericanos del legislador Richard Lugar, presidente de la instancia mencionada, visitó el país para evaluar en el terreno la realidad de las ONG locales y fijar posición sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

-¿Qué opina del proyecto?
-Hay unos puntos del proyecto que causan un poco de incomodidad. Uno de ellos está referido a que las ONG tendrán que registrarse con el Gobierno. Además, las ONG tendrían que tener objetivos paralelos a los que desarrolla el Gobierno. En Estados Unidos y el resto de los países libres, la relación con las ONG no es siempre fácil porque representan una voz independiente. Esta es una ley que limita el potencial de la sociedad civil.

-Los promotores de la norma justifican la creación del registro para "transparentar" las finanzas de las ONG y evitar la penetración de capital ilegal.
-La herramienta que sirve para averiguar el origen de los fondos o la transparencia de las finanzas es el sistema de impuestos. Debe estar claro que mantener la independencia de estas organizaciones es uno de los puntos más importantes.

-Los diputados han manifestado públicamente que la intención es controlar a las ONG. En ocasiones han denunciado que estos grupos son utilizados por el "Imperio" para desestabilizar a Venezuela, como en el caso de Súmate y los aportes ofrecidos por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
-El NED, que aquí se le acusa tanto de ser una intromisión foránea o un agente de la CIA, es una organización independiente. Mi jefe, el senador Lugar, fue uno de sus fundadores y en lo último que piensan es en subvertir gobiernos de otros países. El trabajo del NED tiene que ver con ayudar para que una voz independiente sea más fuerte. Es dañino que se limite el potencial del pueblo. La gente tiene prioridades distintas y debería poder hacer su labor y expresarse de manera independiente, sin temer que el Gobierno use esa actividad para perseguirlos.

-Pero los diputados sospechan que esas ONG no son independientes sino que obedecen al "imperialismo"
-No hay evidencia ni hemos visto que las ONG que trabajan aquí estén tratando de derrocar al Gobierno. Hemos visto que están preocupadas por mejorar las condiciones del país, aumentar la participación y defender los postulados de la Constitución. Si el chavismo es fuerte, abierto, transparente y democrático, no debería ser una amenaza la participación cívica e independiente del pueblo.

-El chavismo plantea que la sociedad civil, agrupada en las misiones y demás fórmulas oficialistas, sea el germen de un "partido único".
-Es importante preservar la libertad para elegir. Mientras el chavismo sea democrático, ¿cuál es el problema? La democracia no se trata de absorber a todo el mundo y buscar una realidad uniforme.

-¿Esas ideas se ajustarán a las necesidades de la revolución bolivariana?
-Nunca hemos visto en EEUU una definición sobre qué es el proceso revolucionario, no sabemos qué significa. Lo que sí sabemos es que están en contrade las cosas que tratamos de promover. Nosotros tratamos de promover la democracia y la transparencia.

Sociedad civil discutirá proyecto de ley de cooperación internacional

2006-11-20T07:55:00.000-08:00

El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faúndez, aseguró que el acto fue organizado para analizar el nuevo texto legal que, según dijo, “pretende cortar otra rebanada de lo que queda de democracia en Venezuela”

VANESSA GÓMEZ QUIROZ
(El Nacional, 29.06.06)

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela realizará mañana el acto que denominaron Encuentro de la Sociedad Civil con el fin de debatir la eventual aprobación de la ley de cooperación internacional.

El director de la institución, Héctor Faúndez, explicó que el propósito de la reunión es permitir a organizaciones nacionales e internacionales intercambiar experiencias sobre el trabajo que llevan a cabo “y hacerle saber al país qué es la sociedad civil y cuál es su función en una democracia, qué hace, cuáles han sido sus logros y cuáles son los desafíos que enfrenta”.

A la cita que se llevará a cabo en el hotel Hilton Caracas asistirán Felipe Viveros, de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales; Pablo Rojas, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú; Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, y Elías Santana, director de Queremos Elegir.

En la apertura del Encuentro de la Sociedad Civil participarán, además de Faúndez, el rector de la UCV , Antonio París, y el presidente de la Asociación de Universidades Jesuitas y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde.

Faúndez indicó que las organizaciones de la sociedad civil podrán exponer sus puntos de vistas sobre “el modo en que quedarán restringidas o proscritas sus actividades de aprobarse la ley de cooperación internacional”.

Expresó preocupación por el nuevo texto legal, pues considera que persigue un doble propósito: “Por una parte, esta ley vendrá a dar carta de legitimidad a toda la ayuda que, en violación de la ley de presupuesto y de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, el Gobierno de Venezuela ha otorgado a gobiernos e instituciones extranjeras. En segundo lugar, con este proyecto se pretende cortar otra rebanada de lo que queda de democracia en Venezuela, desmantelando a la sociedad civil organizada, que se vería privada de la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento internacional, y sometiendo a mecanismos de registro y control de sus actividades a las organizaciones que lograran subsistir”.

Explicó que esperan conseguir al final de la reunión un manifiesto en el que todas las organizaciones que se presenten expresen opiniones acerca de la ley de cooperación internacional “y sobre la amenaza que ésta representa para la subsistencia de la democracia”.

“No hacerlo y no levantar nuestra voz equivale a aceptar sumisamente la aprobación de una ley que no está dirigida contra las ONG , sino contra la sociedad civil ”, acotó.

Ley de Cooperación Internacional pretende legalizar ayudas de Chávez al exterior dice Carlos Vecchio

2006-11-20T07:50:00.000-08:00

29/06/06
Unión Radio

Carlos Vecchio, miembro de la organización no gubernamental Ciudadanía Activa, dijo que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que toca el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, tiene como principal objetivo permitir "que Chávez siga regalando real a otros países".

"Si se lee el proyecto de ley es increíble la potestad que le da al Presidente, una absoluta discrecionalidad en el manejo de los recursos del estado venezolano al exterior", enfatizó.

Señaló que lo que se pretende es legalizar la ayuda que hasta ahora se ha venido otorgando indiscriminadamente a nivel internacional por parte de Venezuela. "La ley es para poder seguir regalándole helicópteros a Evo", acotó al tiempo que recordó el caso por el cual el ex presidente Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado y condenado por una ayuda a Nicaragua "que ni se asoma a lo que hasta ahora ha hecho Chávez".

Insistió en que esta nueva normativa "deja de lado la ley contra la corrupción, para legalizar en cierta forma las ayudas al exterior ya no como política de Estado sino revolucionaria".

El otro objetivo es, según Vecchio, "crear una lista de las asociaciones civiles, para saber quién recibe y quién da". Resaltó que la creación de la ley no se puede ver como un hecho aislado, "esto es una película que tiene tiempo rodando, es un cerco a la sociedad civil".

Como ejemplo de lo anterior recordó que existen por lo menos cinco decisiones del Tribunal Supremo de Justicia "que tocan el tema de la sociedad civil y que la limitan diciendo que quien reciba dinero del exterior no puede ser considerada como tal y hay organizaciones que están siendo enjuiciadas por recibir dinero del exterior".

"No es con la ley que se le coloca el cerco a la sociedad civil, esto comenzó hace mucho tiempo y ahí es donde está lo grave", dijo Vecchio.

Relación internacional transparente

El diputado por Movimiento Quinta República y autor del proyecto de ley de cooperación internacional, William Querales, negó que este sea el fin de la ley y la defendió como "una profunda necesidad del país democrático que quiere una relación internacional transparente".

Indicó que la actual Ley de Cooperación Internacional data del año 1959, "tenemos una mora de 40 años". Sostuvo que "no se le está limitando a nadie" la capacidad de recibir financiamiento pero que "en cualquier país serio del mundo, las Ongs están registradas y ese financiamiento que viene en dólares del mundo el país necesita saber a donde va eso".

"En Colombia, donde sabemos que hay financiamiento del narcotráfico, el gobierno ha mostrado temor e investigación, el mismo (Álvaro) Uribe ha tenido una ley terrible para eso, pero no es para limitar, vetar o interrumpir la capacidad democrática para las Ongs, todas hacen grandes labores, pero un país responsable con sus ciudadanos tiene también que saber hacia dónde se dirigen esos recursos", manifestó.

ONG y las políticas públicas

2006-11-20T07:49:00.000-08:00

Maritza Izaguirre Porras
El Nacional, 28.06.06, A/10

A finales del siglo pasado se registró en la América Latina un importante crecimiento de las organizaciones no gubernamentales. La democratización de la región , la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, la descentralización y los desafíos pendientes en cuanto a la reducción de la pobreza y la mala distribución del ingreso, obligó al sector público a revisar el diseño y aplicación de programas y proyectos derivados de las políticas sectoriales.

En ese momento, los logros alcanzados en cuanto a estabilidad macroeconómica, recuperación de las cuentas fiscales y apertura comercial, no necesariamente habían contribuido a reducir, en la magnitud deseada a la pobreza extrema y la exclusión.

El diagnóstico señalaba, que la debilidad institucional del Estado en su conjunto, contribuía en buena parte a la lentitud en la distribución de los beneficios, en especial cuando se trataba de lidiar con problemas tales como la pobreza rural, la marginalidad urbana, y la inequidad en el acceso a servicios de calidad , entre otros.

En algunos países de la región , en los años sesenta y setenta, por circunstancias propias de su desarrollo político y la ausencia de gobiernos democráticos, se habían constituido organizaciones, propias de la sociedad civil , muchas de las cuales habían jugado un papel importante en defensa de los derechos ciudadanos y de las libertades democráticas por una parte y por la otra, ante la exclusión evidente de ciertos grupos, se habían organizado buscando soluciones a sus problemas específicos.

Ello llevó al surgimiento de diversas organizaciones y asociaciones, las cuales se especializaron en asuntos relacionados con la producción de pequeños agricultores, artesanos y micro empresarios; el deterioro en las condiciones de vida urbana y los problemas ambientales derivados; la exclusión por genero, grupo étnico o discapacidad; la inequidad en el acceso de los grupos de menores ingresos a la educación y a la salud y el tratamiento de problemas puntuales que comenzaban a incrementarse tales como, violencia, droga, criminalidad e impunidad, entre otros.

Es así como algunas ONG desarrollaron programas, financiados con recursos provenientes de fuentes internas y externas, los cuales facilitaron la generación de metodologías y técnicas de trabajo, el entrenamiento de personal y el establecimiento de una comunicación efectiva entre los involucrados.

Más aún en los casos exitosos se pudo comprobar la gerencia y calidad de la gestión, lo que agregaba transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos.

Ello llevó a que algunos gobiernos y organismos multilaterales, promovieran la eventual colaboración entre los entes públicos con las organizaciones con el fin de incorporar su aprendizaje a las políticas públicas.

Sin embargo, esto obligó a despejar las dudas del sector gubernamental, acerca de la pertinencia o no, de las responsabilidades asignadas a las ONG en la ejecución de programas gubernamentales, por una parte y por la otra, la reserva de las organizaciones, al percibir, que con la eventual colaboración perderían independencia y legitimidad ante los grupos que representaban.

De otro lado, la propuesta conllevaba riesgos, entre ellos, el comprobar si realmente el conocimiento surgido de experiencias limitadas, podría ser incorporado a las políticas e incrementar la eficiencia y eficacia de las mismas.

En las evaluaciones de algunos programas y proyectos ejecutados por ONG calificadas, se observó que su participación facilitaba la coordinación ente instituciones públicas y privadas en el ámbito local, estimulaba la participación de los grupos afectados en la toma de decisiones, y eran un medio para transferir conocimiento y tecnologías apropiadas.

La importancia de considerar las características culturales y de entorno de las comunidades involucradas agregaban valor al ensayo.

En nuestro caso, la fuerza de las asociaciones y de las ONG, crece a partir de los años ochenta, ante el deterioro creciente de las instituciones y el debilitamiento del sistema democrático.

Hay evidencia de la experiencia y conocimiento acumulado por estas organizaciones en campos tales como el micro crédito, la vivienda popular , las asociaciones de vecinos, la música y el deporte como mecanismos de integración social, el rescate de cultivos tradicionales, entre ellos, café y cacao en comunidades campesinas, la educación popular y la atención primaria en salud, entre otros.

Es por ello que en lugar de dificultar la existencia de las ONG sería mucho más inteligente, utilizar su conocimiento y experiencia en apoyo a las múltiples tareas que el Estado debe emprender en la difícil tarea de disminuir la pobreza, reducir la inequidad y crecer en forma sostenida.

Los dos pesos y las dos medidas contra las ONGs

2006-11-20T07:45:00.000-08:00

Milos Alcalay
(http://www.analitica.com, 28.06.06)

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han ido adquiriendo un lugar privilegiado como interlocutores reconocidos por organismos internacionales, Gobiernos Democráticos y la opinión pública en general.

La presencia de las ONGs se inicia despues de la II Guerra Mundial, cuando instituciones de la Iglesia, y Fundaciones de grandes empresas identifican acciones concretas de solidaridad con representantes de países del Tercer Mundo. Un gran número de ONGs de izquierda en la década de los 70 realizaron denuncias exitosas contra Gobiernos militares de America Latina por sus violaciones a los derechos humanos.

En el Siglo XXI las ONGs lograron asegurar una presencia incontornable en eventos internacionales por tratar eficaz y profesionalmente temas variados como salud, habitat, educación,defensa de los derechos humanos, transparencia electoral, fortalecimiento de la democracia, ecología, lucha contra la pobreza, desarrollo sustentable.

Las acciones de solidaridad que realizan en su condición de institucionres sin fines de lucro, les ha permitido recibir apoyos de Gobiernos (planes de cooperación internacional), Fundaciones Públicas (como la NED, la Konrad Adenauer) o Privadas (Fundacion Rockefeller, Ford, Shell) , Organismos internacionales (como la ONU, la FAO, el Banco Mundial, la Unión Europea), Iglesia (Justicia y Paz, CIMADE) cuyos recursos al ser bien aplicados y manejados, les permiten continuar realizando proyectos que antes se perdían bajo la administración de gobiernos corruptos o ineficientes.

Es este tipo de labor solidaria la que se quiere controlar. La Diputada Iris Valera, que preside la Sub Comisión del Anteproyecto de Ley sobre Cooperación Internacional, lo reconoce al afirmar “Vamos a controlar las ONGs porque eso lo reclama el pueblo”

La Revolución Bolivariana se puede sentir “orgullosa” porque esa misma actitud la han adoptado países como Zimbabwe, Cuba, Egipto, China y Rusia, cuyos Gobiernos han amenazado, perseguido, expulsado, condenado y hasta ejecutado a peligrosos “defensores de la libertad”

Mientras amenaza controlar el financiamiento de ONGs respetables, el Gobierno Bolivariano otorga recursos sin límites a ONGs aliadas como las que se reúnen en Porto Alegre, o las que aplauden a Chávez en las Anti Cumbres de Argentina o Viena, o las que financia para recibir en Caracas a participantes en los costosos Festivales de Jóvenes Comunistas, o Foros Alternativos, Sociales, Intelectuales o Endógenos de izquierda. De esta manera criminaliza a las ONGs que no controla el Gobierno y premia a aquellas que lo aplauden aplicando Dos pesos y Dos Medidas! milosalcalay@yahoo.com

¿Podrían leerse la Constitución?

2006-11-20T07:43:00.000-08:00

Elías Santana
El Nacional, 26.06.06, B/18

Tanto Mari Pili Hernández como Guillermo García Ponce argumentan, para respaldar el proyecto de ley de cooperación internacional que se estudia en la Asamblea Nacional, que las ONG son partidos, o una nueva versión de éstos, encubiertos.
Que hacen política y financian su accionar a través de contribuciones provenientes del extranjero. Que por ello hay que regularlos y evitar que reciban aportes internacionales.

El derecho a participar políticamente está garantizado
Lo primero es recomendarles leer la Constitución. Desde el artículo 62:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes elegidos y elegidas”. Hasta el artículo 70 que habla de los mecanismos de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, tales como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanas y ciudadanos (con decisiones de carácter vinculante, por cierto).
Pasando por una revisadita a todos los espacios de participación, en cuanto a la selección de los poderes, para la elaboración de presupuestos participativamente o la contraloría social.
Finalmente, podrían detenerse a leer el artículo 67 en el que se garantiza que la ciudadanía podrá organizarse para fines políticos, no estableciendo como obligatorio la postulación, aunque deja abierta la posibilidad.
O sea, no necesariamente vinculándolos al concepto de partidos políticos.
Se prohíbe, por cierto, recibir fondos gubernamentales, pero no limita aportes lícitos nacionales o extranjeros. Lean la Constitución, no les haría mal.

Ya el tercer sector está regulado por el Estado: ¿Lo sabían?
Lo segundo es que hoy por hoy toda asociación civil o fundación está regulada y controlada por el Estado venezolano. Quizás el ordenamiento jurídico vigente no es del suficiente conocimiento de los articulistas, pues desde las previsiones del Código Civil y los mecanismos de registro y rendición de cuentas, hasta las obligaciones de carácter tributario, controlan a la sociedad civil. Conozcan los vínculos que con dependencias gubernamentales están obligadas a sostener las asociaciones de consumidores, los grupos ambientales, las sociedades de representantes, las fundaciones, las cooperativas o los consejos comunales, que brindan canales y mecanismos a cualquier administración para tener una actualizada visión del accionar de la sociedad civil y para evitar distorsiones o actuaciones contrarias a la ley.
Si alguna asociación o fundación no es transparente puede achacarse a ineficiencia gubernamental, por ejemplo desde el Seniat.

Una ley no debería inspirarse en la urticaria
¿Es necesario un nuevo instrumento regulador del derecho de asociación?
Quizás sí. Pero lo primero sería separarlo del proyecto que apenas toca un aspecto de las vivencias del tercer sector, como lo es el financiamiento externo (minúsculo, por cierto, si lo evaluamos a la luz de las dimensiones de la sociedad civil). Y lo segundo, distanciarlo de la polarización, de la confrontación. Si las actuaciones legítimas y legales del Foro por la Vida o de Súmate crean cierta urticaria (como le pasa a los gobiernos de Rusia, de Estados Unidos o de Colombia con asociaciones similares en sus países, por cierto) en los diputados, no intenten disminuirla con un instrumento jurídico para regular al conjunto del tercer sector, que termina siendo rígido, distanciado de la Constitución y desestimulante de la participación.
Parece un contrasentido, pero en vez de intentar explicarse por qué grupos de derechos humanos o de participación electoral piden la erradicación de la tortura o el aumento de la transparencia en el CNE, en vez de ir a la raíz de los problemas, desean atacar, acorralar a las asociaciones que expresan a un sector de la población, tan protagonista o soberano como el que más. ¿En desacuerdo con ellas? Debatan, tomen iniciativas cívicas.
Pero no deberían comportarse como en el pasado o como lo hacen gobiernos que cuestionan.

Una respuesta desde VEA
García Ponce, desde uno de sus editoriales, respondió a nuestra invitación para debatir citando a un funcionario de la administración estadounidense.
Justamente al diplomático al que aludimos directamente, en esa misma columna, con la frase “no nos defienda”. Las infelices declaraciones de un burócrata de un gobierno que desconoce las recomendaciones de los grupos de derechos humanos de su país, para pasar a defender a las ONG de otros países, son el argumento del director de VEA. Aunque usted no lo crea.
esantana@eltercersector.com.ve

Ley de cooperación internacional: la hora de las definiciones

2006-11-20T07:42:00.000-08:00

Entrevistas a Armando Janssens e Iris Valera

ALONSO MOLEIRO / CECILIA CAIONE
El Nacional (25.06.06 A/4)

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley de cooperación internacional se refiere a la creación de un registro y un fondo que pretende llevar cuenta de todo cuanto hagan de acá en adelante las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles independientes. Voceros de la oposición han denunciado que esto representa un nuevo paso en el proceso autoritario que se gesta desde el Poder Ejecutivo, destinado a ejercer un control tutelar sobre todos los elementos de la sociedad. Los diputados encargados del instrumento jurídico aducen que el Estado tiene derecho de fiscalizar las actividades de estos grupos sin menoscabar su desempeño y sus fines naturales. Añaden que en modo alguno se trata de eliminarlas, ni de torpedearlas, sino de que éstas establezcan con el Estado una relación transparente, como sucede en muchas partes del mundo. Algunos insisten en que, detrás de la fachada aparentemente inocente de las organizaciones de la sociedad civil, se enmascaran agrupaciones con orientaciones abiertamente políticas y, peor aún, conspirativas “en contra de la Constitución”, con un financiamiento no del todo transparente. Otros actores, como el padre Armando Jannsens —así como Carlos Correa y Liliana Ortega—, con una incuestionable autoridad en el ejercicio del activismo civil, resienten que algunos de los voceros parlamentarios expresen prejuicios, desconfianza y levanten un velo de sospecha inadmisible sobre el tema, en franca disonancia con el ánimo que priva sobre estos aspectos en la Constitución. Por lo demás, Jannsens señala que, si bien en algunos países estas actividades están reguladas en una ley, en la aplastante mayoría del mundo civilizado los procedimientos de controles administrativos no están atados a legislación alguna. Los parlamentarios han declarado que están dispuestos a dialogar y a escuchar toda clase de sugerencias

Armando Janssens:
“Parece haber una intención desviada en todo esto”

—¿Qué opinión tiene del proyecto de ley de cooperación internacional?
—Normalmente no habíamos tenido necesidad de tener una ley especial y un reglamento sobre el tema de las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales. Estos son grupos que hace mucho existen, legalmente establecidos, están bajo la regulación del Estado de Derecho vigente. Tenemos el control del Seniat, presentamos balances y tenemos una existencia normal. Esto surge ahora como exigencia del Gobierno. Nos obliga a hacer una profunda reflexión y abrir un diálogo sobre los ingredientes de la ley y las consecuencias en nuestro trabajo diario con los sectores populares. Necesitamos un poco más de tiempo para conocer la intencionalidad de la ley, para comprenderla y poder sugerir cosas en las conversaciones con aquellos aspectos que aseguran la buena marcha de las ONG.

—¿No piensa que es necesario, como se supone que sucede en otros países, que el Gobierno lleve adelante un registro y supervise las actividades de las ONG?
—En la mayoría de los países no existe ninguna ley sobre este tema, sino exigencias administrativas. Si bien es cierto que existe en algunas naciones, en otras, en la aplastante mayoría, no hay interés por controlar o fiscalizar las actividades de las ONG, que además están a la vista. Lo que pedimos es que se nos aclare la orientación y la intención de la ley. En algunos países se ha aplicado la ley en vista de la situación de alta conflictividaden los cuales viven, si está en peligro la seguridad del Estado. Es el caso de Colombia, por ejemplo. Esa situación, para nosotros, no es aplicable. Venezuela no vive esos niveles de violencia. La situación de Venezuela, independientemente de las tensiones, no apunta sobra una problemática sobre violencia, amenazas o mal manejos de recursos disponibles. Nos ha impresionado que las opiniones emitidas por algunos diputados reflejan un real desconocimiento sobre lo que hacemos y, sobre todo, un prejuicio para con el funcionamiento y actividades de estas organizaciones. Hago la siguiente comparación: me pregunto si cuando un juez formula una opinión o un juicio de valor sobre el caso que le toca, es prudente que dicte sentencia. Parece haber una intencionalidad desviada en todo esto.

— ¿Cuáles son los riesgos fundamentales del proyecto?
—Que las organizaciones sociales son apreciadas con desconfianza. Eso imposibilita un intercambio franco, abierto, que normalmente redundaría en un mejor trabajo con los sectores populares. Evidentemente, habrá un tipo de control sobre el manejo económico, que obliga a esas organizaciones a abrir el campo. Está el problema de los costos, del financiamiento propio, que aumentará mucho en este contexto. Hay un problema con los donantes del exterior, relacionados con instancias privadas, que sufrirán consecuencias de la interpretación de la ley, que pueden ser vistos y manejados como sospechosos, por cierta discrecionalidad del Estado

—¿Piensa que hay disposición entre los parlamentarios para escuchar sus sugerencias?
—Hemos constatado de todo. Del presidente de la comisión, Saúl Ortega, hemos visto una disposición inicial muy importante que permite pensar que se puede llegar a buena conversación. Igualmente, hemos constatado en otros integrantes del Parlamento un nivel muy alto de prejuicio y de desconfianza para con el trabajo de las ONG.

Iris Varela, diputada de la Asamblea Nacional
“Está planteada una discusión hipócrita”

—¿Cuál es el objetivo de la ley?
—Establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional en el Estado venezolano en cuanto a la promoción y ejecución de programas de cooperación entre este Gobierno y los de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones instituciones y fundaciones. Todo tipo de instituciones sin fines de lucro públicas o privadas que establezcan o realicen actividades de cooperación internacional. Hemos visto últimamente cómo, a través del dinamismo de la política internacional venezolana, muchos de nuestros alcaldes, gobernadores y el propio Gobierno han generado una serie de tratados de todo tipo con países y con instituciones de otras naciones. Eso hay que regularlo. Tenemos que crear un marco jurídico que permita al Estado tener control sobre lo que son las relaciones internacionales de Venezuela. Sabemos que a Venezuela le tienen puesta la lupa, dado que su proceso político no es de la complacencia del imperio.

—¿Hay quienes piensan que a ustedes les molesta la existencia de las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles independientes?
—En lo absoluto. Primero, no sabemos quién se atribuye la representación de las ONG en el país. Hay tantas, que precisamente quisiéramos saber cuántas existen. En lo particular, incluso he estado vinculada en el transcurso de mi trayectoria política con diversas organizaciones y asociaciones civiles en el Táchira.

—¿El objetivo no sería eliminarlas?
—Por supuesto que no, es una forma de organización social respetable y necesaria además. El MVR, por ejemplo, en su proceso interno de selección de los abanderados, siempre se abre a las ONG para que ellas promuevan a sus candidatos. En la Asamblea Nacional también se ha hecho. Eso está en la ley.

—¿Y las que no son afines con el chavismo, que son disidentes?
—Una cosa es que no sean afines y otra que conspiren. Debo refrescar la memoria al pueblo venezolano sobre la actitud de un grupo de estas organizaciones, entre comillas, que tuvieron una participación activa en el golpe de Estado del 11 de Abril. Si nos ponemos a revisar el documento que hicieron llegar a la Comisión de Política Exterior, con 14 puntos y suscrito por 72 de ellas, uno se pregunta, si cumplen con todo lo necesario, cuál es el problema en que se haga un registro. Ninguna de sus actividades se les va a prohibir.

—¿Cómo será el registro de las divisas? En la actualidad lo hacen en el BCV y Cadivi.
—Eso se deja a la reglamentación de la ley. Recordemos que es una ley marco de cooperación internacional y tiene que desarrollarse con un reglamento hecho por el Ejecutivo. Pero necesitamos que el registro sea efectivo. Hay como una discusión hipócrita planteada por estos sectores que suscriben este documento y que han armado el escándalo.

—¿Habrá poca información?
—No, lo que pasa es que le estamos dando a quienes tienen las intenciones de perjudicar al país. Metimos el dedo en la llaga, agarramos al toro por los cuernos una vez más. Le pido a estos sectores que me digan claro qué es lo que defienden. Creo que la mayoría está mal informada, pero hay otras que sí saben lo que están haciendo. Ellos saben que nosotros lo sabemos.

—¿Tienen previsto reunirse con estas ONG para escucharlas?
—Estamos totalmente abiertos a que vengan y nos hagan sus exposiciones. Además, es interesante, tengo muchísima curiosidad por saber cuál es el planteamiento. Hasta ahora no me han dicho nada que no podamos rebatir y demostrarles que están en un error.

Hacia el Socialismo real: el caso ONG

2006-11-20T07:37:00.000-08:00

Antonio Pasquali
TalCual, 23.06.06, pág. 19

Tras el fallido intento de una “Sociedad de las Naciones”), imaginada por Woodrow Wilson para “suministrar garantías recíprocas de independencia política y territorial a todos los pequeños Estados”, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando nace en grande la llamada “diplomacia multilateral” encarnada en el Sistema de las Naciones Unidas, una constelación de Organismos Inter-Gubernamentales, los OIG (más de 400 a la fecha) en parte independientes del Sistema pero registrados ante la ONU.

Una sana tendencia a balancear aquel supra-poder gubernamental lleva simultáneamente a fortalecer y multiplicar las Organizaciones No-Gubernamentales, las ONG, que no son obra de acuerdos de o entre gobiernos sino libres creaciones sin fronteras de la sociedad civil (entre sus más ilustres predecesores, la British and Foreing Anti-Slavery Society,1823, la Asoc. Internacional de Comunistas, 1847, o la Cruz Roja, 1864). Ellas son hoy decenas de miles, y el balance global de su actividad es hiper-positivo; prácticamente todas las alarmas rojas sobre los peligros nucleares, ecológicos, políticos, demográficos o sanitarios de la humanidad han sido prendidas por esos meritorios cónclaves de científicos, filántropos o simples ciudadanos. El socialismo real las persiguió y prohibió como “aberraciones” liberales. También la ultraderecha norteamericana (ver www.ngowatch.com ) las denuncia por razones iguales y contrarias. Mediante una “Ley de Cooperación Internacional” del más puro estilo Ceausescu, el soviet criollo instalado en el Capitolio se dispone también a demonizar y perseguir toda ONG insumisa al régimen chavista. En la órbita soviética se borraba toda diferencia entre diplomacia bilateral, multilateral y cooperación no-gubernamental; varios de sus ciudadanos que trabajaban en OIG u ONG fueron secuestrados, encarcelados o desaparecidos por “traición a la patria”. El principio rector adoptado por nuestro soviet para este nuevo terrorismo de Estado es una copia de aquello: estatiza la totalidad de la cooperación internacional desde o hacia Venezuela, convirtiendo en delito contra el Estado cualquier infracción e incorporando a las ONG, no-gubernamentales por definición, en una Ley que no les corresponde. En su Art. 1, la Ley siniestramente define toda cooperación internacional como “del Estado venezolano”, su Art. 2 reconfirma que “la ley se aplica a todas las actividades de cooperación internacional” y su Art. 3 repite que el sujeto de toda cooperación es siempre el Estado; el Art. 15 legitima otras cooperaciones externas sólo si se inscriben en las prestadas por el Estado, y los Art. de 17 a 24 ponen un bozal de tal magnitud a las ONG, que las más independientes se tendrán que ir conforme a deseos gubernamentales.

Esa Ley permitirá botar en 24 horas del país, por atentar contra las instituciones del Estado, un Greenpeace que viniera a denunciar nuestra mala conducta ecológica.

Una modesta sugerencia para el soviet del Capitolio: que incorpore al Art. 10 un párrafo que diga: “El organismo rector de la cooperación publicará cada año un Libro Blanco con el listado exhaustivo de las contribuciones otorgadas por el Estado venezolano a ONG internacionales con fines de proselitismo, propaganda y adoctrinamiento”. Justo para saber.

apasquali@cantv

Una ley contra las Ong´s

2006-11-20T07:35:00.000-08:00

Lucas Riestra
http://www.analitica.com, 22.06.06

Hay quienes piensan que habiendo muchas definiciones que abarcan una gama tan amplia de organizaciones, la categoría "ONG" resulta de difícil comprensión. Las definiciones pueden ir desde organizaciones populares hasta organizaciones de desarrollo intermediarias, sean autóctonas o con financiación externa, especializadas o generales, e incluso organizaciones internacionales. Lo único que si esta claro es que una ONG, como lo indican sus siglas es una organización que no le pertenece al gobierno, sin importar que tipo de gobierno sea. En consecuencia, son independientes de las directrices gubernamentales, y ninguno de los entes oficiales pueden ni deben influir en sus decisiones, tampoco en la elección de sus dirigentes, ni en la consecución de sus recursos. Si esto llegare a ocurrir, serían entonces organizaciones gubernamentales, perdiendo de este modo su esencia y su razón de ser.

Pues bien, en la Asamblea Nacional ya se aprobó en primera discusión, la denominada Ley de Cooperación Internacional, la cual por cierto contó con el apoyo irrestricto del doctor Carlos Escarrá, diputado electo por el Estado Aragua (sin ser natural de nuestro estado). En opinión de un sector del oficialismo “En los últimos tiempos las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) proliferaron como las verdolagas” y “bajo el ropaje de ONG, se han infiltrado desde aventureros hasta agentes de intereses extranjeros”. Por ello “es indispensable la legislación e intervención del Estado a los efectos de regular e inspeccionar la fundación y actividades de quienes hablen o lleven a cabo actividades públicas a nombre de las organizaciones no gubernamentales”. (Extractos del Editorial Diario VEA del día 16 de de junio de 2006). Con esto se pretende intervenir en el mas claro sentido de la palabra las organizaciones no gubernamentales y ponerlas de rodillas ante los intereses del gobierno, ejerciendo sobre ellas un control sin límites, con lo cual perderán como dijimos mas arriba, su espíritu propósito y razón de ser, perderán su esencia y perderán su naturaleza.

Tal como lo ha dicho el comunicado de un importante número de ONG's, bajo la coordinación de SINERGIA, “conforme a la Constitución, el derecho de asociación comporta la obligación del Estado de “facilitar el ejercicio de este derecho” (art.52). Por lo cual, cualquier regulación legislativa que intente el Estado sobre las ONG debe tener por objetivo promover, incentivar y ayudar el libre ejercicio del derecho a la asociación. En consecuencia, una regulación que dificulte, entrabe o impida el libre ejercicio de las ONG, sería inconstitucional”, a los que agregan que “no es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática, que el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad y potenciar la cooperación internacional”. Queda claro entonces que al actual gobierno y a sus acólitos de los poderes públicos, no les interesa que la sociedad se organice, a menos que lo haga siguiendo las directrices y para defender el mal llamado “proceso” y quienes se salgan del carril, o serán penalizados (caso SUMATE), o serán desconocidos por el que manda. lucasriestra@hotmail.com

Mr. Lowenkron y las ONG

2006-11-20T07:34:00.000-08:00

Guillermo Garcia Ponce
(Diario Vea, 21.06.06, editorial).

Barry F. Lowenkron es un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Su cargo tiene un título muy largo y abarca un amplio abanico de responsabilidades en Washington. Es Secretario de Estado Adjunto para Asuntos sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

Se supone que este alto jerarca de la administración pública norteamericana no debería tener nada que ver con las ONG, si éstas son, en verdad, independientes, sin vínculo alguno con gobiernos o partidos.

Sin embargo, unas declaraciones de Mr. Barry F. Lowenkron, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aclaran suficientemente el verdadero carácter de las ONG. El alto funcionario de Estados Unidos “recordó” al Senado “que la protección de las ONG es una parte integral de la diplomacia de EEUU”. Además Mr. Lowenkron “hizo un llamado para aprovechar las oportunidades para hacer que todo el mundo tome conciencia y se preocupe por el trato que actualmente reciben las ONG, para que se fomenten nuevas organizaciones con el fin de auspiciar el surgimiento y desarrollo de las mismas y para asegurar que tengan los recursos que necesitan para llevar a cabo el trabajo tan vital que realizan”.

De manera que (fíjate bien Santana) que las ONG son tuteladas por el gobierno de EEUU. Pero, ¿cuál es ese trabajo tan vital que llevan a cabo las ONG, según Lowenkron? El alto funcionario lo pone al descubierto: “El trabajo de las ONG puede variar considerablemente de país en país, pero LO QUE TIENEN EN COMÚN (mayúsculas nuestras) es que permiten que los ciudadanos se reúnan para convertirse en una voz independiente, distinta de los puntos de vista del gobierno y, a veces, en desacuerdo con ellos”.

Es decir las ONG son organizaciones políticas, partidos políticos. Como ejemplo, Mr. Lowenkron, cita el papel jugado por las ONG en las revueltas que condujeron a “las revoluciones de color” en Georgia, Ucrania y Kirguistán. ¿Está claro?

Súmate rechaza “embudo” de Ley de Cooperación Internacional

2006-11-20T07:32:00.000-08:00

Más de 60 ONG agrupadas en Sinergia y Foro por la Vida, presentarán sus observaciones a la AN

Dorys Villarroel
El Mundo, 20.06.06, pag. 3

Súmate, considerada por voceros de otras ONG como “chivo expiatorio” del gobierno para afectarles su vida independiente a través de la Ley de Cooperación Internacional, no está dispuesta a participar en ninguna consulta pública que haga el Parlamento sobre el tema, por considerar que sus creadores “tienen una clara exposición de motivos”. Por ahora, esta organización solo prepara un pronunciamiento público contra la ley, con el llamado a la reflexión de los ciudadanos sobre el tema.

El directivo de Súmate, Oscar Vallés, señaló que la condición de “embudo” del instrumento legal es muy evidente, ya que si bien intenta darle un marco legal al financiamiento que ha realizado el presidente Hugo Chávez con el dinero de los venezolanos a distintos países del mundo, el mismo es amplio y no establece ninguna acción efectiva sobre el mal uso del patrimonio nacional por parte del mandatario nacional, que sería lo procedente en esta materia. Entre tanto, dice Vallés, la otra parte del proyecto legal , es “angostico” en su verdadero propósito, que es regular y controlar totalmente a las ONG que hacen vida en el país y que no se prestan para la politización, ya que están claros en que su misión es trabajar por los derechos humanos de los ciudadanos.

“Esta ley no afecta a Súmate, que tiene su registro civil y su situación legal definida como todas las ONG democráticas, sino a cualquier ciudadano que tome la iniciativa de crear una organización, bien sea en pro de los derechos humanos, contra la violencia familiar o por los derechos políticos. Ellos estarán sujetos a la discrecionalidad del gobierno en cuanto a su funcionamiento y sus recursos financieros”, apuntó el vocero de Súmate.

Plataforma para el debate
Las organizaciones no gubernamentales del país están dispuestas a hacer valer su derecho a participar en la consulta pública sobre la Ley de Cooperación Internacional, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional la semana pasada. El debate es la acción inmediata ante una norma sobre la cual advierten los especialistas de estas instituciones, “no puede convertirse en una camisa de fuerza para limitar, restringir o condicionar el derecho de asociarse libremente para participar activamente en la vida nacional ”.

La vicepresidenta de Sinergia, Deborah Van Berkel, informó que más de 60 ONG agrupadas en dicha organización y el Foro por la Vida , que son plataforma para el análisis del tema, después de emitir un comunicado público en donde expresan preocupación por la aprobación de un instrumento legal que “lesiona el accionar independiente del movimiento no gubernamental...”, preparan un foro para ampliar su discusión con los diputados miembros de la comisión de Política Exterior de la AN, presidida por el diputado Saúl Ortega ( MVR).

“Los efectos de la aprobación de esta ley en la vida de las organizaciones civiles no se reduce al establecimiento de un registro, sino a la discrecionalidad que puede tener cualquier funcionario que elabore el reglamento en donde se dicten los requisitos para la inscripción.

Más aún cuando existe la sombra de preocupación por las listas discriminatorias que circulan en Venezuela”, dijo Van Berkel.

La directiva de Sinergia explicó que en el proyecto de ley se presentan varios elementos de dudas respeto a la función constitucional del Estado de favorecer el derecho de asociación y ofrezca mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a sus usuarios, en ocasiones víctimas de violación de derechos, y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar su situación. En ese sentido, la libre asociación, la actuación autónoma de las ONG y la discrecionalidad en la reglamentación que regirá la cooperación y el financiamiento a estas organizaciones, son puntos fundamentales para la discusión.

El diputado Saúl Ortega envió una comunicación a algunas ONG, mediante la cual las invita al debate sobre la citada ley, según informó Deborah Van Berkel. Esta apertura parlamentaria será aprovecha al máximo por los convocados para presentar sus observaciones.

Sin embargo, en los discursos de otros parlamentarios oficialistas “hay un espíritu de que los ciudadanos y las organizaciones civiles están bajo sospecha”, dice la vocera de las ONG, que inquieta a quienes hacen un trabajo transparente en cooperación y defensa de los derechos humanos de los venezolanos y que además “tenemos nuestra cuentas claras”, gracias a los controles ejercidos de conformidad con más de cinco textos normativos, que permiten a los órganos del Estado conocer muy bien sus fuentes de financiamiento.

Comunicación enviada a Saúl Ortega, Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional (Foro por la Vida, 20.06.06)

2006-11-20T07:30:00.000-08:00

20/06/06

Ciudadano:
Saúl Antonio Ortega Campos
Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

Nosotros (as), María Gabriela Cuevas, Humberto Rodríguez y Edgar Carrasco venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad N° 9.882.501, 14.991.944, y 3.888.337, respectivamente, en nuestro nombre y en representación de la coalición de organizaciones de Derechos Humanos integrantes del Foro por la Vida ; en ejercicio del derecho constitucional establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública , nos dirigimos respetuosamente a usted con la finalidad de realizar cinco peticiones que a continuación señalamos:

1. Copia del acta de transcripción del debate de la sesión de la Asamblea Nacional del día 13 de junio de 2006, en que se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

2. Que los miembros de las organizaciones del Foro por la Vida sean reconocidos como observadores en las distintas sesiones que se efectúen en el proceso de discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Estas organizaciones son: 1) Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita, 2) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, 3) Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela ( SECORVE) , 4) Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC), 5) Comité de los Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del Estado Guárico, 6) Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, 7) Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre, 8) Observatorio Venezolano de Prisiones, 9) Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, 10) Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), 11) Red de Apoyo por la Justicia y la Paz , 12) Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas

3. Que los miembros de las organizaciones de la Vocería del Foro por la Vida sean reconocidos como protagonistas en las distintas sesiones que se efectúen en el proceso de discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Estas organizaciones son: 1) Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), 2) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y 3) Servicio Jesuita a Refugiados

4. Nos sea informado: ¿Cuál es el cronograma de trabajo establecido en la Comisión Permanente de Política Exterior para discusión del anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional?

5. Nos sea informado: ¿Cuál es la agenda propuesta para permitir la participación de las organizaciones sociales y asociaciones civiles interesadas en la mencionada propuesta de Ley de Cooperación Internacional?

Las peticiones 2 y 3 las hacemos tomando en cuenta las “Normas sobre el Ejercicio del Derecho de Palabra de los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad en las Sesiones de la Asamblea Nacional , Reuniones de Comisiones y Subcomisiones” dictadas por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2000, que hacen referencia a las categorías de observadores y protagonistas.

Las peticiones 4 y 5 son reiteración de nuestra solicitud del respecto a las que aún no hemos recibido respuesta, y respecto a las que requerimos información precisa que posibilite nuestra participación.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la respuesta que nos enviaron el día en la que dieron contestación parcial a nuestra petición de información efectuada el día , al remitirnos por fax un ejemplar del Proyecto de ley de cooperación internacional, junto a una carta en que manifestaron apertura a nuestra participación en el debate sobre este Proyecto, invitándonos a: 1) presentar nuestras observaciones por escrito anta la Comisión ; 2) participar en la modalidad de parlamentarismo de calle; y 3) sugerir otras modalidades de participación para ampliar las consultas públicas. Tomando en cuenta esta última, el pasado 16 de junio le extendimos invitación a un foro el 23 de junio, para que tengamos un espacio de diálogo en que usted pueda presentar el Proyecto, sus motivaciones, y precisiones sobre las modalidades de participación.

Agradecemos nos sea notificado si es requerida alguna información adicional de nuestra parte para dar curso a estas peticiones.

Les agradecemos dirigir sus comunicaciones a las siguientes direcciones:

- Centro de Derechos Humanos UCAB, Edif. Postgrados, P.B., Final Ave. Páez, Urb. Montalbán, La Vega. Caracas. Telefax (0212) 407.44.34. mcuevas@ucab.edu.ve

- ACCSI, Av. Rómulo Gallegos, Edif. Maracay, Apto. 21, piso 11, El Marques. Apdo. Postal 4734, Caracas 1010-A. Telefax, accsi@accsi.org.ve

- SJR, Edif. Centro Valores, P.B. Local N° 2, Esquina de la Luneta , Parroquia Altagracia. Caracas. Fax (0212) 564.75.57, jrs@gumilla.org.ve

Esperamos su más pronta respuesta a cada uno de los puntos anteriormente indicados, nos despedimos atentamente:

María Gabriela Cuevas
Centro de Derechos Humanos UCAB

Humberto Rodríguez
Servicio Jesuita de Refugiados

Edgar Carrasco
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

c/c Secretaría de la Asamblea Nacional

Esta petición a la Comisión Permanente de Política Exterior solicitando copia del acta de transcripción del debate de la Sesión en que se aprobó el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional en primera discusión; el reconocimiento como observadores de los miembros de las organizaciones del Foro por la Vida ; el reconocimiento como protagonistas de las organizaciones de la Vocería del Foro por la Vida ; el cronograma de trabajo establecido en para discusión del Proyecto; y la agenda propuesta para la participación de las organizaciones sociales y asociaciones civiles interesadas en el Proyecto, la suscriben adicionalmente las siguientes organizaciones del Foro por la Vida :

Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela ( SECORVE)
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC)
Comité de los Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del Estado Guárico
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas

Fuente: PROVEA

Ley de Cooperación Internacional atenta contra las ONG

2006-11-20T07:29:00.000-08:00

El coordinador de Provea, Marino Alvarado, advierte que hay un trasfondo político. El diputado Saúl Ortega, asegura que sólo se busca organizar la cooperación internacional del Estado

Dorys Villarroel
El Mundo, 19.06.06, pag. 3

Organizaciones no gubernamentales quedarán registradas al recibir financiamiento

La discriminación política con la que el gobierno castiga a los disidentes que intentan obtener un empleo en la estructura del Estado, se aplicará ahora a las organizaciones de la sociedad civil , especialmente las de derechos humanos, que se nieguen a los controles que condicionen los resultados de sus actuaciones, según advierte el coordinador general de Provea, Marino Alvarado.

Los nuevos escenarios que prepara el Ejecutivo para atacar a las ONG , de acuerdo a lo expresado por Alvarado, se pintan en forma muy cuidadosa desde la Asamblea Nacional, con la aprobación en primera discusión, el martes 13 de este mes, del proyecto de Ley de Cooperación Internacional que tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional” del Estado venezolano hacia y desde afuera; pero también aplica en las Organizaciones No Gubernamentales, para las cuales se crea un Sistema Integrado de Registro, que según exponen diversas organizaciones de Derechos Humanos, en un comunicado del 8 de junio de 2006, “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no-gubernamental en el país”.

En el proyecto de Ley, dice el representante de Provea, si bien no se establece taxativamente que las organizaciones civiles no pueden recibir financiamiento o donaciones de organismos internacionales, se crea el registro que pareciera estar diseñado para desplazar en sus intereses a la tristemente famosa lista Tascón.

“El artículo 21 de la Constitución dice que nadie puede ser discriminado, pero resulta que en Venezuela hay una abierta discriminación política contra todo aquel que pretenda conseguir trabajo en la estructura del Estado y que se oponga al gobierno.

Las normas no son frías, se aplican y depende de quienes las aplique”.

Con la misma vara
Mucha de la normativa que esta saliendo de la Asamblea se está devolviendo contra la sociedad civil que apoya, incluso, a los actuales diputados, advierte Alvarado. Citacomo ejemplo, que el ex diputado y ex magistrado Luis Velásquez Alvaray promovió sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que representan injerencia del Poder Legislativo en la autonomía del Poder Judicial y que ahora se concretaron en su contra.

También recuerda que cuando se aprobó la reforma del Código Penal, se establecieron penas de hasta seis años de prisión para quienes bloqueen vías públicas, pero resulta que en la actualidad quienes principalmente están bloqueando carreteras en todo el territorio nacional, en justa demanda de justicia y respeto a sus derechos, son los sectores afectos al gobierno. Es decir, “se pretende normar para limitar a algunas organizaciones, sin mirar que también se pueden afectar muchas que políticamente están identificadas con el gobierno”.

Protagonismo social o del Estado
Otra arista del problema, de acuerdo a lo explicado por Marino Alvarado es que los recursos financieros que reciben las ONG de Derechos Humanos así como sus actuaciones siempre buscan beneficiar a los sectores más excluidos del país.

Por eso, a los representantes de estas organizaciones les preocupa que se empiecen a cortar sus fuentes de financiamiento y sea el Estado quien intente inyectarles recursos para condicionar sus actuaciones.

“Acudiremos a todas las instancias legales, incluso las internacionales de ser necesario, pero aspiramos que la mayoría de laANtome conciencia de que con este tipo de ley no se afecta a determinadas organizaciones sino a todas en general y eso es contradictorio con el protagonismo popular que ellos ofrecen. Hay un discurso y una práctica que no se corresponde con una promesa que se ha hecho desde el Ejecutivo y el Parlamento de promover la participación protagónica del pueblo. No se puede pretender proteger ese protagonismo cuando se ponen trabas a las organizaciones sociales”.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Saúl Ortega, asegura que quienes observan manipulación en el citado instrumento legal, es que no lo han leído. Explica que en el mismo se norman todos los agentes de cooperación y las ONGno pueden quedar fuera de su aplicación porque son parte de esa clasificación. “La ley vigente es del tiempo de la dictadura, del año 58, y está desfasada, ni siquiera se adaptó a la Constitución del 61 y ya eso justifica la redacción de esta ley, cuyo principal sujeto de cooperación es el Estado”.

Agrega Ortega, que la Ley sólo pretende organizar este proceso. Cita que el gobierno tiene varios fondos de cooperación y ha suscrito convenios bilaterales que implica la creación de esa figura. Por eso, la idea es agruparlos bajo una institución desconcentrada que puede ser una agencia de cooperación que coordine esas políticas. Reta a las ONG a que no se registren como tal, de acuerdo a las pautas de la nueva ley , no obstante, con su negativa estarán demostrando que “algo están escondiendo que no se quieren registrar”.

El artículo de la discordia
El artículo 17 del proyecto de Ley de Cooperación Internacional establece que “Se crea el Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No gubernamentales como parte integrante del órgano desconcentrado para la cooperación internacional.

Las ONG, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”.

Dicho Registro, a juicio de Alvarado, está demás porque si de algo están pendientes las ONG es de cumplir las normativas que les exige presentar sus actas constitutivas en los registros subalternos y asimismo declaran en el Seniat todos sus movimientos económicos.

“Se busca entrabar nuestra labor, que se sustenta en un mandato de la Constitución que dice que todas las personas y organizaciones tienen el deber de promover y defender los derechos humanos. Nuestra actuación es transparente, no tenemos miedo a que nos auditen, porque permanentemente somos auditados por quienes nos financian, el Seniat sabe todos nuestros movimientos económicos y en nuestras paginas Web está la información de quienes nos financian y algunos de los proyectos que nos financian”.

Una señal de esa transparencia, dice Alvarado es que organizaciones como Provea, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Cofavic y otras evitan tener mucho contacto con el gobierno y buscan mayormente financiamiento internacional para garantizarse mayor autonomía de actuación.

Confusa discrecionalidad

2006-11-20T07:27:00.000-08:00

Carlos Correa

Confusión, ambigüedad y mucha discrecionalidad son las palabras que resumen los riesgos del proyecto de Ley de Cooperación Internacional aprobado en sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Una madeja de conceptos entre los que se confunden elementos positivos y necesarios con aspiraciones de control que son incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano.

La primera de las confusiones es la asociación entre la cooperación que realiza el Estado venezolano en otros países y la que puede realizarse en la República Bolivariana de Venezuela. La exposición de motivos de la iniciativa legislativa dibuja la política de cooperación que impulsa el gobierno venezolano (aspecto que requiere ordenamiento jurídico) pero en sus artículos procura la regulación y control de la cooperación que se realiza en la sociedad venezolana por parte de diversas organizaciones no estatales nacionales e internacionales.

La segunda es la confusión entre la construcción de las prioridades que debe adelantar el Estado para la cooperación que realiza y recibe; y las que pueden efectuar las organizaciones de la sociedad de acuerdo con sus intereses, visión y aspiraciones. Esta confusión deriva en una ambigüedad en torno a la constitución del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional que puede leerse como una pretensión de controlar unilateralmente las prioridades de toda la cooperación internacional que también es diversa.

La generalidad de las obligaciones establecidas y el desdén manifiesto en su definición precisa tiene como una consecuencia su transmisión hacia las otras etapas del desarrollo normativo, dejando que una solución de facto se tome en otras instancias. Se abre la posibilidad para que el reglamento establezca las obligaciones no definidas en la ley y que la discrecionalidad de poder ejecutivo gravite sobre la regulación. Esta discrecionalidad es inaceptable, en cuanto abre caminos a la duda, incertidumbre y confusión.

Por iniciativas legislativas parecidas, impulsadas en otros países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que algunos Estados mantienen legislaciones, políticas o prácticas que restringen o limitan el ejercicio de las organizaciones de derechos humanos mediante controles administrativos, tributarios y fiscales abusivos.

Las organizaciones de la sociedad venezolana (organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias, movimientos sociales...) tienen un marco legal que las regula de manera suficiente para cumplir con las aspiraciones de una sociedad democrática. En el caso que existan otros ámbitos necesarios de regulación, debe hacerse en una ley clara, precisa que se adapte a las obligaciones constitucionales que incluyen el deber estatal de estimular, apoyar y promover la participación popular y no su control.

Por ello es indispensable la participación ciudadana en las distintas fases del proceso legislativo, incluyendo el diagnóstico previo a la presentación de los proyectos legislativos. Una participación real, no exclusiva para las voces afinadas que desconocen y criminalizan la pluralidad de los tonos de la sociedad venezolana. Es necesario dejar de lado el atropello parlamentario y abrir espacios que permitan el debate argumentado evitando así las confusiones y sus riesgos.

ccorrea@ucab.edu.ve

LEGISLATIVO / Ley de Cooperación Internacional establece auditorías

2006-11-20T07:26:00.000-08:00

Seis meses tendrán ONG para registrarse

Sara Carolina Diaz
El Universal, 18.06.06, 1-8

Un inventario de las organizaciones no gubernamentales que operan en el país y que están vinculadas con el otorgamiento de ayuda internacional estará a disposición del gobierno del presidente Chávez, junto con, entre otros detalles, reportes con montos y fuentes de financiamiento, radiografía de las actividades que realizan, administración, proveniencia y otras especificaciones que deberán presentar esas instancias a un órgano oficial aun no determinado.

El reporte obligado deberá hacerse cuando el Parlamento de el visto bueno a la Ley de Cooperación Internacional que la semana pasada fue aprobada en primera discusión por la Plenaria del Parlamento.

Un lapso de seis meses tendrán las ONG que realicen actividades de cooperación fronteras afuera para inscribirse en el registro, de acuerdo con la primera disposición transitoria del proyecto de ley redactado por la Comisión de Política Exterior.

El vicepresidente de esa comisión legislativa y corredactor de la Ley de Cooperación Internacional, Carlos Escarrá, defendió la creación de un registro nacional y señaló que la intención es hacer un sistema de información para saber cuáles son las ONG que trabajan en el marco de la cooperación internacional.

"Se trata de un proceso nacional de rendición de cuentas que no tiene nada que ver la revisión de la actividad interna de la organización ni con sus expedientes ni sus archivos", aseguró Escarrá.

No obstante, el artículo 23 del proyecto de ley plantea la posibilidad de que las ONG nacionales y extranjeras que operen en el país podrán ser auditadas de acuerdo con los criterios que se establezcan en el reglamento que en su momento diseñe el Ejecutivo. Las ONG también deberán, según el artículo 22, "suministrar a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, administración y destino de sus recursos especificando las fuentes de financiamiento".

A juicio de Escarrá resulta fuera de lugar "el escándalo que se ha armado" con la discusión de la norma. El diputado oficialista cree que una de las razones de la polémica es que "a mucha gente le da miedo presentar los libros".

Ese "mucha gente" se refiere a un grupo de ONG pertenecientes a la red Foro por la Vida y organizaciones de desarrollo social y promoción humana que firmaron un comunicado publicado recientemente en medios nacionales. El remitido rechaza la norma porque "lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no-gubernamental en el país".

"Ese comunicado lo firmaron 62 organizaciones cuyos miembros se reducen a 25 personas. Son ONG que supuestamente pregonan la democracia pero que no tienen democracia interna. No pueden hablar de democracia si no la practican", dijo Escarrá, quien aseguró que en la comisión recibieron una carta firmada por casi mil ONGs apoyando la Ley. "Se trata de 600 mil personas frente a 25 que resumen las 62 ONG que protestaron. Sólo queremos saber quiénes son y cómo son las ONG", dijo Escarrá.

La norma crea un órgano que financiará las ONG que no reciben financiamiento del exterior que, a través de un fondo (no reembolsable) destinará recursos a organizaciones sociales que estén vinculadas a la cooperación internacional siempre y cuando se ajuste a las proridades de la política exterior de Venezuela.

A considerar
NUEVA CONCEPCION. Una nueva manera de asumir la cooperación es uno de los mayores cambios realizados a la a la ley vigente. El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior , Carlos Escarrá, explicó que de los conceptos de ayuda donde hay alguien superior y alguien inferior se eliminan en el proyecto: "En la norma vigente hay una país que recibe una ayuda y que se debería someter a un conjunto de condiciones. Así se impuso el FMI y las privatizaciones sobre la base de, entre otras, esa ley.

FONDO. "El capítulo II de la norma contempla la creación del fondo para la cooperación y asistencia internacional que se encargará de financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de coo peración técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional", señala el preámbulo del proyecto.

REGLAMENTO. La segunda disposición transitoria señala que el Presidente en Consejo de Ministros reglamentará la Ley noventa días después de su publicación en Gaceta.

Hacia afuera
El artículo 6 de la Ley de Cooperación Internacional señala que las áreas de cooperación abarcarán las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como la ayuda humanitaria, la capacitación para el desarrollo humano integral , el intercambio humanístico, la asistencia científica y técnica, la acción social , el equipamiento de servicios y el suministro de materiales, apoyo al aparato productivo y mejoras a la calidad de vida.
Las prioridades, establece el artículo 7, serán formuladas en torno a los ejes energético, educativo, cultural, científico y tecnológico, social, económico, financiero, comercial, ambiental, penal y deportivo. "Las acciones de apoyo en situaciones de emergencia serán expeditas".
El artículo 8 señala que las políticas de cooperación internacional, como expresión de la política exterior del Estado, buscarán la coordinación e integración de esfuerzos entre organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, y de todas aquellas asociaciones sin fines de lucro públicas o privadas y la sociedad civil dentro del objetivo común de incentivar el desarrollo humano.
El diputado Carlos Escarrá, asegura que las 62 ONG que cuestionan la ley se reducen sólo a 25 personas, mientras el abogado Héctor Faúndez señala que se pretende obstaculizar la actividad de la sociedad civil

"La norma obstaculizará actividades de la sociedad civil"
Para el abogado experto en Derecho Internacional, Héctor Faúndez, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional "es absolutamente incompatible con la Constitución y los convenios internacionales en materia de libertad de expresión".
Faúndez explicó que no se opone a que haya una legislación razonable sobre las organizaciones no gubernamentales sino que rechaza que se pretenda obstaculizar las actividades de la sociedad civil o que se pretenda impedir, a través de norma que redacta el Legislativo, el derecho de la participación política.
El especialista cuestionó aquellas disposiciones que obligan a la creación de un registro separado e independiente "no para fines fiscales sino de control político".
"Se debilitará la sociedad civil y erosionarán las bases de la democracia", dijo Faúndez para quien la Ley de Cooperación Internacional condiciona la colaboración que se recibe desde y para el exterior a un plan nacional diseñado por el gobierno de Chávez.
La norma, señala, incluso servirá para blindar al Ejecutivo al momento que tenga que dar explicaciones sobre "colas de viajes" o ayudas a alcaldías sandinistas: "Es importante porque también se regula la cooperación internacional que realiza Venezuela al exterior y allí podrían estar los préstamos de aviones a Evo Morales y ayudas a alcaldías en Nicaragua, así como las acciones para trasladar pacientes enfermos y eso, que puede resultar bonito a primera vista, es una violación de la Ley de Salvaguarda y Presupuesto". A Faúndez le resulta irónico que Venezuela fiscalice la ayuda que se recibe pero nadie controla la que da._SCD

Departamento de Estado recomienda establecer directrices para evaluar conducta de gobiernos

2006-11-20T07:24:00.000-08:00

Llaman a defender a ONG contra restricciones
El Universal, 17.06.06, 4/1

Estados Unidos continuará apoyando el derecho que tienen los ciudadanos de crear, adherirse y de participar en las ONG de su preferencia, dijo Barry F. Lowenkron, secretario de Estado Adjunto para Asuntos sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"Los problemas que confrontan los Estados son demasiado complejos incluso para que los Estados más poderosos puedan enfrentarlos solos", dijo en una audiencia ante el Senado, sobre restricciones que algunos gobiernos quieren ejercer sobre las ONG, informó una nota del Departamento de Estado. "Restringir el espacio político de las ONG sólo limita el crecimiento político y económico de la propia sociedad", expresó.

Lowenkron esbozó los pasos que EEUU debe seguir con el fin de "defender a los defensores" de los derechos humanos y de la promoción de la democracia. Entre las acciones, señaló, están pronunciarse contra los que de manera indebida restringen a las ONG, recordar que la protección de las ONG es una parte integral de la diplomacia de EEUU, y expandir el papel de las organizaciones regionales a la protección de las ONG.

Recomendó la creación de una lista breve de directrices que EEUU usaría para evaluar la conducta de otros gobiernos hacia las ONG y sus relaciones bilaterales.

También hizo un llamado para aprovechar al máximo las oportunidades para hacer que todo el mundo tome conciencia y se preocupe por el trato que actualmente reciben las ONG, para que se fomenten nuevas organizaciones con el fin de auspiciar el surgimiento y desarrollo de las mismas y para asegurar que tengan los recursos que necesiten para llevar adelante el trabajo tan vital que realizan.

Lowenkron hizo una breve reseña sobre las recientes medidas represivas contra las ONG hasta la reacción de algunos mandatarios contra "las revoluciones de color" entre 2003 y 2005 en Georgia, Ucrania y Kirguistán. Algunos mandatarios, dijo, "no han entendido que estas revoluciones fueron ejemplos de ciudadanos que reclamaban su derecho a celebrar elecciones libres y que reclamaban la rendición de cuentas cuando los resultados de las elecciones no reflejaban la clara voluntad del pueblo porque estas fueron objeto de manipulación".

"No es sorprendente" que algunos líderes "no vean con buenos ojos la actuación de las ONG y las de otros agentes que promueven cambios pacíficos y democráticos", dijo. "El trabajo de las ONG puede variar considerablemente de país en país, pero lo que tienen en común es que permiten que los ciudadanos se reúnan para convertirse en una voz independiente, distinta de los puntos de vista del gobierno, y a veces en desacuerdo con ellos".

"Quizá el principio más importante de todos es que donde sea que las ONG se encuentren asediadas, es imperativo que las democracias actúen en defensa de sus derechos".

Harán foros sobre ley de cooperación internacional

2006-11-20T07:22:00.000-08:00

El Nacional, 16.06.06, A/4

La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional analizará el miércoles el cronograma para la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional.

Entre las actividades que se llevarán a cabo para consultar el documento con los sectores interesados en la materia se encuentra la realización de foros. Éstos comenzarán en el interior del país y culminarán en el Distrito Capital. También está previsto efectuar reuniones de trabajo con organizaciones no gubernamentales y diplomáticos para intercambiar opiniones sobre el texto. Se conoció que algunas de las ONG que suscribieron el comunicado en el que expresan sus inquietudes sobre el proyecto de ley, solicitaron a los diputados una copia para estudiarlo con detenimiento y hacer propuestas. Los integrantes de la comisión afirmaron que están dispuestos a escuchar todas las personas u organismos que tengan planteamientos constructivos.

Mueran los partidos, vivan las ONG

2006-11-20T07:21:00.000-08:00

Mary Pili Hernández
mphelnacional@yahoo.com
El Nacional, 15.06.06, pág. A-4

El financiamiento de los partidos políticos es una cosa muy delicada en el marco de una democracia. Dado que la actividad que éstos ejercen tiene incidencias directas en el ámbito del gobierno de un país y del futuro de sus ciudadanos, el control de las fuentes de financiamiento de estas organizaciones reviste una importancia trascendental.

Si el sistema electoral no controlara las fuentes de financiamiento de los partidos políticos son muchas las situaciones peligrosas, tanto en el ámbito institucional como, incluso, en lo que concierne a la seguridad nacional, que podrían sucederse.

Por ejemplo, algunas organizaciones podrían recibir financiamiento del narcotráfico, con todo lo que ello implica. Otros podrían también ser financiados por terroristas, grupos guerrilleros o paramilitares.

Otros podrían costear sus respectivas campañas con el apoyo económico de grupos de delincuencia organizada. Del mismo modo, las grandes trasnacionales, interesadas en recibir prebendas en contrataciones y concesiones, podrían invertir en la campaña de algún candidato que les asegurara su futuro; o los gobiernos de las grandes potencias que tuvieran intereses especiales en el país, podrían brindar su apoyo económico a una determinada tendencia partidista, lo cual obviamente violentaría la soberanía nacional.

Leyes que regulan el financiamiento de los partidos
Previendo cualquiera de estas situaciones e incluso otras más que nuestra imaginación podría crear para ejemplificar, y que pondrían en peligro el libre ejercicio de la actividad democrática, es que, desde el año 1965, nuestro país cuenta con la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Desde entonces, los legisladores de nuestra, todavía, incipiente democracia se dieron cuenta de los peligros que podría enfrentar el sistema si no se controlaba el financiamiento de las organizaciones partidistas.

Para ello, se establecen en dicha ley, disposiciones tan interesantes como la del artículo 25, numeral 4, que prohíbe a los partidos “aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no carácter autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del Estado; de Estados extranjeros y de organizaciones políticas extranjeras”.

Por si fuera poco, en el numeral 5, se determina que los partidos políticos deberán “llevar una documentación contable en la que consten los ingresos y las inversiones de los recursos del partido. A los efectos de esta disposición, las directivas nacionales de las organizaciones políticas deberán presentar ante el Consejo Supremo Electoral y las Directivas Regionales por ante la Gobernación del estado, un libro diario, un libro mayor y un libro de inventario, los cuales deben ser encuadernados y foliados. La autoridad electoral o el secretario de Gobierno regional, según el caso, dejará constancia de los folios que éste tuviere, en el primer folio de cada libro, fechada y firmada; y en los siguientes folios hará estampar el sello de su oficina, y devolverá los libros a los interesados en un término no mayor de diez días. Estos libros de contabilidad y sus respectivos comprobantes deberán ser conservados durante cinco años por lo menos, contados a partir del último asiento de cada uno de ellos”.

Es decir, no sólo la ley dice, de manera taxativa, cuáles son las fuentes de financiamiento que se prohíben, sino que además indica el modo en el cuál los partidos políticos deben llevar su contabilidad, para que la máxima autoridad electoral pueda realizar las revisiones que considere convenientes.

Pero lo interesante es que la ley todavía pide más. Previendo que un financiamiento ilegal no sólo puede producirse a través de un partido político, sino que también pueden recibir dinero prohibido las autoridades de la organización, el legislador establece en el numeral 6 que los partidos deberán “participar por escrito al Consejo Supremo Electoral, en cada oportunidad, los nombres de las personas que integran los supremos organismos directivos del partido y los cargos que dentro de ellos desempeñen”, es decir que, eventualmente, los dirigentes de una determinada organización también pudieran ser auditados.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y el Reglamento para el Control del Financiamiento de las Organizaciones con Fines Políticos y del Financiamiento de las Campañas Electorales, especifican todavía más el modo en que la autoridad electoral podrá ejercer los controles que considere pertinentes en función de evitar el financiamiento ilegal de los partidos políticos.

Lobos disfrazados de corderitos
Hasta aquí todo iría muy bien si no fuera porque, de un tiempo a esta parte, han surgido ciertos grupos que se hacen llamar a sí mismos organizaciones no gubernamentales, pero que en el fondo no son más que partidos políticos disfrazados de organizaciones civiles.

Una verdadera ONG se supone que es una organización no financiera, y no partidista, que dedica su esfuerzo en función de trabajar por el interés común en un área específica.

Obviamente estas organizaciones tienen el derecho de recibir financiamiento de distintas fuentes que están explícitamente prohibidas para los partidos políticos: organismos gubernamentales, empresas trasnacionales o gobiernos extranjeros. Estas organizaciones tampoco están obligadas a presentar sus libros contables ante el CNE, puesto que sus actividades no están incluidas en las leyes anteriormente mencionadas.

El problema es que algunos partidos políticos, que no quieren cumplir con las leyes que existen en Venezuela y en todos los países democráticos y que regulan el financiamiento de las campañas electorales, se inscriben públicamente como ONG para evitar tener que rendir cuentas de sus ingresos y para no declarar que reciben financiamiento ilegal para cualquier partido político.

Actúan como partidos, llevan adelante todas las actividades de los partidos, pero dicen que son una ONG para violar descaradamente las leyes.

El caso más escandaloso es el de Súmate, partido que ha llegado al colmo de dirigir a tal punto los destinos de la oposición que se creen con el destino manifiesto de organizar las primarias para escoger al presunto candidato único.

Pero ahora vemos como Primero Justicia también recibió financiamiento de Pdvsa, supuestamente porque existía una ONG con ese nombre que, por pura casualidad tenía los mismos dirigentes que el ahora partido político.

Propuesta en serio
Por todo lo anteriormente expuesto, y en vista de que esto se ha convertido en un relajo, propongo formalmente que el MVR, el PPT, Podemos, el Partido Comunista, el MEP y todas las demás organizaciones pertenecientes al bloque bolivariano, renuncien a su condición de partidos políticos y se conviertan, a partir de ahora, en una ONG. Esto, a menos que el Poder Electoral, la Fiscalía y el Poder Judicial tomen cartas en el asunto y castiguen a los responsables de violar estas leyes, enviando una señal clara para todos aquellos que pretendan seguir este mismo camino de disfrazarse de ONG pero actuar como partidos políticos.

Porque la ley, o es para todos o no es para nadie.

La AN no es libre para aplicar restricciones

2006-11-20T07:19:00.000-08:00

Firmes contra la mordaza legislativa, las ONG, menos Súmate, se pronunciaron contra la Ley de Cooperación Internacional, aprobada en primera discusión por la plenaria de la AN, pues consideran que “lesiona la vida, esencia y accionar independiente de los movimientos no gubernamentales en Venezuela”

Especial Tal Cual, 15.06.06, pags 2-3

- Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social requerimos , no más controles que hagan más difícil la labor que realizamos, sino por el contrario, mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

- De conformidad con el artículo 132 de la Constitución... no sólo exigimos nuestro derecho a la libre asociación, sino además queremos ejercer libremente nuestro deber de contribuir con el desarrollo del país y, en particular, con el bienestar de los más excluidos.

- Nos preocupa que haya sectores interesados en crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas sobre la actuación de las organizaciones diversas de la sociedad civil y como parte de ellas, las ONG de derechos humanos y de desarrollo social.

- Las ONG en Venezuela están sujetas en general al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente; y en particular, están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación. Dentro de ese marco, están sujetas a la inspección y vigilancia de las autoridades administrativas, tales como el SENIAT y CADIVI.

- Las regulación que pretenda imponer el Estado sobre la actuación de las ONG, debe cumplir con los límites establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales aplicables.

- Y ser previamente sometida a la consulta de la sociedad, cumpliendo con las exigencias democráticas y el derecho a la participación directa en los asuntos públicos.

- Las ONG actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, en los términos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre DDHH, suscritos por Venezuela en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- El art. 52 de la Constitución, consagra dicho derecho y comporta la obligación del Estado de facilitar su ejercicio.

- Por lo cual, cualquier regulación legislativa que intente el Estado sobre las ONG debe tener por objetivo promover, incentivar y ayudar el libre ejercicio del derecho a la asociación. De lo contrario, sería inconstitucional.

- Resultaría contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales aplicables, que una ley le delegue la regulación del derecho de asociación o aspectos de éste a un reglamento, ya que esa deslegalización no está permitida.

- Las limitaciones o restricciones permitidas que se impongan a este derecho, deben ser hechas directamente por la ley...

- La AN no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Según el art. 16.2 de la Convención Americana y el art. 22.2 del PIDCP, las únicas restricciones legales que resultan aceptables, son aquellas "que sean necesarias en una sociedad democrática "...

- Según el art. 31 de la Constitución, la ONU y OEA, la promoción y protección de los DDHH, configuran el ejercicio no sólo de un fin legítimo, sino además de un derecho constitucional y humano de toda persona, individual o colectivamente en los planos nacional e internacional...

- El art. 17 de la Declaración de la ONU sobre defensores de derechos humanos, dice que ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan en las obligaciones y compromisos internacionales aplicables, y que determine la ley, con el solo objeto de garantizar respeto de los derechos y libertades ajenos y "responder a las justas exigencias" de " una sociedad democrática ".

Las mismas declaraciones han "condenado" expresamente "los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos en las Américas"

- No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática que el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad y potenciar la cooperación internacional...

Ley contra Súmate
Las equivocaciones se ponen a la orden del día en la Asamblea Nacional cuando se toca el tema de la Ley de Cooperación Internacional. Por un lado, la diputada del MVR , Iris Varela , exaltada por demás, señalaba que la ley tiene por objeto controlar a las ONG , y el diputado José Albornoz que los esfuerzos se afincan en el control a Súmate. Carlos Escarra, diputado del MVR y redactor de la ley, salió al paso de estas afirmaciones: “Con todo respeto, creo que ellos dos están equivocados.

Los dos elementos son absolutamente falsos. La ley tiene tres grandes bloques y lamentablemente el factor mediático ha llevado la atención al aspecto más irrelevante para nosotros.

Yo perseguí con la ley salir de una legislación anterior, de la dictadura y pasar a una democrática. Pasar de un concepto restringido de cooperación a uno más amplio, porque ahora se trata de una cooperación en lo cultural, social, ambiental. La ley ata al Estado inclusive, ya que no puede ir a ninguna cooperación internacional que no tenga como principio el humanismo, pero ha sido visualizada en el aspecto menos importante para nosotros, el del registro. La democracia es lo más importante”.

Aun cuando, Súmate no se han pronunciado al respecto, de forma extraoficial se pudo conocer que esta Asociación Civil está de acuerdo con la respuesta dada por un grupo de ONG, pero no se han manifestado de forma oficial pues aun estudian las implicaciones legales del caso.

Financiamiento
Según el abogado Carlos Correa miembro del Centro de DDHH de la UCAB , Venezuela es uno de los países de América Latina que menos cooperación internacional recibe, pues el ingreso per capita es medio-alto, además históricamente su record de ingresos petroleros es elevado.

Los principales entes de financiamiento provienen de los países europeos: Alemania, Finlandia, Noruega, España, Bélgica, Austria, Suecia, Holanda y Gran Bretaña, además de Canadá. De donde proviene organismos como la Unión Europea, Ínter América Fundación de EEUU, el Banco Interamericano, la Fundación Konrad Adenauer, la organización de la iglesia católica alemana Misereor, la organización jesuita de España Albon, algunos gobiernos, entre otros.

Según la Conferencia Subregional Andina “Objetivos del desarrollo del milenio desde la perspectiva latinoamericana”, octubre 2005, dictada por Mariano Valderrama, quien explicó las políticas y practicas de la cooperación entre Europa y América latina. Según el experto en los últimos años Italia y los países bajos han recortado sus aportes a América Latina.

Por su parte la Unión Europea destina el 9% de sus fondos de cooperación en América Latina, el 10,1% a los países europeos, el 11 ,9% a Asia Central y el 37% a África 37. Estos recursos son repartidos entre los gobiernos y las ONG.

Asamblea Nacional aprobó en primera discusión ley de cooperación internacional

2006-11-20T07:17:00.000-08:00

CECILIA CAIONE
El Nacional, 14.06.06, A/4

La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de cooperación internacional, y autorizó la fusión de ese instrumento legal con el correspondiente al seguimiento de los convenios que se hacen con otros países.

La mayoría de los parlamentarios que intervino en la discusión coincidió en que uno de los objetivos es lograr transparencia en el manejo, por parte de las organizaciones no gubernamentales, de los recursos que le son entregados por organismos extranjeros, puesto que hasta el momento no rinden cuentas al Gobierno.

Los diputados cuestionaron el comunicado en el que 72 organizaciones fijaban posición sobre el proyecto de ley.

El debate lo comenzó el presidente de la Comisión de Política Exterior , Saúl Ortega, quien dijo que representantes de algunas ONG han manipulado el contenido del proyecto legal al asegurar que el Ejecutivo “les va a quitar el dinero que reciben de organismos internacionales”.

Manifestó que algunas de esas organizaciones, “infectadas de un virus que se llama oposicionismo o bushismo”, jugaron “posición adelantada” al criticar el texto legal sin haber sido ni siquiera discutido por los legisladores.

Lamentó que muchas de esas organizaciones no luchen por causas como las muertes en la cárcel de Guantánamo, en Cuba. “Es que muchos de ellos reciben dinero de la National Endowment for Democracy y otras organizaciones de la CIA para realizar actividades conspirativas”, agregó.

El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior , Carlos Escarrá, señaló que no pueden aceptar que esas ONG “lacayas y serviles”, que “avalaron un golpe de Estado”, cambien el sentido de una ley.

Durante su intervención, la diputada Iris Varela reiteró la supervisión que harán a esas asociaciones: “Claro que sí vamos a controlar a las organizaciones no gubernamentales, porque eso lo reclama el pueblo venezolano”.

Luego de aprobar ese proyecto y los de la leyes para la promoción del turismo popular y de crédito para el sector turismo, terminó la sesión. Los tres últimos puntos de la agenda fueron diferidos. Casualmente comenzaba el segundo tiempo del juego de fútbol entre Brasil y Croacia.

Las normas diferidas fueron pasadas para la sesión de mañana, plenaria en la que también se espera la discusión del informe de la Mesa Nacional contra el Crimen y la Violencia , según informó su presidente, Ismael García, luego de reunirse con representantes de cuerpos policiales del país.

SESIÓN / SALE EN PRIMERA DISCUSIÓN LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2006-11-20T07:16:00.000-08:00

Parlamento decidido a ejercer un control total sobre las ONG

Comisión de Política Exterior dispuesta a recibir a las asociaciones

YNGRID YOHANNA ROJAS
Ultimas Noticias, 14.06.06, pag. 16

Caracas. La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primera discusión la Ley de Cooperación Internacional, de acuerdo a la cual, según aseguró la diputada Iris Varela “sí se va a establecer un control sobre las organizaciones no gubernamentales”.

Argumentó que estas asociaciones se dedican a fines políticos, pues “si hicieran una labor a favor de los derechos humanos, quién negaría su apoyo a estas actividades, nadie, pero esto no es así”.

Insistió en que “lo mejor que le pasó a esta Ley es el escándalo que armaron los golpistas de siempre”, dijo la diputada por el estado Táchira, y añadió que espera que las Ong acudan a la Comisión de Política Exterior para debatir el proyecto.

Señaló también que la Ley de Cooperación Internacional será fusionada con la Ley de Seguimiento y Control de Tratados Internacionales.

Por su parte, el presidente de Política Exterior, Saúl Ortega, dijo que las Ong “juegan posición adelantada”. “La Ley colabora con el respeto a la soberanía y rescata el verdadero sentido de la cooperación”.

"Claro que controlaremos a las ONG"

2006-11-20T07:14:00.000-08:00

AN aprobó en primera discusión proyecto de Ley de Cooperación Internacional
"Claro que controlaremos a las ONG"

Parlamento advierte que no dialogará con grupos serviles y conspiradores

PEDRO PABLO PEÑALOZA

EL UNIVERSAL

No todo el que trabaja en política exterior tiene un verbo diplomático. A quienes abrigaban dudas acerca de la finalidad del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, la diputada Iris Varela (MVR) explicó en tono contundente: "Claro que nosotros sí vamos a controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Claro que lo haremos porque eso lo reclama el pueblo venezolano, y lo haremos como respuesta al pueblo que todavía espera que se haga justicia social por muchas cosas que quedaron en estos años".

Varela, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, enfatizó que "aquí hay que controlar la actividad de un grupo de organizaciones que, con una fachada de ONG y de defensa de los derechos humanos, reciben financiamiento de Estados Unidos para propósitos políticos y conspirar contra el Gobierno bolivariano".

En su sesión de ayer, el Poder Legislativo aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que se fusionará con la Ley de Seguimiento de Convenciones y Acuerdos Internacionales. El instrumento contempla la creación del Sistema Integrado de Registro de ONG y en su artículo 18 expone que "la inscripción de las ONG en el Registro es obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocida por el Estado venezolano".

Una consulta amplia
El diputado Saúl Ortega (MVR), presidente de la Comisión de Política Exterior, subrayó que "este proyecto de ley rompe con los conceptos imperialistas y neocolonialistas de la cooperación"; al tiempo que, por obra y gracia de este texto, "Venezuela deja de ser un país pobre, maltratado, y desarrolla principios de respeto a la soberanía, complementariedad y cooperación".

Ortega anunció que están dispuestos a conversar con todos los representantes de las ONG para discutir el contenido del proyecto de ley, antes de su aprobación definitiva; sin embargo, el legislador Carlos Escarrá (MVR) ofreció una idea sobre la amplitud de esa consulta: "No podemos aceptar que organizaciones lacayas, serviles, que atienden intereses distintos a los del Estado perviertan el significado de la ley. Esas ONG son las mismas que atentaron el 11 de abril, las que avalaron el golpe de Estado". "Claro que consultaremos la ley, pero en la calle hay más de 10 millones de venezolanos que defienden este proceso", machacó Escarrá.

Al inicio de la sesión, el presidente de la AN, Nicolás Maduro (MVR), destacó la importancia de este debate; empero, esto no evitó que algunos de sus colegas se ubicaran al fondo de la Cámara, televisores portátiles en mano, para disfrutar las incidencias del partido de fútbol entre Brasil y Croacia.

ppenaloza@eluniversal.com

Aprobados proyectos de leyes de Crédito, Promoción Turística y Cooperación Internacional

2006-11-20T07:12:00.000-08:00

Por: Sandra Ayala y Enrique Hernández / Prensa AN

http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9333

La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó , en primera discusión, los proyectos de: Ley de Crédito para el Sector Turismo, el de Ley de Promoción del Turismo Popular, así como el de Ley de Cooperación Internacional, remitiéndolos a las comisiones de Desarrollo Económico, en el caso de los relacionados al turismo, y Política Exterior el referido a la cooperación internacional para la consulta e informe de segunda discusión.

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el diputado Ricardo Gutiérrez (Podemos/Portuguesa), evaluó las propuestas para el área del turismo presentadas por el ministro de la cartera, Wilmar Castro Soteldo, y ambas normativas buscan promover y regular el otorgamiento de recursos financieros a los prestadores de servicios turísticos.

Se contempla que el objetivo fundamental de la Ley de Promoción del Turismo Popular es la creación de programas y proyectos, a fin de beneficiar y promover la actividad turística en sectores económicamente en desventaja y en situación de exclusión económica y social.

El mecanismo de entrega de recursos sería a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias, públicas y privadas, además se estipula que el desarrollo de la actividad turística sea accesible para todos, prioritariamente para las comunidades de menos recursos y de categorías económicas débiles.

Por su parte, la Ley de Crédito para el Sector Turismo obliga a las entidades bancarias privadas a mantener una cartera turística entre 2,5% y 7% de su cartera de crédito, mientras que para la pública se ubica entre 5% y 7%.

De acuerdo con el estudio de impacto económico, el aporte de la banca al sector turístico podría ubicarse en 1.7 millardos de bolívares, con un tope de 4.8 millardos de bolívares, estimación soportada en las cifras presentadas por Sudeban para el 28 de febrero de 2006 en cuanto a la cartera de captaciones de la banca universal y comercial que alcanza 69.8 millardos de bolívares.

Se estima que el BCV y el Ministerio de Turismo fijarán una tasa de interés preferencial, que deberá otorgarse a los créditos destinados al sector turismo, con plazos de hasta de cinco años para su cancelación.

Se crea el Fondo de Garantías para Afianzar los Créditos del Sector Turismo, conformado por los recursos provenientes de los excedentes de la cartera de créditos no cumplidos por la banca, excedentes que se depositarán los primeros cinco días de los meses de enero y julio de cada año.

Otro fondo que se crea con la ley, es el Fondo para la Promoción del Turismo Popular (Fonprotur), con el objetivo de desarrollar planes y programas de atención turística y recreativa para todos los residentes , especialmente los de escasos o nulos recursos económicos.

En materia de sanciones, la ley castiga con multas entre 50 y 100 por ciento del monto del crédito recibido a quienes desvíen los recursos otorgados para el área turística y para los bancos, se señala que quienes incumplan la certificación de los requisitos de entrega de créditos serán sancionados con multas entre 0,1 y 1% del capital pagado.

Cooperación internacional
De igual manera, la plenaria aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, presentado por el presidente de la Comisión de Política Exterior , Saúl Ortega ( MVR/Carabobo), normativa que tiene como finalidad establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional.

Esta normativa se aplicará a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros, desde el exterior hacia nuestro país y desde Venezuela hacia el exterior.

En el sentido más amplio, se entiende por cooperación el conjunto de acciones, actividades y procedimientos destinados a la transferencia de recursos y capacidades para apoyar el desarrollo social , humano y económico, realizado por las naciones, organismos internacionales, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, por el cual el Estado venezolano recibe, transfiere e intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas e internas, con el fin de complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo.

Asimismo, en el ámbito de la cooperación internacional, la política del Estado venezolano se orienta hacia la búsqueda del equilibrio internacional y la construcción de un mundo multipolar en contraposición al modelo neoliberal y unipolar que busca la internacionalización y potenciación de la acumulación de capital para imponer su hegemonía de pensamiento único por la vía del diseño ideológico de la globalización, ajeno a las culturas, idiosincrasias e historias de los pueblos del mundo.

El fin esencial de la cooperación internacional apunta hacia la erradicación de la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la búsqueda de la sensibilidad, así como el aumento permanente de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural para contribuir a elevar la calidad de vida de los pueblos.

Rompe con la dependencia
Saúl Ortega precisó que se reforma una ley que data de 1958, desfasada desde el punto de vista jurídico, en materia de cooperación internacional en todas las áreas, “que rompe con los criterios tradicionales imperialistas de lo que es la cooperación basada en la dependencia y neocolonialismo, se busca romper esta conexión, desarrollando los principios sobre la base del respeto de la soberanía, con solidaridad a fin de romper el coloniaje que estos países han mantenido sobre los más pobres”.

Sostiene que hay organizaciones que repudian estas regulaciones, pues, a su juicio, hay algunas que no quieren informar el origen de sus recursos, de dónde proviene y a dónde va su financiamiento. “Estas son instituciones oposicionistas, que no ven más allá de sus intereses, que, incluso, afirman que el Gobierno sólo busca el control de instituciones independientes, siendo organizaciones no gubernamentales que reciben dinero de gobiernos de otros países. Nosotros los invitamos a la discusión de una manera sana, pero han desatado una guerra contra la ley, lo que nos dice que vamos por el camino correcto”.

El diputado Carlos Escarrá (MVR/Aragua) enfatizó que en el momento histórico cuando se debatió la vigente ley, era de dictaduras, después de la segunda guerra mundial, con una Latinoamérica dependiente tecnológicamente de EUA. “En ese momento la cooperación se entendió, pero para 1990 se basó en un recetario del FMI, lo que trajo las privatizaciones, el desempleo, el hambre y el carácter de más pobres en Latinoamérica, con un mundo unipolar, en ese marco nace la Constitución de 1961” .

Recalcó que la nueva constitución de 1999 cambió esta visión, donde se reafirma un mundo multipolar, sin dependencia, de desarrollo social, económico y tecnológico, “y en este proyecto de ley se están imponiendo las reglas que nos marque este horizonte”.

En cuanto al comunicado de las ONG, precisó que este documento señala que se les restaba su dependencia por registrarse, por informar la proveniencia de sus recursos. “Estas son las mismas organizaciones que avalaron el golpe de Estado, que no denunciaron los asesinados del 11 ; 12 y 13 de abril, que no han denunciado las muertes de los campesinos por el sicariato, definitivamente, son organizaciones lacayas, que no atienden el deseo de todos los venezolanos , claro que vamos a llevarla a la consulta pública, porque hay más de 10 millones de venezolanos dispuestos a defender esta ley”.

La diputada Iris Varela (MVR/Táchira) indicó que lo mejor que le ha pasado a la ley es el escándalo de las organizaciones golpistas de siempre, son 72 organizaciones en total, la mayoría, buscando la prensa de 9; 10 y 11 de abril de 2002, estuvieron involucradas en el golpe de Estado. “Por ello es que ahora sacan páginas completas en los medios de comunicación social y programas completos en la televisión, pues la mayoría tienen fachadas de defensoras de los derechos humanos y lo que hacen es recibir financiamiento de otros países para desestabilizar el gobierno del presidente Chávez”.

Puntualizó que la ley lo que prevé es controlar estas organizaciones no gubernamentales, pues simplemente se dedican a fines políticos. “Si hicieran una labor a favor de los derechos humanos , ¿quién negaría su apoyo a estas actividades?, nadie, pero esto no es así”.

Propuso que se fusionen las dos normas que tiene previstas la Comisión de Política Exterior , como son: la Ley de Seguimiento y Control de Tratados Internacionales y la Ley de Cooperación Internacional. “Pero claro que vamos a controlar las organizaciones no gubernamentales, porque eso lo reclama el pueblo venezolano”.

El diputado William Querales (Podemos/Aragua) asegura que todos los países tienen una normativa de seguimiento de lo que son las organizaciones no gubernamentales o pro gubernamentales, porque se suscriben convenios multilaterales, de cooperación internacional, a su juicio, Venezuela no puede quedar por fuera, “pues la ley va a estructurar y organizar nuestra política de tratados internacionales”.

La diputada Aurora Morales (MVR/Miranda), manifestó que a través de la cooperación internacional es que EUA ha intervenido en muchos países del mundo, por eso promovemos las organizaciones de Suramérica, para evitar esa intervención. “Hemos recibido ataques muy fuertes, como el de Alan García, quien dice que nuestro dinero es muy negro, esto debe acabar. Todo ciudadano venezolano está obligado a acatar lo que dice la Constitución y que está plasmado en la ley que proponemos”.

El diputado José Albornoz (PPT/Guárico) sostuvo que EUA, como parte de una política imperialista, ha utilizado la cooperación para mermar la soberanía de los países, con un planteamiento de dominación, creando deudas internas inmensas.

“No se trata simplemente de regular los tratados, sino construyendo un modelo de desarrollo, de solidaridad, de relación democrática y equitativa, por eso es que vemos la arremetida de organizaciones por imperialistas, porque tenemos informaciones de que Súmate, nada más y nada menos, tiene una cantidad de 12.5 millones de dólares para la campaña y unas elecciones primarias de un solo sector del país. ¿De dónde saca esos recursos?, esto debe ser investigado”, resaltó el parlamentario.

Camisa de fuerza para las ONG

2006-11-20T07:10:00.000-08:00

El proyecto de Ley de Cooperación Internacional amenaza con el control total.
La generalidad del texto legislativo genera dudas en la mayoría de las organizaciones

Mariana Martínez Rodríguez
TalCual, Miércoles 14 de Junio de 2006, pag. 7

El gobierno nacional pretende convertirse en el ojo del gran hermano. El anteproyecto de Ley sobre Cooperación Internacional aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional, plantea organizar en un “Sistema Integrado de Registro” a todas las organizaciones no gubernamentales.

Carlos Correa representante del Centro de DDHH de la UCAB , asegura que las ONG no están negadas a los intentos de regulación, pero desean una justificación, y se preguntan: ¿cuál es el valor agregado de esta medida? La directora de la secretaria de la Comisión Permanente de Política Exterior , Lilia Bustillos , explica que esta legislación “no pretende” administrar los recursos y proyectos de estas organizaciones.

El diputado Saúl Ortega, jefe de la Comisión de Política Exterior , dice que esta legislación plantea la necesidad de crear un ente desconcentrado, que puede ser una Agencia de Cooperación como las existentes en España y Canadá, que se encargue de centralizar la información sobre la procedencia y correcto uso de los recueros que reciben las distintas ONG y Asociaciones Civiles, vinculadas a cooperación nacional o internacional.

Organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo del 89 (Cofavic), llaman la atención sobre la generalidad con que se presenta el proyecto, pues como lo indica Correa este deja a discrecionalidad de la elaboración de un reglamento aspectos claves como ¿qué ONG deben registrarse?, ¿cómo será la declaración?, ¿cuáles serán las sanciones?.

Bustillos acepta el carácter general del texto y las dudas que ha generado, al tiempo que aclara que a partir de ahora se abre un espacio de consultas en las que serán involucradas las distintas organizaciones, para que expongan sus dudas ante la subcomisión de Cooperación Internacional que preside la diputada Iris Varela.

Ortega incida que como toda ley marco, esta no tiene carácter sancionatorio, y que su reglamentación es voluntad del ejecutivo.

Además dice que quienes aseguran que el proyecto viola el derecho de libre asociación, “están equivocados” pues fue pensada en función de promover la participación civil, pero que en todo caso deben denunciarlo ante los organismos competentes.

POR LA TRANSPARENCIA
Para el diputado Saúl Ortega el que exige “transparencia” debe “ser transparente”.

El problema es que según explica no se tienen referencias de donde provienen los recursos de muchas de estas organizaciones, y que no todas actúan correctamente.

“Súmate es una de las tantas que incurre en irregularidades, y actúa en forma perversa”, asegura.

Ortega explica que quien no se registre no tendrá el reconocimiento del Estado, y por ende dejará de percibir los beneficios que este provee. “La mayoría recibe todo tipo de colaboración por parte del gobierno nacional”. Por lo que, está seguro que quien no tenga nada que temer asumirá con beneplácito esta Ley.

Correa quien asegura que a nivel internacional ninguna ONG es sometida a tal control, recuerda que las organizaciones de DDHH siempre son incómodas para los gobiernos por lo que necesitan independencia.

Para ejemplificar el temor de algunas recuerda lo ocurrido con la Ong CEDAL de Perú, que al pronunciar su preocupación por el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Perú, fue acusada por la Agencia de Cooperación Peruana de actos delictivos.

En el día de ayer 62 organizaciones no gubernamentales suscribieron una comunicación en la que explican que en la actualidad, las ONG en Venezuela están sujetas en general al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente; como los expuestos en la Constitución de la República, el COPP, Código Orgánico Tributario, Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, entre otros. Además de la inspección y vigilancia del Seniat y Cadivi.

Comunicación enviada al Diputado Nicolás Maduro, Presidente de la Asamblea Nacional (Foro por la Vida)

2006-11-20T07:08:00.000-08:00

16/06/06

Ciudadano
Diputado Nicolás Maduro
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho

El Foro por la Vida , Coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresa honda preocupación por las reacciones de autoridades públicas pertenecientes al órgano que usted preside, en contra de quienes han suscrito el comunicado de organizaciones de la sociedad en relación con el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional.

El día 13 de junio se hizo entrega en la sede de la Comisión Permanente de Política Exterior un Comunicado suscrito por el importante número de setenta y dos (72) organizaciones de la sociedad civil venezolana, en la que muestran desacuerdo con el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional por considerar que: 1) no existen suficientes justificaciones para dictar normas que aumenten los controles públicos a las organizaciones civiles, siendo que ya están reguladas y controladas, por distintas leyes (más de cinco) y órganos públicos, que garantizan un exhaustivo control de la licitud, tanto de su creación como del desarrollo de sus actividades; 2) el proyecto no garantiza que se respete la reserva legal en esta materia que limitaría y restringiría el ejercicio de los derechos constitucionales y humanos a la asociación y a la participación en los asuntos públicos, siendo que deja aspectos cruciales a la regulación por reglamento del Poder Ejecutivo; 3) el proyecto no responde al mandato constitucional de favorecer los derechos a la asociación y participación, por el contrario, pareciera partir de la idea errónea de que las asociaciones civiles que reciben donaciones producto de la cooperación internacional son negativas para el conjunto de la sociedad venezolana.

Algunos diputados de la Asamblea Nacional han reaccionado refiriéndose a las organizaciones que han suscrito el Comunicado cuestionando el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional como: “instituciones oposicionistas, que no ven más allá de sus intereses” “las mismas organizaciones que avalaron el golpe de Estado” “organizaciones lacayas” “tienen fachadas de defensoras de los derechos humanos y lo que hacen es recibir financiamiento de otros países para desestabilizar el gobierno del presidente Chávez”, “la ley lo que prevé es controlar estas organizaciones no gubernamentales, pues simplemente se dedican a fines políticos”, ”si hicieran una labor a favor de los derechos humanos, quién negaría su apoyo a estas actividades, nadie, pero esto no es así”. Estas manifestaciones públicas han sido tomadas de la página web de la Asamblea Nacional , con fecha 13 de junio de 2006 (se anexa).

Se recuerda a las autoridades que:
1. Los instrumentos internacionales protegen la actividad de los defensores de derechos humanos, en este sentido, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, contenida en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1998, en su artículo 12.2 establece que “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona ... frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

2. El Comunicado cuestionando el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional tiene por objeto movilizar a las autoridades públicas en favor de las organizaciones sociales y de los grupos de personas a los que éstas prestan sus servicios, que se verían afectados negativamente si se restringe ilegítimamente los derechos de asociación y participación. Lo que se espera de las autoridades públicas es que reconozcan la situación de los grupos y personas afectadas, y que se comprometan a respetarla, mejorarla y a cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia.

3. Las autoridades públicas que no ofrecen respuestas sobre los legítimos cuestionamientos contenidos en el Comunicado, y que reaccionan calificando ésta y otras manifestaciones de los derechos a la opinión y participación como contrarios a “ la discusión de una manera sana …(que) han desatado una guerra contra la ley” , pretenden desviar la atención de la opinión pública descalificando y agrediendo a los defensores de derechos humanos. Con tales actitudes incumplen compromisos internacionales de respetar el trabajo de los defensores; y ofrecen elementos que permiten a la opinión pública desconocedora del tema, pero crítica en su análisis, presumir la veracidad de las denuncias hechas por los defensores de derechos humanos.

Se hace saber que las organizaciones del Foro por la Vida estamos atentas frente a las situaciones que puedan afectar, tanto el desempeño de la misión de las organizaciones que suscriben el Comunicado cuestionando el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, como de sus miembros.

Por la Vocería del Foro por la Vida:
Ligia Bolívar
Centro de Derechos Humanos de la UCAB

Edgar Carrasco
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

Humberto Rodríguez
Servicio Jesuita a Refugiados

c/c
- Saúl Ortega, Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional
- Unidad de Defensores y Defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos

Fuente: PROVEA

Cadivi ya regula trabajo de las ONG

2006-11-20T07:06:00.000-08:00

Deborah Van Berkel, directora ejecutiva del Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) considera que el Gobierno no necesita una ley para saber de dónde proviene el dinero donado a las asociaciones civiles. “No se trata de que las organizaciones no gubernamentales críticas establezcan una posición de oposición a ultranza. Hay que tener la suficiente independencia para apoyar las iniciativas que estén en concordancia con cierto espíritu de participación y criticar aquellas decisiones que no son tan beneficiosas para los ciudadanos”, agrega

ALFREDO MEZA
El Nacional, 11.06.06, D/8

Deborah Van Berkel lleva 26 años ligada al mundo de la participación ciudadana. Es vicepresidenta de Sinergia y directora ejecutiva del grupo social Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), así que está bien enterada del último dolor de cabeza de las organizaciones no gubernamentales venezolanas: la discusión en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de coordinación internacional.

Como todo lo que ocurre en Venezuela desde hace algunos años, la versión preliminar tiene acérrimos detractores y apasionados defensores. Las organizaciones no gubernamentales se han reunido varias veces para analizar cada oración de la propuesta y han concluido que el Estado tendrá demasiada discrecionalidad para decidir su suerte.

El punto que más les preocupa tiene que ver con los aportes que reciben del extranjero, los cuales, de ser aprobado el proyecto, serán controlados por el Estado. ¿Quién garantiza que este mecanismo no se use para asfixiar a las asociaciones civiles críticas con el desempeño del Gobierno?

Algunos diputados como Saúl Ortega han tratado de minimizar el impacto que ha generado el contenido del proyecto argumentando que el Estado sólo pretende saber quién es quién para reconocerlas. Van Berkel ha puesto en la balanza todas y cada una de las consideraciones, y se ha formado una opinión que rescata los errores y las virtudes de la propuesta elaborada por la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Un sólido ejercicio de ponderación que poco se ve en estos días de diálogo de sordos y posiciones radicales.

—El proyecto de ley de cooperación internacional tiene dos problemas de fondo. Uno es la concepción de la ley desde una visión de control y la sospecha como base fundamental para normar. Se parte del hecho de que las organizaciones no gubernamentales no están funcionando como deberían y manejan asuntos oscuros. Es por ello que, en el proyecto, el Estado debe vigilarlas para conjurar cualquier peligro. El segundo problema de fondo es que la libertad de asociación pudiera verse afectada.
Es posible que los requisitos establecidos para que una organización pueda funcionar contradiga el espíritu de la Constitución.

—Venezuela es un país en el que el acceso a la información sobre el Estado y sus dependencias es muy limitado o inexistente ¿No es una buena noticia la propuesta de sistematizar la información sobre las organizaciones no gubernamentales para que el público conozca a qué intereses responden cuando participan en el debate público?
—No necesitamos una ley porque ya estamos regulados. El Gobierno ha establecido varios mecanismos para controlar nuestro trabajo. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales deben declarar ante Cadivi cada dólar que reciben para financiar sus actividades, de tal manera que el Gobierno conoce de dónde viene el dinero que recibimos. Por otra parte, las mismas organizaciones, o al menos aquellas que trabajan desde hace varios años, rinden cuenta mediante informes de gestión y auditorías externas, que pueden ser revisadas por cualquier organismo público que lo solicite o entidad del Estado.
Hay, en fin, distintas formas de regular nuestro trabajo.

Adecuarse a los nuevos postulados
—¿Hay algo rescatable del proyecto de ley?
—La ley tiene dos partes fundamentales.
Con una de ellas, referida a la cooperación internacional del Estado, no tenemos mayores problemas. Hay una ley muy vieja que no está adaptada a la nueva Constitución en la que el país aparece como un receptor de donaciones. El nuevo instrumento de ley permite normar la gestión del Estado desde una visión no sólo de receptor de cooperación, sino como país que dona recursos. Creemos que es una norma que el Parlamento debe adecuar a los postulados de la nueva Carta Magna. Ahora, ¿por qué se introduce una nueva regulación para organizaciones como las nuestras?

—¿Y tiene alguna respuesta?
— Esperamos que los contactos que se puedan establecer con la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en los próximos días puedan ser fructíferos.
Un grupo de organizaciones solicitó información acerca de lo que está siendo aprobado en el Parlamento, pero también solicitamos un espacio para conversar con estos actores políticos para saber por dónde van las propuestas y actuar en consecuencia.
Hay varios aspectos que preocupan.
El primero es la inexistencia de un reglamento sobre el derecho de asociación; el segundo, la falta de información sobre el funcionamiento del fondo de cooperación especificado en el proyecto. Pudiera darse el caso de que, como todos los recursos provenientes de la cooperación internacional serán depositados en un fondo y las organizaciones no podrán tener acceso directo al dinero, como ahora, el Estado maneje a discreción de las asignaciones.

No es el primero
Hay toda una discusión sobre el término soberanía nacional y la participación popular. Este último argumento es utilizado por Deborah Van Berkel para señalar una contradicción: mientras la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los voceros oficiales hablan de la transformación del ciudadano venezolano en un sujeto participativo y protagónico, el proyecto de ley restringe la participación.

—No es el primer instrumento legal que establece restricciones en el trabajo de las organizaciones.
Está la reforma del Código Penal y otros elementos que se están planteando para evitar la ingerencia de otros Estados en las actividades del país por vía de las organizaciones no gubernamentales.
Pero nosotros no nacimos hace dos días. Cesap tiene 32 años de trabajo. Nuestra postura siempre ha sido crítica, pero cooperamos con el Estado en la medida que se compartan esfuerzos para buscar el bienestar colectivo de las comunidades.
No se trata de que las organizaciones no gubernamentales críticas establezcan una posición de oposición a ultranza. Hay que tener la suficiente independencia para apoyar las iniciativas que estén en concordancia con cierto espíritu de participación y criticar aquellas decisiones que no son tan beneficiosas para los ciudadanos.

—¿Cómo se puede regular a las organizaciones no gubernamentales sin afectar su independencia?
—Se pueden crear mecanismos de concertación con las mismas organizaciones porque en este mundo nos conocemos.
La idea es potenciar la autorregulación de las organizaciones.
Nosotros nos exigimos en nuestras redes, tenemos un sistema de control interno muy sano.
Somos organizaciones con una actividad pública reconocida, con proyectos cuya procedencia y financiamiento está bien definido.
El registro de organizaciones no puede ser visto como algo negativo. Lo que sucede es que en el país hay una preocupación por el uso que se le da a ese tipo de instrumentos.

—Si finalmente llega a aprobarse el proyecto tal como está, ¿cuál será el panorama de las organizaciones no gubernamentales? ¿Cuáles son los temores?
—Esperamos que se apruebe una ley cercana al espíritu de lo que desea el sector. En todo caso, trataremos de cumplirla a cabalidad sin renunciar al espíritu crítico, pero también exigiremos que la ley responda a los principios y los derechos que están consagrados en la Constitución.
Sobre ese aspecto no tenemos ningún tipo de duda. En otros países como Colombia se ha intentado regular a las asociaciones civiles, pero la presión de la opinión pública lo ha impedido.
Hay el riesgo de que se apruebe una reglamentación que no esté en la vía de la ley, sino que establezca mecanismos no tan transparentes para que las organizaciones lo cumplan, o que se conviertan en determinado momento en instrumentos políticos para que se aplique de forma discrecional en detrimento de los derechos de algunas organizaciones por su posición política. Nosotros creemos que hay que respetar la diversidad de posturas. Debemos lograr que haya transparencia en la actuación de las organizaciones y un respeto a la propia misión que se establezca.

—Si Cesap no recibe los fondos directamente como ocurre ahora, ¿existe el riesgo de que desaparezca?
— No. Creo que las organizaciones tendrán que adaptarse y restringirse.

Una ristra de proyectos y reconocimientos
Algunos de los proyectos más significativos que ha desarrollado el Cesap están descritos en la página web de la organización (www.cesap.org.ve). Entre ellos se encuentran: la unidad fluvial para la atención integral de la salud de las comunidades indígenas en Amazonas; mejoramiento de casaberas familiares en Cúpira, estado Miranda; apoyo a familias campesinas propietarias de unidades productoras de cerdo en Carabobo y el mejoramiento de la red ambulatoria de las comunidades rurales en los municipios de los estados Lara y Zulia.
El Cesap ha recibido varias distinciones en los últimos 32 años: premio de alfabetización de la UNESCO en 1991, el Premio Nacional de Hábitat en 1999, Orden al Mérito Inmobiliario en 1999 y la mención Gestión Comunitaria y Desarrollo de Comunidades.

Declaración pública: "Más y mejor democracia solo serán posibles facilitando la expresión, organización y movilización social” (Foro por la Vida y otr

2006-11-20T07:04:00.000-08:00

8/06/06

Las organizaciones no gubernamentales (en adelante ONG) abajo firmantes nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar formalmente nuestra posición sobre la información publicada relativa a la discusión en la Asamblea Nacional de un anteproyecto de Ley sobre Cooperación Internacional, dado que el contenido del mismo lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no-gubernamental en el país:

1) Es importante destacar, que la acción permanente de las ONG a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. En el caso de las ONG de derechos humanos, cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos reciben la asesoría y acompañamiento en la búsqueda de la justicia y la conquista de sus derechos. Las ONG de Desarrollo Social, por su parte, contribuyen desde hace décadas con el bien común, desde ámbitos tan diversos como los referidos a niñez y adolescencia, salud, educación, vivienda, ambiente, desarrollo comunitario y participación ciudadana, entre otros. Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social requerimos, no más controles que hagan más difícil la labor que realizamos, sino por el contrario, mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

2) De conformidad con el artículo 132 de la Constitución , como es deber de toda persona y, por ende, de éstas organizadas en torno al bien común, promovemos y defendemos los derechos humanos , como una forma de participar de manera solidaria en la vida política, civil y comunitaria del país. Es decir, no sólo exigimos nuestro derecho a la libre asociación, sino además queremos ejercer libremente nuestro deber de contribuir con el desarrollo del país y, en particular, con el bienestar de los más excluidos. El cumplimiento de ese deber constitucional debe ser estimulado por el Estado, de tal manera que cada día haya más y mejores personas y organizaciones promoviendo los derechos humanos. Las ONG de derechos humanos y de desarrollo social actuamos de manera pública, legal y transparente. Nunca nos hemos opuesto a que se conozcan nuestras fuentes de financiamiento, por demás conocida muy bien por el gobierno a través de sus órganos y entes del Estado.
3) Nos preocupa entonces que haya sectores interesados en crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas sobre la actuación de las organizaciones diversas de la sociedad civil y como parte de ellas, las ONG de derechos humanos y de desarrollo social. Miles de organizaciones con diversidad de intereses y aspiraciones estimulan, promueven y canalizan la participación democrática. El discurso y, en cierto sentido, la práctica gubernamental viene estimulando esa organización social. Resulta contradictorio que algunos sectores identificados políticamente con el actual gobierno, pretendan actuar en una dirección totalmente contraria.
4) En la actualidad, las ONG en Venezuela están sujetas en general al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente; y en particular, están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación, que incluye el cumplimiento de deberes y obligaciones en materia de registro de sus estatutos constitutivos originales y sus cambios en el registro civil (Código Civil); cumplimiento de los deberes tributarios, tales como registros, libros, soportes y declaraciones de impuestos nacionales y en su caso municipales (Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto sobre la Renta , Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado-IVA-, ordenanzas municipales sobre impuestos a los inmuebles urbanos y tasas de aseo urbano, etc.); cumplimiento de obligaciones laborales, incluidos, entre otros los decretos sobre salarios mínimos y aumentos de salarios (Ley Orgánica del Trabajo, Ley sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y otras); cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los empleados en el Seguro Social Obligatorio y de las cotizaciones correspondientes (Ley del Seguro Social Obligatorio); regulaciones del actual control de cambio para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional y para la obtención de autorizaciones para la compra de divisas (Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios). Además, los locales donde trabajan estas organizaciones están obligados a cumplir con las obligaciones sanitarias, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales.
5) Como consecuencia de ese marco regulatorio, las ONG en Venezuela están en la actualidad sujetas a la inspección y vigilancia de las autoridades administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento de esas leyes, tales como el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), el Instituto Nacional de Seguros Sociales, las Inspectorías del Trabajo, las Superintendencias de impuestos municipales, Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ingenierías Municipales y Cuerpos de Bomberos, entre otros.
6) Cualquier regulación especial que pretenda imponer el Estado sobre el marco de actuación de las ONG en Venezuela, deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales aplicables. Cualquier iniciativa en este sentido, deberá ser previamente sometida a la consulta de la sociedad y las comunidades
interesadas, a fin de cumplir con las exigencias de la democracia y el derecho constitucional a la participación directa en los asuntos públicos (art. 62).

7) Las ONG se configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, en los términos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República (Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

8) Conforme a la Constitución , el derecho de asociación comporta la obligación del Estado de “facilitar el ejercicio de este derecho” (art.52). Por lo cual, cualquier regulación legislativa que intente el Estado sobre las ONG debe tener por objetivo promover, incentivar y ayudar el libre ejercicio del derecho a la asociación. En consecuencia, una regulación que dificulte, entrabe o impida el libre ejercicio de las ONG, sería inconstitucional.
9) Las regulaciones del Estado al derecho a asociarse deben ser llevadas a cabo a través de leyes dictadas por la Asamblea Nacional , siguiendo el procedimiento parlamentario que implica la participación democrática. Ello configura la garantía de la “reserva legal”, la cual exige que las limitaciones o restricciones permitidas que se impongan a este derecho, únicamente pueden hacerse mediante ley , y no mediante actos de rango inferior como reglamentos, decretos o resoluciones ministeriales (Constitución, art.42; Convención Americana, art.16.2; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 22.2). De allí que resultaría contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales aplicables, que una ley le delegue la regulación del derecho de asociación o aspectos de éste a un reglamento, ya que esa deslegalización no está permitida. Es necesario por tanto, que las limitaciones o restricciones permitidas que se impongan a este derecho, sean hechas directamente por la ley.

10) No cualquier limitación o restricción al derecho a asociarse, incluso hecha por ley, resulta aceptable bajo la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En otras palabras, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables al derecho a la asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática” (Convención Americana, art.16.2 y PIDCP, art. 22.2). Es decir, que el Estado para establecer una limitación o restricción a este derecho, tiene que cumplir con el test de adecuarse a las exigencias de que éstas sean “necesarias” en una “sociedad democrática” En una sociedad democrática el Estado debe no sólo tolerar la libre actuación de las ONG, sino que debe garantizarla, protegerla y facilitarla, como expresión del pluralismo, la tolerancia, la participación y la libertad de expresión. De allí que si la limitación o restricción que se pretende introducir no es necesaria en una sociedad democrática, la regulación sería contraria a la Constitución y los referidos tratados sobre derechos humanos.

11) La promoción y protección de los derechos humanos, configuran el ejercicio no sólo de un fin legítimo, sino además de un derecho constitucional y humano de toda persona, individual o colectivamente en los planos nacional e internacional (Constitución, art.31). Este derecho a la promoción y protección de los derechos humanos, es reconocido por instrumentos internacionales sobre la materia tanto de la ONU como de la OEA (Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, contenida en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1998), que establecen además el deber del Estado de garantizar dichas actividades de promoción y protección de derechos humanos (Declaración ONU, art. 12.2)

12) En consecuencia, el ejercicio del derecho de los individuos y de las ONG a promover y procurar la protección de los derechos humanos tiene por tanto un refuerzo en el ámbito internacional, que se deriva tanto de las referidas declaraciones sobre defensores y defensoras de derechos humanos en el plano de la ONU y de la OEA , como de los órganos especialmente dedicados al monitoreo del cumplimiento de las mismas. En este particular, la citada Declaración de la ONU , en coincidencia con los tratados antes mencionados, establece que en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en dicha Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables, y que determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y “responder a las justas exigencias” de “una sociedad democrática” (Declaración ONU, art.17).

13) En este sentido, las Declaraciones de la OEA sobre este tema han r eiterado “su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio” y así mismo, han “condenado” expresamente “los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechoshumanos en las Américas” ( “Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Las Américas ”Resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 7 de junio de 2005, AG/RES. 2067 , numerales 1º. Y 3º.).

14) No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática que el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad y potenciar la cooperación internacional. Más y mejor democracia solo serán posibles facilitando la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere dar a la sociedad posibilidades reales de organizarse, actuar con autonomía y actuar sin el temor a ser perjudicado por las opiniones y valoraciones que exprese sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todos aquellos que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la sociedad.

Caracas, 08 de junio de 2006
Suscriben:
Organizaciones del Foro por la Vida :
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de
Margarita
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la
Universidad Central de Venezuela
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de
Religiosas y Religiosos de Venezuela ( SECORVE)
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27
de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico
de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos
Humanos (PROVEA)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis Caracas A.C.
Organizaciones de Desarrollo Social y Promoción Humana:
A.C. Acción Solidaria
A.C. Ciudadanía Activa
A.C. Paz Activa
A.C. Queremos Elegir.
A.C. Red Vecinal Venezuela
Acción Campesina
Acción Zuliana por la Vida
AID FOR AIDS Venezuela
Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia
Recíproca (AMBAR)
Asociación Civil Comité de Participación Ciudadana.
Asociación Civil UNIANDES
Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM)
ASOVIDA – Asociación Civil por la Vida
Banco del Libro
Bioparques
Cáritas - Los Teques
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Romero”
- Universidad de los Andes.
Centro de Atención a la Crisis. (Coracris)
Centro de Divulgación del Conocimiento Económico.
CEDICE Libertad
Centro de Iniciativas para el Desarrollo Local (Cidel)
Barinas.
Centro de Investigación Social. (CISOR)
Constructores de Paz
Cooperativa Solidaridad y Desarrollo Local - Mérida
Dividendo Voluntario para la Comunidad
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Público
Fundación Centro Gumilla
Fundación Niños en Positivo - Mérida
Fundación Proyecto Paria
Fundación Tierra Viva
Fundación Vida Integral (FUVIN)
Fundación Vivienda Popular
Grupo Social Cesap
Hagamos Democracia
Hogares sin Violencia
LACCASO - Consejo Latino Americano y del Caribe de
Organizaciones con Servicio en VIH/SIDA
Liderazgo y Visión
Nuevo Amanecer
Por la Caracas Posible
Red Social del Zulia.
RVG+ - Red Venezolana de Gente Positiva
Sinergia, Asociación Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil
Sociedad Wills Wide
Superatec
Una Ventana a la Libertad
Unión Vecinal para la participación Ciudadana
Universidad Valle del Momboy
Venezuela Convive

Parlamento debatirá en un mes Ley de Cooperación Internacional

2006-11-20T07:01:00.000-08:00

ABN 02/06/2006
Caracas, Distrito Capital

Caracas, 02 Jun. ABN.- El 8 de julio venidero entrará a discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, según informó el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del parlamento, diputado Saúl Ortega.

Refirió Ortega que este proyecto fusiona dos leyes: la de Control de Convenio y la de Cooperación Internacional que data, ésta última, de 1958, aprobada en el Gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y que no estuvo ni siquiera adaptada a la Constitución de 1961 ni, por supuesto, a la Constitución Bolivariana, aprobada el 15 de diciembre de 1999.

La Ley de Cooperación Internacional que constaba de ocho artículos ahora tendrá 24, «con la incorporación de nuevos conceptos, surgidos de la experiencia de Venezuela como país receptor y otorgante de cooperación técnica», manifestó el diputado.

La ley busca ordenar la política de cooperación y el seguimiento del desempeño de los diferentes convenios, tanto multilaterales como bilaterales, o de otra índole.

El instrumento norma también a las organizaciones no gubernamentales: «Esta ley los obliga a informar sobre la fuente de sus ingresos, su administración, su desempeño y utilización de sus recursos, de tal forma que esto sea de dominio público, para que tengan transparencia y claridad, y que esos recursos en ningún momento vayan a ser destinados a actividades ilícitas o con fines de lucro, para lo cual no están hechas estas organizaciones», puntualizó Saúl Ortega.

Inspecciones a las ONG serán sorpresivas

2006-11-20T06:57:00.000-08:00

26.05.06
El Nacional, A/6
Página web: www.el-nacional.com

De acuerdo con el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior , Carlos Escarrá, la idea es que se hagan sin previo aviso, “como las del Seniat”

CECILIA CAIONE

Las inspecciones y fiscalizaciones que se efectuarán a las organizaciones no gubernamentales, una vez que entre en vigencia la ley de cooperación internacional, serán sorpresivas y de ellas dependerán que se lleven a cabo las auditorías, aseguró el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá.

Aun cuando el procedimiento detallado para las inspecciones y auditorías será establecido en el reglamento que redactará el Ejecutivo, la idea es, de acuerdo con el parlamentario, que se hagan sin previo aviso, “como las del Seniat”.

Del resultado que arrojen, el organismo encargado de efectuarlas decidirá si es necesario revisar más a fondo las actividades de determinada organización no gubernamental, es decir, si hace una auditoría.

El objetivo de ese examen es determinar cómo fueron empleados los recursos que recibieron.

“El balance dice que entró una determinada cantidad, entonces hay que ver en qué se gastó, en dónde se invierte, si lo invierten en comprar armas o en ayudar a los niños de la calle”, precisó.

El organismo que realizaría las inspecciones y la auditoría está propuesto en el artículo 10 del anteproyecto de ley que estudia la Comisión de Política Exterior.

Allí se establece que “sin perjuicio de las competencias asignadas a otros ministerios, el Presidente o Presidenta de la República, en Consejos de Ministros, podrá crear un organismo con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulse el Estado, mediante la captación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional.

Así mismo ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional donde participe el Estado venezolano”.

En cuanto al registro de las ONG, el diputado ratificó que se trata de poner orden en ese ámbito, porque en la actualidad están proliferando “un conjunto de organizaciones de papel, de maletín, que están recibiendo fondos y se dedican a cuestiones que no forman parte de su objeto”.

Liliana Ortega teme cierre de espacios democráticos
CARLA NAVARRO

Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, comentó que las organizaciones no gubernamentales en Venezuela siempre han estado reguladas por el Código Civil, el Código Penal, la Ley del Trabajo y la Ley de Ilícitos Cambiarios, entre otras.

De esa forma manifestó su inquietud por el alcance del anteproyecto de ley de cooperación internacional, y específicamente sobre los términos en los que en el documento se expone el principio de transparencia.

Ortega comentó que el problema no radica en regirse por la legislación imperante, sino que el anteproyecto excede los limites y restricciones legales, lo cual da como resultado una camisa de fuerza que impide el libre funcionamiento de las organizaciones. No obstante, señaló que las ONG deben estar sujetas a controles internos pertinentes, lo cual no quiere decir que el Estado puede violar los derechos de la institución y de los ciudadanos.

Opinó que si se promulga el anteproyecto se proscribirían las ONG en Venezuela. Destacó su preocupación por la redacción de ese instrumento legal, pues considera que los artículos son vagos y sin fundamento.

Tal es el caso del artículo 7. “El anteproyecto quiere lograr un fuerte control del Poder Ejecutivo y eliminar la propiedad jurídica” de la organización.

Sobre la posibilidad de que las ONG puedan ser auditadas, indicó que en el caso de Cofiavic se realizan auditorías permanentes por parte de sus donantes, y señaló no estar dispuesta a suministrar información confidencial al Estado.

Ortega dijo que el texto revela el cierre de espacios democráticos, por lo que debe ser revisado conjuntamente con la organizaciones interesadas.” Lo mejor es abrir un espacio de dialogo entre las partes”, agregó.

Organizaciones no gubernamentales podrán ser auditadas por el Estado

2006-11-20T06:50:00.000-08:00

25/05/06

El Nacional

Página web: www.el-nacional.com

La diputada Iris Varela afirmó que algunos sectores pretenden satanizar el anteproyecto de ley de cooperación internacional

CECILIA CAIONE

El anteproyecto de ley de cooperación internacional que elabora la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional establece que las ONG están sujetas a revisión.

El artículo 23 de ese papel de trabajo, titulado “principio de transparencia”, estipula que “las organizaciones no gubernamentales podrán ser auditadas de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley”.

Tal como señala el texto jurídico, no se ha decidido qué organismo se encargaría de esa actividad ni las circunstancias que conducirían a tomar esa decisión, pues el procedimiento será detallado en el reglamento.

Sin embargo, algunos elementos presentes en el anteproyecto podrían ser modificados, pues la Subcomisión de Cooperación Internacional que redacta el informe para la primera discusión aún no lo ha aprobado, e incluso estudia fusionar el proyecto con el de seguimiento de los acuerdos y convenios internacionales.

El debate y aprobación definitiva del informe por parte de la Comisión de Política Exterior en pleno, para entregarlo a la secretaría del Parlamento, se efectuará el 7 de junio.

La presidente de la subcomisión, Iris Varela, destacó que la primera discusión en Cámara está prevista para el 8 del mes próximo. Indicó que entonces desmontarán la campaña contra el instrumento legal.

La diputada Varela opina que no es casualidad que algunos sectores pretendan satanizar el anteproyecto, incluso antes de que reciba el visto bueno en la Comisión.

“Siempre que el Estado trata de poner orden dentro del desorden legislativo que heredamos de la cuarta república, surgen los sectores interesados que han estado disfrutando de ese desorden para beneficio propio, sin control”, manifestó.

La parlamentaria hizo esa afirmación después de las advertencias de representantes de ONG sobre el peligro que puede representar la creación, por parte del Estado, de un registro para agrupaciones de ese tipo.

“Estamos sorprendidos de cómo agarraron un anteproyecto de ley y empiezan a tratar de decir que con esto pretendemos controlar a las organizaciones”, dijo.

Uno de los principios que priva en la normativa, de acuerdo con Varela, es que el Estado debe tener el control de las organizaciones no gubernamentales que existen en el país.

Recordó que algunas ONG tienen como premisa la transparencia. “Si ellos están recibiendo divisas del exterior, el Estado tiene que saber cuánto reciben y en qué las gastan. Eso no es delito; al contrario, un Estado que se respete debe hacerlo”, manifestó.

Explicó que el fondo propuesto en el proyecto tiene el propósito de financiar “los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional”.

La parlamentaria también anunció que mediante la ley de supervisión de los acuerdos y convenios internacionales el Estado podrá verificar el cumplimiento, así como los suscritos por gobernaciones y alcaldías con sus homólogos de otras naciones.

“Aquí sea han suscrito acuerdos, tratados, cartas de intención, y muchas veces algunos han quedado en el tintero; queremos evitar que eso pase”, aseveró.

Destacó que en la reunión de la Comisión de Política Exterior efectuada ayer se acordó pedirle a los mandatarios regionales y locales que especifiquen ante la Asamblea Nacional cuántos y cuáles convenios han firmado.

Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional

2006-11-20T06:40:00.000-08:00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ANTEPROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Capítulo I

Disposiciones generales

Objeto

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional.

Ámbito

Artículo 2. Esta Ley se aplica a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros, desde el exterior hacia la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior.

Definición

Artículo 3. A los efectos de esta Ley, se entiende por cooperación internacional en sentido amplio el conjunto de acciones, actividades y procedimientos, destinadas a la transferencia de recursos y capacidades para apoyar el desarrollo social, humano y económico, llevados a cabo por los países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general por todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional. En tal sentido, la cooperación internacional es el medio por el cual el Estado venezolano recibe, transfiere e intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas e internas, con el objetivo de complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo.

Principios

Artículo 4. La cooperación internacional del Estado venezolano se inspira en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se desarrollará conforme a los siguientes principios:

1. Promoción de la cooperación pacífica entre las naciones basada en la no intervención en los asuntos de otros países, en la autodeterminación de los pueblos, en la solución pacífica de las controversias, en el rechazo a la guerra, en el respeto a los derechos humanos, en el apoyo al desarme nuclear, en la conservación del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad y en la democratización de la comunidad internacional.

2. Reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último de la política de cooperación, entre los diversos actores y sujetos internacionales.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, la paz, la democracia, la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura, política y religión, así como el respeto a la diversidad.

4. Promoción de un desarrollo humano integral, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, para asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación internacional en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo.

5. Promoción y fortalecimiento de los ideales de solidaridad como valores fundamentales en las relaciones de cooperación entre las naciones, los pueblos y los individuos, como una condición previa para la eficacia de las políticas de los pueblos y como garantía de la paz mundial, con miras a abordar los problemas mundiales equitativamente y con justicia social.

6. Promoción de la diversificación de las modalidades de relacionamiento entre los distintos actores de la comunidad internacional y sujetos de derecho internacional, estimulando la solidaridad y la cooperación entre los mismos y unificando criterios en torno a la gestación de un mundo multipolar basado en principios de simetría y reciprocidad entre las naciones.

7. Consolidación de la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región, coordinando esfuerzos en la promoción del desarrollo común de nuestras naciones, apoyando acciones que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes.

8. Contribución al desarrollo político y social autónomo, interdependiente y sustentable entre naciones, gobiernos y pueblos de América y del mundo.

Objetivos

Artículo 5. La cooperación internacional del Estado venezolano se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los lineamientos y políticas que al efecto establezca el Presidente o Presidenta de la República, para cumplir, entre otros, con los siguientes objetivos:

1. Fortalecer los vínculos entre la República Bolivariana de Venezuela y los países del mundo, privilegiando las relaciones con los países latinoamericanos, caribeños e iberoamericanos.

2. Unir esfuerzos a favor de la ejecución de la cooperación con diferentes gobiernos, organizaciones e instituciones cooperantes internacionales.

3. Promover la aplicación de fórmulas prácticas para la solución de los problemas que afecten el bienestar de los pueblos.

4. Apoyar las políticas de igualdad e inclusión social, así como la promoción del respeto de los derechos de aquellos sectores tradicionalmente excluidos.

5. Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional.

6. Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de acciones de ayuda humanitaria.

7. Propiciar la consolidación de gobiernos democráticos, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

8. Impulsar y contribuir con las relaciones políticas, económicas, ambientales, educativas, deportivas y culturales con otros países.

Áreas de cooperación

Artículo 6. Las áreas de la cooperación internacional abarcarán preferentemente las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como la ayuda humanitaria; la capacitación para el desarrollo humano integral; el intercambio humanístico, la asistencia científica y técnica; la acción social, el equipamiento de servicios y el suministro de materiales; apoyo al aparato productivo y a las mejoras en la calidad de vida.

Prioridades

Artículo 7. Las prioridades de la cooperación internacional serán formuladas en torno a los ejes energético, educativo, cultural, científico y tecnológico, social, económico, financiero, comercial, ambiental, penal y deportivo. Las acciones de apoyo en situaciones de emergencia serán expeditas.

Políticas estatales

Artículo 8. Las políticas de cooperación internacional, como expresión de la política exterior del Estado venezolano, buscarán la coordinación y la integración armónica de esfuerzos entre organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, y en general de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, y la sociedad civil dentro del objetivo común de incentivar el desarrollo humano integral, la justicia social y el bienestar de los pueblos.

Instrumentos

Artículo 9. Además de los instrumentos contemplados en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, la política de cooperación internacional del Estado venezolano se pone en práctica a través de las siguientes modalidades:

1. Cooperación energética.

2. Cooperación técnica y científica.

2. Cooperación económica, comercial y financiera.

3. Ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo a los países que atraviesan conflictos armados, instrumentada por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.

4. Educación para el desarrollo y sensibilización social.

5. Transferencia tecnológica.

6. Desarrollo de obras de infraestructura para el bienestar de los pueblos.

7. Cooperación en materia penal.

8. Cooperación ambiental.

Órgano desconcentrado para la cooperación internacional

Artículo 10. Sin perjuicio de las competencias asignadas a otros ministerios, el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá crear un órgano desconcentrado de carácter técnico especial, dependiente del ministerio con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulse el Estado, mediante la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Así mismo ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional en donde participe el Estado venezolano.

Capítulo II

Del Fondo para la Cooperación y asistencia Internacional

Creación

Artículo 11. Se crea el Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, sin personalidad jurídica y como cuenta especial del órgano desconcentrado para la Cooperación Internacional.

Finalidad

Artículo 12. El Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional tendrá como finalidad financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional.

Recursos

Artículo 13. El Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional contará con los siguientes recursos:

1. Las asignaciones contempladas en la Ley de Presupuesto.

2. Los legados, donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras.

3. Los recursos generales por operaciones triangulares orientadas a la cooperación hacia terceros países en desarrollo.

4. Los demás bienes y recursos que, con destino a este fondo se adquieran a cualquier título, de conformidad con la ley.

Reglamentación

Artículo 14. El Ejecutivo Nacional reglamentará la organización y funcionamiento, así como los demás aspectos relativos al Fondo para la Cooperación Internacional.

Capítulo III

De la participación social en la cooperación internacional.

Fomento de la cooperación internacional

Artículo 15. El Estado venezolano fomentará la participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación internacional, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, en esta Ley y su Reglamento.

Organizaciones no gubernamentales

Artículo 16. A los efectos de esta Ley se consideran organizaciones no gubernamentales , tanto nacionales como extranjeras, aquellas organizaciones de Derecho Privado, de tipo asociativo o fundacional, constituidas conforme a las disposiciones establecidas en las leyes que rigen el registro público de documentos que sean receptoras de recursos provenientes de la cooperación internacional y que, además de otras actividades, tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus estatutos, la actuación en materia de cooperación internacional o que realicen actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional.

Las organizaciones no gubernamentales deberán gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, así como disponer de una estructura que garantice suficientemente el cumplimiento de sus objetivos y carecer de fines de lucro.

Sistema Integrado de Registro

Artículo 17. Se crea el Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales como parte integrante del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Inscripción

Artículo 18. La inscripción de las organizaciones no gubernamentales en el Registro previsto en esta Ley es obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países, así como para acceder a los incentivos fiscales contemplados en las leyes que regulan la materia impositiva y tributaria.

Carácter Público

Artículo 19. El Registro de Organizaciones no Gubernamentales tiene carácter público, en los términos consagrados en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Organizaciones no gubernamentales.

Requisitos para su registro

Artículo 20. El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras que realicen actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de su inscripción en el Registro.

Organizaciones no gubernamentales extranjeras.

Legalización de documentación

Artículo 21. Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley, para que las organizaciones no gubernamentales extranjeras puedan realizar sus actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela deberán consignar la documentación sobre su constitución y estatutos debidamente legalizada y reconocida conforme a las normas establecidas en los convenios internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela sobre reconocimiento y legalización de documentos públicos.

Deber de información

Artículo 22. Sin perjuicio de lo que al efecto disponga el Reglamento de esta Ley, las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que operen en el territorio la República Bolivariana de Venezuela, suministrarán a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.

Principio de transparencia

Artículo 23. Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, podrán ser auditadas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Sujeción a la legalidad

Artículo 24 . Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que ejerzan sus actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela están sujetas al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución, en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Dentro del lapso de seis meses, contados a partir de la publicación de esta Ley, los organismos que realicen actividades de cooperación internacional, deberán ajustarse a sus previsiones y a los lineamientos emanados del órgano desconcentrado encargado de la cooperación internacional.

Lapso para reglamentar la Ley

SEGUNDA. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros reglamentará la presente Ley dentro de los noventa días siguientes a su publicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Se deroga la Ley sobre Cooperación Internacional publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.554, de fecha 8 de enero de 1958.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigencia

ÚNICA. La presente Ley entrará en vigencia a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los ----------- días del mes de --------------- de dos mil cinco. Año 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

Informe que presenta la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, a

2006-11-20T06:32:00.000-08:00

Exposición de Motivos

La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de los principios y preceptos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de la atribución que, en materia de la iniciativa legislativa, le confiere a los diputados miembros integrantes de esta Comisión Permanente el numeral 2 del artículo 204 de nuestra Carta Magna, eleva a la consideración de la Plenaria de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, a los fines de su consideración en primera discusión.

La Comisión Permanente de Política Exterior asumiendo la labor que en esta materia le corresponde, presenta este Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional el cual vendría a derogar la vigente Ley sobre Cooperación Internacional de fecha 8 de enero de 1958, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.554, por cuanto su contenido ha quedado desfasado respecto de las transformaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que se han producido, tanto a nivel nacional como internacional en la materia de cooperación internacional. El 30 de diciembre de ese mismo año, mediante Decreto N° 492, se creó la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN). Posteriormente, mediante el Decreto N° 66, de fecha 29 de mayo de 1959, nace la cooperación internacional unida a la planificación, modalidad que fue acogida por la mayoría de los países latinoamericanos.

La propuesta se basa en los principios y preceptos constitucionales, consagrados en los artículos 1, 152 y 153 y tiene como objetivo, además de la actualización de la legislación existente, proporcionar al Presidente o Presidenta de la República una Ley marco que le permita crear los organismos administrativos y financieros necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se lleven a cabo en materia de cooperación internacional.

Simón Bolívar nuestro Libertador, fue el primer integrador, cuando convoca en 1824 al Congreso Anfictiónico de Panamá con el objeto de crear una Confederación de Naciones Hispanoamericanas. El espíritu de unión ha perdurado en el tiempo y hoy a pesar de los intereses transnacionales, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela avanza en la construcción de la Patria Grande basada en los principios del respeto a la soberanía, la autodeterminación, la cooperación, la diversidad, la complementariedad, tomando en cuenta las asimetrías y la solidaridad entre nuestros pueblos.

En el ámbito de la cooperación internacional la política del Estado venezolano se orienta a la búsqueda del equilibrio internacional y la construcción de un mundo multipolar en contraposición al modelo neoliberal y unipolar que busca la internacionalización y potenciación de la acumulación del capital para imponer su hegemonía de pensamiento único por la vía del diseño ideológico de la globalización, ajeno a las culturas, idiosincrasias, e historias de los pueblos del mundo. De allí, que la política exterior venezolana hoy en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas juega un rol de vital importancia, concibiendo la cooperación internacional como medio de desarrollo humano integral, justicia social y bienestar de los pueblos.

La imposición de políticas y regulaciones económicas de corte neoliberal por parte de las potencias hegemónicas mundiales ha producido profundas erosiones al basamento político social de los pueblos en desarrollo, los cuales han reaccionado con firmeza alrededor del mundo, y especialmente en Latinoamérica, dando origen en primera instancia a estallidos y convulsiones sociales y posteriormente, al resurgimiento de movimientos sociales en contra del imperialismo y a favor de la construcción de vías autóctonas de superación de la pobreza, la injusticia y la inequidad. Una de las herramientas más utilizadas de imposición e intervención de las potencias ha sido tradicionalmente la llamada “Cooperación para el Desarrollo”, entendida como dádivas condicionadas a comportamientos subordinados a sus propios intereses geopolíticos y comerciales en el escenario internacional, en adición al mecanismo perverso de la deuda externa y la imposición de recetas económicas profundamente distorsionadoras del ámbito social y humano por parte de entes, tales como: FMI, BM, OMC, y BID.

El fortalecimiento de los movimientos sociales en el mundo y el surgimiento del modelo bolivariano vigente en nuestro país, en particular, es una respuesta clara y expresa de los pueblos ante el fracaso del modelo Neoliberal en Latinoamérica y el mundo, apreciable en su imposibilidad estructural y esencial de dar respuesta a los problemas vitales de la humanidad. La mayor expresión de la voracidad de las políticas neoliberales en nuestro continente es la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), concebida como un área de influencia norteamericana no sólo en los ámbitos económico y comercial sino también político, militar, ambiental y cultural, con miras a un mayor sometimiento de los pueblos de América, vulnerando en el proceso las nociones de identidad nacional, soberanía, autonomía e independencia de los pueblos a través de la supresión práctica de los estados soberanos al privilegiar los intereses de las grandes empresas transnacionales.

La República Bolivariana de Venezuela está desempeñando un papel determinante en la construcción y promoción de nuevas modalidades de integración y flexibilización de esquemas y parámetros para favorecer la inclusión y el acceso de un mayor número de países a la cooperación internacional contribuyendo con ello a la consecución de un mundo multipolar.

La construcción de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y la promoción de los cinco equilibrios por parte de nuestro país ha traído consigo la superación de la crisis económica que arrastrábamos desde los años ochenta con el “viernes negro”, así como la mejora de los indicadores económicos nacionales, fortalecimiento de la OPEP, optimización del nivel de Reservas Internacionales, mejora histórica del nivel de Riesgo-País, ampliación de la atención primaria en salud, suministro alimentario solidario a escala masiva mediante la Red MERCAL, crecimiento de la Inversión, avance sustancial en la cancelación de la deuda social, cumplimiento de las Metas del Milenio en materia de Alfabetización, disminución de los índices de pobreza y desempleo, entre otras muestras tangibles de la pertinencia del Proyecto Bolivariano.

Como expresión de la concepción bolivariana de la integración latinoamericana, y en respuesta a las necesidades insatisfechas de nuestros pueblos surge la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), en contraposición al modelo político y económico tradicionalmente impuesto a nuestra región, el cual no ha solucionando nuestros problemas sociales y ha impedido iniciarnos en la senda del desarrollo. Esta propuesta impregnada de nuestras raíces, costumbres, cultura, idiosincrasia e historia se orienta a la integración basada en la soberanía y autodeterminación de los pueblos, con el propósito de promover la lucha contra la pobreza y la exclusión social, siendo su objetivo principal la preservación de la autonomía e identidad latinoamericana, llevando así bienestar y dignidad a millones de excluidos que han vivido al margen de las políticas estatales como consecuencia del carácter excluyente e injusto del modelo neoliberal.

Como núcleo integral de las iniciativas desplegadas para la construcción del ALBA, se articulan diversas acciones institucionales complementarias, tales como la iniciativa de conformación de la Comunidad Suramericana de Naciones, el Fondo Latinoamericano de Solidaridad, la Carta Social de las Américas, la Misión Milagro, la creación de Petroamèrica (incluyendo Petrocaribe, Petrocentro, PetroSur, PetroAndina, y Gas del Sur), la experiencia de Telesur y la Universidad del Sur, entre otras. Éstas iniciativas convergen en torno a las áreas social, económica, política, cultural y de seguridad y defensa regional, que son de atención prioritaria en la propuesta del ALBA.

El ALBA en su esencia, implica una forma innovadora de concepción de la cooperación internacional, no ya como imposición ligada a la transferencia o intercambio de recursos y asistencia técnica por vía concesional (no reembolsable) otorgada por los países de mayor desarrollo a los llamados países en vías de desarrollo, sino como un medio de desarrollo humano integral, en la búsqueda de la equidad, justicia social, soberanía y bienestar como derecho inalienable de los pueblos. La propuesta integradora del ALBA ya cuenta con un Convenio suscrito entre tres Estados soberanos de la región: Bolivia, Cuba y Venezuela.

Sumado a ello, la puesta en práctica de la visión integradora de Venezuela ha traído beneficios para otros pueblos, como la aplicación de la Misión Milagro en varios países del continente como Nicaragua, El Salvador, Curazao, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, República Dominicana; el Programa de Suministro de Combustible de Calefacción para comunidades pobres de algunas ciudades de Estados Unidos, así como la firma de innumerables instrumentos internacionales en materia de cooperación con distintos países del mundo.

El término cooperación internacional no tiene una definición única válida en todo tiempo y lugar, por el contrario, la interpretación y expresión práctica de este concepto ha variado en función de los acontecimientos históricos y de los lineamientos del pensamiento, políticas y valores presentes en las relaciones internacionales.

En términos generales, puede decirse que la cooperación internacional es el conjunto de actuaciones en el ámbito mundial orientadas al intercambio de experiencias, capacidades y recursos entre países para alcanzar metas comunes basadas en criterios de autodeterminación, solidaridad, equidad, interés mutuo, complementariedad, sostenibilidad y corresponsabilidad. Su fin esencial apunta hacia la erradicación de la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la búsqueda de la sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural, a los fines de contribuir a elevar la calidad de vida de los pueblos.

2. Estructura de la Ley de Cooperación Internacional.

La elaboración de este Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional se hizo mediante la constitución de una Mesa Técnica integrada por representantes de la Vicepresidencia de la República, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, Planificación y Desarrollo Social, Educación, Infraestructura, Integración y Comercio Exterior, Trabajo, Procuraduría General de la República y BANDES.

La adopción de una Ley de Cooperación Internacional supone la oportunidad de articular en un único texto el conjunto de medidas e instrumentos que han ido configurando nuestra política de cooperación. Esta labor de integración normativa de codificación tiene la finalidad de actualizar el marco legal existente, a fin de responder de manera adecuada a una realidad cambiante. Lo mismo cabe decir de los principios y objetivos que inspiran nuestra política de cooperación internacional, que no son los mismos bajo los cuales se promulgó la Ley vigente y que hoy precisan de una redefinición acorde con los retos actuales y a la luz de las previsiones de la Constitución de 1999.

Tratándose de una ley marco, la presente Ley de Cooperación Internacional consta de veinticuatro (24) artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Se organiza en torno a tres ejes fundamentales, que constituyen los tres capítulos en que se integra su articulado. El Capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, define en el artículo 1 el objeto de la Ley y en el 2 su ámbito de aplicación. En los artículos 4, 5, 6 y 7 se establecen, respectivamente, los principios, objetivos, áreas y prioridades de la política de cooperación internacional del Estado venezolano.

El Capítulo II contempla la creación del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, que se encargaría de financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional.

El Capítulo III versa sobre la participación social en la cooperación internacional, estableciendo en su artículo 15 el deber del Estado venezolano de fomentar la participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, nacionales o extranjeras, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación internacional. En tal sentido, se aborda una definición de lo que a los efectos de la Ley debe entenderse por organizaciones no gubernamentales y se establecen las normas generales y las pautas para la creación del registro que las agrupará.

Ecologistas critican restricciones de Ley de Cooperación

2006-11-20T06:29:00.000-08:00

4/11/06

El Universal

Página web: www.eluniversal.com

Un grupo de ONG ambientalistas expresó su rechazo al proyecto de Ley de Cooperación Internacional, pues considera que la propuesta legislativa representa "un freno a la ejecución de programas y un desestímulo a la participación ciudadana".

A través de un comunicado, Aprinatura, Aguaclara, Bioparques y Tierra Viva, entre otras asociaciones civiles, advierten que "de 24 artículos que contiene el proyecto de ley, diez se centran en mecanismos de regulación o restricción de las actividades de las ONG".

Los voceros ecologistas critican la creación del "sistema integrado de ONG", donde de forma obligatoria tendrán que registrarse los colectivos independientes. "Esto representa una condición inhibidora de toda iniciativa para formalizar y legitimar asociaciones civiles que como las ONG ambientalistas, realizan un arduo trabajo signado por la búsqueda incansable de recursos para llevar a cabo los propósitos de protección, educación y generación de cultura ambiental", subrayan.

Los conservacionistas señalan que, de aprobarse el proyecto que aún espera por su segunda discusión en el Parlamento, "se convertirá en un obstáculo que mermará la actuación de la sociedad venezolana en escenarios de cooperación internacional".

Se discute el Anteproyecto de ley

2006-11-20T06:10:00.000-08:00

16/11/06

El Nuevo Día

Página web: www.elnuevodia.com.ve

La cooperación internacional es seriamente discutida por todas aquellas autoridades responsables de aprobar leyes que traten todo lo concerniente a eso. Mucho más ahora que la ayuda por parte de países extranjeros -especialmente norteamérica- está tan vetada.

Éste es el caso de la Ley de Cooperación Internacional, la cual ha sido discutida en ocasiones anteriores en la Asamblea Nacional, buscando que se evite su aprobación sin antes hacerle unas modificaciones en diferentes artículos para que no tenga las consecuencias que los interesados buscan conseguir.

En el aula de conferencias en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, se llevó a cabo el foro para la discusión del Anteproyecto de ley de Cooperación Internacional, donde se trataron temas de interés para la comunidad en general, específicamente para las Organizaciones No Gubernamentales, quienes se verían seriamente afectadas de aprobarse esta ley.

Para Alcides Rafael Magallanes, presidente de la institución que se encarga de velar por los derechos humanos en el estado, no están en contra de la aprobación de la ley, lo que se busca es que se realice una reestructuración en cuanto a información se refiere.

“Las Organizaciones No Gubernamentales no están en contra de que exista una ley que regule todo lo correspondiente a ayuda interna, pero ésta apunta a un excesivo control en empresas universales”.

Magallanes también hizo un llamado a las empresas para que no den la espalda a todas aquellas instituciones que luchan por velar por los derechos humanos de los venezolanos.

Para finalizar, Magallanes aclaró que el proyecto tiene componentes políticos que dejan entrever el verdadero interés del gobierno.