Política de cooperación de Venezuela

Fuente: Ciberamérica

La cooperación Técnica Internacional ha sido, a lo largo de los años, un importante elemento de apoyo al desarrollo económico y social de Venezuela. Ahora, a pesar de seguir siendo importante, se ve complementada por una intensificación de la cooperación hacia el interior del país, a través de la implementación de programas bilaterales y multilaterales.

Coordinación de las políticas de cooperación a través de los organismos estatales
Regulado por el Decreto de creación del Cordiplan y por la Ley Orgánica de la Administración Central, el CORDIPLAN tiene como misión la coordinación, programación y evaluación de la cooperación técnica que recibe y presta el gobierno de Venezuela, tanto de Organismos y Agencias Internacionales, como de Gobiernos Extranjeros e Instituciones Privadas Foráneas.

CORDIPLAN es el organismo que asesora a los distintos ministerios, institutos públicos y privados, y empresas del Estado en la formulación de proyectos de cooperación que promuevan el desarrollo del sector, en estrecha vinculación con los objetivos definidos en el Plan de la Nación.

Pero es, sobre todo, la institución que coordina la implementación de los proyectos diseñados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y que, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, revisa los Convenios de Cooperación existentes y promueve la firma de nuevos Convenios que permita captar mayores recursos internacionales.

Para completar este panorama, la Dirección de Cooperación Técnica Internacional ha realizado un conjunto de acciones que se inscriben dentro de la misión y los objetivos de CORDIPLAN, con el objetivo de orientar la gestión técnico-administrativa que incida en su efectiva capacidad de respuesta a las crecientes demandas en este ámbito y, en general, optimizar la utilización de las fuentes de cooperación técnica dentro de una relativa restricción de recursos exteriores.

Para ello se ha planteado los siguientes objetivos:

- Apoyar el logro de los objetivos planteados en el Plan de la Nación.
- Diseñar las estrategias que permitan multiplicar la captación de los Recursos Internacionales de Cooperación Técnica.
- Asesorar a los Organismos Sectoriales en la formulación de los proyectos susceptibles de recibir cooperación.
- Fortalecer la estructura de Cooperación Técnica existente en los organismos sectoriales (Sistema Nacional de Cooperación Técnica: S.N.C.T.).

Selección de recursos sobre Política de cooperación de Venezuela en Ciberamérica
- Cooperación bilateral
- Cooperación multilateral

Selección de enlaces comentados sobre Política de cooperación de Venezuela
- Detalle de la cooperación de Venezuela
Información aportada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que se pueden observar, a través de gráficos y tablas, los detalles de la cooperación venezolana: sectores, cooperación bilateral, multilateral.

- Tipos de cooperación técnica internacional
Sección del Ministerio de Planificación y Desarrollo venezolano en el que se explican los tipos de cooperación en este ámbito, las diferentes posibilidades que existen, las ventajas de este tipo de cooperación y los organismos con los que se trabaja.

- Programas del Banco Mundial en Venezuela
Página de la oficina del Banco Mundial en Venezuela en la que se analizan los proyectos en ejecución que este organismo tiene en el país sudamericano. También ofrece cifras actualizadas a 2004 sobre la situación de los índices de desarrollo en el país.

- Programas del PNUD en Venezuela
Página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela, en la que se incluye una lista detallada, con su ficha correspondiente, de cada uno de los proyectos que este organismo de Naciones Unidas desarrolla en el país. Se dividen en varias materias: gobernabilidad, tecnología, pobreza, desarrollo humano, medio ambiente y desastres naturales.

Carlos Ponce : Sólo existe en regímenes autoritarios

Ley de Cooperación Internacional coarta libertad de asociación y participación

(Diario 2001, 14.08.06, pag. 5)

Sólo en Bielorrusia, Zimbawe y Rusia existen restricciones a la operación de ONGs. El texto o la Ley de Cooperación Internacional aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, viola ampliamente el derecho de asociación y pone en entredicho “ la democracia participativa y protagónica”: Hablamos de una ley que no tiene ningún sentido, que viola abiertamente principios democráticos y deja de un lado al Estado de Derecho.
Esta afirmación fue hecha por el director general de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, representante ante la Organi­zación de Naciones Unidas de esa organiza­ción y coordinador de una Red de 33 organiza­ciones a nivel nacional, Dr. Carlos Ponce , al ser consultado sobre los riesgos, ventajas y desventajas de este nuevo instrumento legal, que será sancionado en segunda discusión en los próximos meses. “Sería un grave error colocar en una misma Ley la regulación de los recursos que asigna el Estado para la cooperación internacional con las que pueden recibir las asociaciones de la sociedad civil , ya que hay grandes diferencias entre ambas".
Para el Dr. Carlos Ponce, lo que el Gobier­no persigue con dicha Ley, es crear un órgano desconcentrado para dirigir y organizar la coo­peración internacional y un fondo que financiará, a través de un presupuesto ordinario, los programas de cooperación.
“Qué es lo que van a regular, unas 2700 organizaciones en grave estado de subsistencia o las 97 ONGs activas en materia de Derechos Humanos y democracia que, a lo sumo, reciben dos millones de dólares anuales entre todas. De ser así, debería pensarse en una Ley individual para cada empresa mediana que opere en el país porque ellas reciben muchos más recursos internacionales y mayor riesgo de actividades ilícitas".
Este instrumento -expresó el Dr. Ponce­ plantea una segunda parte que es muy peligro­sa para la sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil ; pues establece que, además de los trámites exigidos normalmente para que las ONGs adquieran personalidad jurídica, deben inscribirse y obtener autoriza­ción de funcionamiento en un sistema de registro manejado por el Gobierno, para poder tener el reconocimiento del Estado y realizar actividades de Cooperación, recibir fondos e incluso funcionar.
“Se ha creado una ficción en cuanto a la cooperación internacional y las ONGs, reco­miendo primero revisar con bases ciertas la situación actual. La República Bolivariana de Venezuela, por ser un país petrolero con altos ingresos no es prioridad de la cooperación internacional, lo que llega al país son pequeñí­simos aportes para áreas especificas y bajo proyectos rigurosamente monitoreados, con­trolados y auditados”.
Dicho texto -manifestó- obliga a las ONGs a suministrar al Gobierno toda su documentación y archivos asociativos, informar sobre su gestión, el destino y fuente de sus recursos, lo que se pretende es el control com­pleto de las ONGs en Venezuela, limitar sus actividades y controlar sus fuentes de financiamiento. Y me pregunto, en casos de personas que denuncian violaciones de Derechos Humanos por parte de cuerpos policiales y cuya información debería ser reservada, no estaríamos con esta nueva Ley poniéndolos en riesgo al hacer público toda su información?
No ponemos en duda la potestad del Estado para regular, pero estas normas tienen que tener una lógica regulatoria, así como un res­peto del marco constitucional y de los Derechos Humanos. Además que, como mínimo, deberían haber consultado a los mayores afec­tados que son las organizaciones, las empresas, los organismos de cooperación y los beneficiarios de nuestro trabajo que son muchos, pero hasta la fecha no ha existido ninguna consulta. No hablamos de una Ley que afectará sólo a algunas ONGs sino que tendrá incidencias negativas en miles de comunidades que reciben la atención con servicios sociales , educación, formación comunitaria y protección para sus derechos, de igual forma sus efectos negativos se expanden a universidades empresas privadas, iglesias, organizaciones comunitarias.

Ley de Cooperación Internacional restará autonomía a las ONG

Diario El Carabobeño, 11.08.06

Caracas, agosto 10 (REDACTA).- Ante una posible aprobación de la Ley de Cooperación Internacional que están discutiendo en la Asamblea Nacional ( AN), los expertos en organizaciones no gubernamentales (ONG) concluyen que, de llegarse a aplicar la normativa legal, las organizaciones sin fines de lucro que existen en Venezuela perderán su autonomía.
Para Milos Alcalay, la posible aprobación de esa ley resulta contradictoria, pues "se busca regular una cantidad de recursos que reciben las ONG, cuando en Venezuela existe un gobierno que se encarga de regalar el dinero de la bonanza petrolera sin ningún control, aquí no hay las garantías de que ese dinero que dona sea realmente administrado".
A juicio de Alcalay, la ley es un "embudo" donde no hay control por parte del Gobierno, pero crea una superintendencia la cual, a través de sus reglamentos, "hostiga a las organizaciones civiles para que estén vigiladas todo el tiempo ". (LR)

Polémico debate sobre las ONG

Aira Maya

(Ultimas Noticias, 07.08.06, pag. 16)

Caracas. La polémica ronda la discusión sobre la Ley de Cooperación Internacional que se encuentra en proceso de consulta, en primera discusión, dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, por cuanto se establece un capitulo sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) lo que ha creado suspicacia y a levantado la voz de alerta.
Frente a éste panorama, el presidente de dicha comisión el diputado Saúl Ortega Campos , se adelantó en destacar que en ningún momento se pretende cuarta la libertad y creación de dichas organizaciones, sino por el contrario crear un mecanismo que las regule para permitir un mejor funcionamiento.
Resaltó que en un proceso de consulta hecha con las universidades Metropolitana, Católica Andrés Bello, la Bolivariana y la Central de Venezuela , se logró despejar las sombras que circundan la ley, las que argumentó obedecen al surgimiento de una matriz de opinión proveniente de la CIA.
El parlamentario enfatizó que se reunirán con las ONG que hace vida en el país, para igualmente aclarar los alcances de la normativa, en el mes de septiembre ,y se realizará un encuentro con todos los embajadores de aquellos países con los que Venezuela tiene relaciones de cooperación bilateral para aclarar detalles.

Regulación. Por su parte, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Gerardo Fernández, insistió que lo que se busca es regular o limitar el funcionamiento de éstas organizaciones debido a que se esgrime la posibilidad, por parte del Estado, de aprobar o no, el dinero extranjero que nutre a las mismas, por medio del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional.
El Estado entonces será el que otorgue la buena pro, para que las organizaciones no gubernamentales puedan actuar en territorio nacional, sin embargo habrá que esperar la discusión final del proyecto de ley.
Los articulados más álgidos se encuentran en el capítulo III, en el cual se conceptualizan a las organizaciones no gubernamentales, es decir se detalla sus objetivos y se expone la creación de un sistema integrado de registro.
En tal instancia todas las ONG deberán estar inscritas, por cuanto "es obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano".

Academia. La discusión también ha copado algunas instituciones educativas, como por ejemplo en la Universidad Católica Andrés Bello, en donde el pasado mes de julio se efectúo un debate álgido con respecto al tema, donde participaron representantes de las ONG y expertos en el área.
Algunos representantes de las ONG indicaron estar a la espera del informe final de tal normativa para emitir opiniones al respecto, sin embargo se adelantaron en señalar que el Estado "pretende poner la mano" a éstas organizaciones para influir en sus actuaciones como veedores.

ONG's bajo control

Juan M. Raffalli A.

(El Universal, 23.07.06, 2/10)

ES IMPORTANTE ADVERTIR sobre el efecto que tendría sobre las ONG's el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, de aprobarse como está. El mismo pretende regular la cooperación internacional que presta el Gobierno de Venezuela en el exterior, lo cual hoy más que nunca necesario, pero también regula las actividades que realizan en el país, con ayuda de fondos internacionales las ONG's, incluso las constituidas en Venezuela. Seguidamente, en apretada síntesis, destacamos los aspectos relevantes del proyecto para que usted se forme su propia idea al respecto. Luce oportuna esta información pues, a no dudarlo, las ONG's son una pieza fundamental para el ejercicio y defensa de los derechos ciudadanos, empezando por aquellos de rango fundamental como son los derechos humanos.
Se aplicaría a todas las acciones y programas de cooperación internacional que impliquen la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación del talento humano y recursos materiales, económicos, financieros; tanto del ámbito público como del privado, desde el exterior hacia Venezuela y viceversa.
Regula la cooperación internacional de Venezuela hacia otros países y define bajo qué parámetros y criterios debe producirse la misma. Se crea un órgano desconcertado para ejecutar las políticas y planes de cooperación internacional desde Venezuela, incluyendo la administración de los recursos. También se crea un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos y acciones de cooperación técnica y científica.
Se crea un registro obligatorio y público de comunidades organizadas, organizaciones públicas no estatales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales que realicen actividades de cooperación internacional. Salvo la consignación de los estatutos, los requisitos para la inscripción se desconocen, pues serán fijados en un reglamento que debe dictar el Presidente dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la ley.
Además de registrarse, todas las ONG's y demás instituciones que realicen actividades de cooperación internacional que operen en Venezuela, deberán suministrar a las autoridades competentes información sobre su constitución, actividades, origen, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.
Se concede un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley en la Gaceta Oficial para que las ONG's y demás instituciones que realicen actividades de cooperación internacional se ajusten a la misma y a los lineamientos que dicte el Organo Desconcentrado que las fiscalizará.
Es evidente que la creación de un registro obligatorio y el tipo de información que se les exigirá a las ONG's, supondrán vehículos suficientes para lograr un estricto control y fiscalización de las mismas, lo cual limitará su campo de acción e inhibirá en la mayoría de los casos los aportes privados que les permiten subsistir, suponemos que realmente ese puede ser el objetivo clave. La mayoría de las ONG's son aliadas naturales del Estado en la consecución del beneficio colectivo, controlarlas de manera amenazante es simplemente torpe e inaceptable, por ello este proyecto debe ser revisado y moderado con urgencia, pero ello sólo será posible si la sociedad lo exige.

Viola normativas internacionales al restringir la libertad de asociación

Proyecto de Ley de Cooperación Internacional es inconstitucional

Moisés G. Hernández
El Carabobeño, 16.07.06, 3/A

El pasado 13 de junio, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) por violar la normativa constitucional y tratados externos suscritos por la República, dado que va en contra de los principios de libre asociación, es decir, un valor fundamental de los derechos humanos.
La Ley tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general, de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación internacional” (Art. 1).
La normativa se aplica “a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales humanos, económicos, financieros, desde el exterior de la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior” (Art. 2).
La nueva legislación, que de ser sancionada controlaría las actividades de las asociaciones civiles, sea cual sea su ámbito de acción, contempla la creación de un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, para financiar las actividades que realice la República en el ámbito de la cooperación externa, así como también el Sistema Integrado de Registro de ONG, como parte del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las ONG, tanto nacionales como extranjeras, “que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”. (Art. 17).
Dicha inscripción es “obligatoria y constituye una condición indispensable pata ser reconocidas por el Estado venezolano”. (Art. 18).
Para Gustavo Sosa Izaguirre, abogado constitucionalista y vicepresidente de la Red de Asamblea de Ciudadanos de Venezuela, esta es una “manifestación evidente de secuestro de todas las posibilidades de disidencia de un régimen que cada vez toma más cuerpo de totalitario, hegemónico y con visos dictatoriales”.
El abogado plantea que el texto legal transgrede las disposiciones de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos humanos, pero especialmente los artículos 52 y 53 que establecen el libre derecho de asociarse con fines lícitos.
“Todo esto es parte de una secuencia que va definitivamente dirigida a secuestrar todos los espacios de libertad reservados tradicionalmente al sector privado”, sostiene Sosa Izaguirre, y cita leyes recientemente aprobadas como la que reforma el Código Orgánico Procesal Penal, la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley de Ilícitos Cambiarios. “Esa es la característica de los regímenes comunistoides, para que la gente restrinja la actividad y que la gente se limite por miedo. La Ley de Ilícitos Cambiarios sancionó hasta la tenencia de dólares y reservó al Estado el monopolio de entrega de divisas, para hacer dependiente cada día más del régimen, al sector privado y a la sociedad civil”.

Ley “hipócrita”
Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la directiva de asociación civil Asamblea de Educación, asevera que esta “es una ley sumamente hipócrita, porque de una manera descarada el gobierno apoya a organizaciones civiles que son pro gobierno, y aunque eso no lo critico, creo que también pudiera aportar financiamiento a organizaciones civiles neutrales de larga trayectoria, u organizaciones civiles que critiquen al gobierno”.
“Yo diría -continúa Carvajal- que es mucho más importante para los venezolanos una ley que controle el flujo de dinero al exterior. Por ejemplo, una cooperativa quiebra en Uruguay y entonces él (Hugo Chávez) manda al Bandes a que la compre. Eso es mucho más delicado. Yo le digo a Hugo Chávez que si él ha cacareado tanto la masacre que hubo en 1989 a propósito del Caracazo y dice que le duele mucho, no puede ser tan hipócrita, porque Cofavic es una ONG que nació justamente para defender a las víctimas y necesita financiamiento que no se lo da el Estado venezolano por una simple razón, porque le toca actuar en contra del Estado, porque fue el que perpetró esta masacre”.
Además, refiere que cuando era candidato presidencial, entre 1998 y 1999 “recibió un millón y medio de dólares del Banco Bilbao Vizcaya para fines políticos electorales”.
El proyecto “está dentro de la tendencia de copar todos los espacios. El gobierno se llenó la boca con el concepto de democracia participativa, pero trata de asfixiar cualquier tipo de participación que sea crítica, con lo cual revela un espíritu no democrático”.
“No es ningún delito recibir donaciones. Aquí se ha querido hacer ver que Súmate ha incurrido en delito porque ha recibido recursos de una ONG internacional”, manifiesta Sosa Izaguirre.

Inconstitucional
Recientemente, casi un centenar de ONG suscribieron un comunicado difundido a la colectividad de todo el país, en el que manifiestan, entre otras cosas, que lo que se busca es “crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas” sobre la actuación de estas organizaciones.
Si bien no se oponen al control que como personas jurídicas deben cumplir, sus directivos no entienden el motivo, al menos legal, por el que se establece la creación de un registro.
Para poder funcionar legalmente, estas asociaciones cumplen con obligaciones como el registro civil, cumplimiento de los deberes tributarios, como por ejemplo, el IVA, Impuesto sobre la Renta, ordenanzas municipales, reglamentos laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Ley del Seguro Social Obligatorio. Para conseguir las divisas se rigen por el Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Además, deben cumplir con las obligaciones sanitarias, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales.
Por eso, María Teresa “Mate” Gómez, coordinadora de Súmate en Carabobo, afirma que “es falso que exista la necesidad de promulgar un marco normativo que rija las actuaciones de las ONG”, pues ya existen leyes que regulan al sector.
“Es bueno resaltar que las organizaciones no nos estamos poniendo en contra de presentar y rendir cuentas, más bien somos organizaciones que impulsamos y practicamos desde hace muchos años las actividades que puedan mostrar, de manera transparente, lo que hacemos”, acota Deborah Van Berkel, vicepresidenta de Sinergia, red de asociaciones que ayuda a los sectores de bajos recursos.
“Se ponen más trabas, más limitaciones para que el ciudadano pueda asociarse en instancias que le permitan ejercer su derecho a participar y actuar en asuntos de interés público. Justamente entra en contradicción con la Carta Magna”, opina Van Berkel.
“Lo que no se ve claro es la regulación del Estado como cooperante, cuando usa discrecionalmente el dinero de los venezolanos en la cooperación internacional”, refiere Gómez.

A pesar de todo no desaparecerán
Carvajal expone que “la vocación de servicio social no se le puede quitar a la gente, y yo digo que van a tener que trabajar con muchas más dificultades pero no se darán el gusto de cerrarlas tan fácilmente. Habrá que recurrir a la solidaridad de los venezolanos”.
Elba de Diamante, coordinadora de la ONG valenciana Mujeres por Venezuela, sostiene que lo más seguro es que esa organización, fundada para defender los valores democráticos, no estará avalada por el gobierno. Sin embargo, considera que las asociaciones de la sociedad civil “no deberían desaparecer”, a pesar de que estarán “controladas como los medios, con la limitación de sus acciones”.

Se desconocen tratados internacionales
María Teresa Gómez, coordinadora de Súmate Carabobo, asegura que este texto legal además de violar la Constitución Nacional, contraría los tratados suscritos por Venezuela en el ámbito internacional.
Los acuerdos desacatados son los siguientes: Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos (Art. 16.2), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 22.2), Carta Democrática Interamericana (Art. 6), y las Declaraciones sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, contenidas en la Resolución 53-144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1998, en sus artículos 12.2, 13 y 17.

ONG alertan a comunidades sobre riesgos de ley de cooperación

Elizabeth Núñez Rivero

El Nacional (16.07.06, A/6)

Más de 30 organizaciones y algunos de sus beneficiarios se reunieron para conocer y reflexionar sobre las repercusiones del proyecto legislativo. La mayor preocupación es que con ese instrumento se limite la autonomía de su trabajo.

Una jornada de reflexión sobre el proyecto de ley de cooperación internacional, convocada por el Foro por la Vida en el Colegio Jesús Obrero de Catia, fue suficiente para que Alejandra de Blanco, cuyo esposo despareció durante la tragedia de Vargas, se preocupara por el futuro de su caso, que ahora ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias al trabajo de Cofavic.
Para Alejandra de Blanco, lo más preocupante es la posibilidad de que con una ley como esa la ONG que la ha ayudado gratuitamente desparezca. “Sería como cerrarme las puertas. A mí no me ha ayudado la Defensoría del Pueblo; en tribunales siempre está Cofavic”, aseguró, y agregó que no tenía ni idea de los que podría suceder de aprobarse el proyecto de ley de cooperación internacional.
La preocupación que rodea al instrumento es grande y tiende a multiplicarse mientras más organizaciones no gubernamentales y sus beneficiarios conocen lo que se estipula en el documento y sus consecuencias.
La oportunidad de hablar sobre el proyecto, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, fue aprovechada por 33 organizaciones no gubernamentales y más de 170 personas que se reunieron para proponer acciones que se podrían emprender.
En la jornada hubo quien sugirió tocar cada puerta en las comunidades –al estilo de las UBE– en las comunidades humildes para explicar el alcance del proyecto de ley; otros abogaron por buscar apoyo a través de canales diplomáticos, o incluso manifestar públicamente en contra de una normativa que juzgan podría terminar con el trabajo de las ONG.
Para Edgar Carrasco, director de Acción Ciudadana Contra el Sida, la preocupación común entre las ONG es la autonomía: “Las organizaciones que trabajamos en el tema de derechos humanos, de plano, cuestionamos la gestión de entes del Estado, cómo vulneran derechos humanos”. A esto sumó el trabajo con organizaciones internacionales cuestionadas por el Gobierno, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
“Tener un fondo gubernamental que colecte y administre los recursos es muy complejo, porque la agenda de cooperación venezolana atiende a un proyecto político, así se limitarían los recursos. Además, ¿Quién auditaría un fondo cómo ese?”, reflexionó.
El director del Centro Gumilla, José Virtuoso, destacó la necesidad de que el trabajo en este proyecto –que a su juicio no estimula la participación de los ciudadanos – sea lo más amplio posible.
“Esto no lo puede decidir sólo la Asamblea Nacional, tiene que discutirse con todos los grupos ”, señaló, y agregó que en muchos casos –no sólo en Venezuela sino en el resto del mundo– es el financiamiento y la “solidaridad internacional” los que permiten las actividades de las ONG.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, advirtió que el proyecto “cercena la posibilidad de que las organizaciones actúen de manera libre y autónoma por la vaguedad que tiene el texto y por los artículos que prevén la posibilidad de auditorías, no sólo financieras”. Agregó que las organizaciones manejan información confidencial sobre sus beneficiarios, por ejemplo, quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Para Ortega no sólo estarían afectadas las ONG sino toda la sociedad, pues no se podrá hacer seguimiento con libertad a las políticas públicas del Estado. Indicó que más de 90% del trabajo de las organizaciones de derechos humanos depende de la cooperación internacional, “que tiene que ser lícita y para eso existe en Venezuela suficiente legislación”.

La cooperación internacional irá a debate técnico

El diputado Saúl Ortega reta a las ONG a que demuestren presunta inconstitucionalidad del instrumento legal

Dorys Villarroel
(El Mundo, 15.07.06, pag. 2)

La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional promueve una evaluación técnica del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, para demostrarle a los adversarios del instrumento, que el Legislativo solo intenta “poner orden” en la materia y el interés del gobierno “no es controlar” sino ayudar.
Así lo asegura el presidente de dicha instancia parlamentaria, el diputado Saúl Ortega, quien anunció la realización de talleres e instalación de mesas de trabajo con representantes de organizaciones no gubernamentales.
“Próximamente convocaremos a todas las organizaciones civiles del país, acreditadas legalmente para representar a sectores de la población en materia de derechos humanos y labor social en general, así como a representantes de las universidades para que evalúen, frente a nuestros técnicos este importante proyecto.
Que vengan sus técnicos y hablen al respecto”, dijo el parlamentario.
Para Ortega, sería importante revisar dónde está la inconstitucionalidad que acusan en la Ley de Cooperación Internacional.
Asegura que a través de un debate objetivo y transparente se logrará el consenso nacional sobre la ley, porque al final, las propias ONG agradecerán al Parlamento la iniciativa de registrarlas y distinguirlas frente a la sociedad para contrarrestar clones y franquicias de derechos humanos que hoy las desacreditan.
De acuerdo a lo planteado por el presidente de Política Exterior de la AN, el mes de octubre será cumbre para el debate técnico que se propone respecto a la citada ley, lo cual significa que su aprobación en segunda discusión y sanción definitiva no se producirá, por ahora, ni durante el primer ciclo de sesiones ordinarias de la AN de 2006, que culmina este mes.
El diputado Saúl Ortega también recordó, que el Sistema de Registro Integral de las ONG no es el único planteamiento de la Ley de Cooperación Internacional, ya que en el instrumento se norman todos los agentes de cooperación del Estado, con base en la Constitución.
Representantes de más de sesenta organizaciones no gubernamentales, agrupadas en Sinergia y Foro Por La Vida, pidieron ante la AN que se establezca un cronograma de trabajo establecido en esa comisión para la discusión del anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional. Están dispuestas a participar activamente en el debate por considerar que el instrumento legal “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no gubernamental del país”.
Además, advierten que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional “no puede convertirse en una camisa de fuerza para limitar, restringir o condicionar el derecho de asociarse libremente para participar activamente en la vida nacional ”.

La paradoja de la Ley de Cooperación Internacional

Sara Mier y Terán Ojeda
El Siglo, 12.07.06

Las asociaciones civiles sin fines de lucro u Organizaciones No gubernamentales en general, constituyen grupos humanos dedicados a diferentes actividades que escogen como objetivos, la atención de los sectores más vulnerables de la población, la promoción de fórmulas para la solución de problemas que afecten la calidad de vida y bienestar de los pueblos , la promoción y educación en derechos humanos, la paz, la democracia, las libertades, la justicia social como valores fundamentales de la sociedad, la atención de situaciones de emergencia, desastres y contingencias, la inclusión y la igualdad entre otros, conformada por grupos profesionales, miembros de las diversas comunidades que prestan su tiempo sin ninguna contraprestación que el deber cumplido consigo mismo y con la sociedad.

Su labor desde hace muchos años ha sido reconocida por todos los colectivos que han visto en estos grupos de la sociedad, una alternativa para la búsqueda de solución a sus conflictos, una vía de acceso a los organismos de la administración pública para el ejercicio de sus derechos, unos aliados ante las situaciones injustas que menoscaban derechos individuales y colectivos, una alternativa de crecimiento como ciudadanos ante la ausencia de representación ante los órganos del Estado y ante las instancias de poder.

Por ello vemos con suma preocupación la aprobación el pasado 13 de junio, en primera discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que por una parte le da toda la discrecionalidad al Presidente de la República en el manejo de los recursos del Estado venezolano al exterior legalizando la ayuda indiscriminada, sin ningún debate público ni control del dinero que ha venido otorgando a distintos países y por otra parte, establece un régimen jurídico que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que realicen actividades en Venezuela. De acuerdo a este texto, se crearán organismos administrativos y financieros destinados a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se llevan a cabo en materia de cooperación internacional. Es así como los objetivos, actividades y fuentes de las ONG, serán reguladas y controladas por el Estado. Las normas son consideradas de orden público y de estricto cumplimiento, estableciéndose un plazo a las organizaciones no gubernamentales para su adecuación a las normas que por vía de reglamento, le serán impuestas.

Quiere decir, que aparte de toda la normativa que rige el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil cuyo basamento jurídico lo encontramos en el Código Civil que regula todo lo concerniente a su constitución; en los deberes tributarios: registro, libros, soportes y declaraciones de impuestos nacionales y en su caso municipales, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley Sobre el Impuesto al Valor Agregado-IVA-, ordenanzas municipales sobre impuestos a inmuebles urbanos y tasas de aseo urbano; en las obligaciones laborales, incluidas las referidas a salarios mínimos y aumento de salarios; las que rigen las obligaciones de inscripción de empleados en el Seguro Social y de las cotizaciones correspondientes; las normas de regulación del actual control de cambio para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional y para la obtención de autorizaciones para la compra de divisas aparte de las normas de carácter sanitario, de bomberos y urbanísticas contenidas en las distintas ordenanzas municipales, deberá ahora cumplir con todos los requisitos que imponga tanto la nueva Ley como el Reglamento que deberá promulgar el Presidente de la República en los noventa días después de la publicación de la Ley.

De acuerdo con toda esta normativa, las ONG en Venezuela están en la actualidad sujetas a inspección y vigilancia de las autoridades administrativas encargadas de vigilar su cumplimiento tales como el Seniat, el IVSS, la Inspectoría de Trabajo , Inpsasel, Cadivi, ingenierías municipales, Cuerpo de Bomberos, etc. La Ley de Cooperación Internacional abundará en una serie de requisitos que pudieran convertirse en obstáculos o interferencias que pudieran impedir o entorpecer el funcionamiento autónomo de estas organizaciones y el ejercicio normal de sus actividades.

En este orden de ideas, es necesario recordar que cualquier regulación especial que pretenda imponer el Estado, deberá cumplir con el contenido y límites establecidos en la Constitución como en los instrumentos internacionales aplicables que reconocen el derecho de asociación, que comporta la obligación del estado de facilitar el ejercicio de ese derecho. No cualquier limitación o restricción al derecho de asociarse, incluso hecha por la ley, resulta aceptable bajo la Constitución y los instrumentos internacionales. En este sentido, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o regulación ya que las únicas aceptables, son aquellas "que sean necesarias en una sociedad democrática ", tal como lo reconoce la Convención Americana, (artículos 16.2 y PIDCP, artículos 22.2). En una sociedad democrática , el Estado no sólo debe tolerar la libre actuación de las ONG sino que debe garantizarla, protegerla y facilitarla, como expresión de pluralismo, tolerancia, participación y libertad de expresión.

Las ONG de derechos humanos y de desarrollo social que brindan atención a los sectores más vulnerables de la población, son las más afectadas por estas nuevas disposiciones. La mayoría de ellas nacieron bajo los gobiernos de la llamada Cuarta República y muchos de sus miembros fueron objeto de persecución u hostigamiento. Sin la protección y apoyo nacional e internacional que ahora existe, han cumplido una importante y reconocida labor. Algunos de los que hoy destacan como Diputados y

Gobernadores, otrora fueron defensores de derechos humanos. Hoy, estos mismos personajes pretenden castigar a una serie de organizaciones que no comulgan con el proyecto bolivariano y meten en un mismo saco a todas las ONG sin tomar en cuenta que la promoción y protección de los derechos humanos configura el ejercicio de un derecho y un deber reconocido en la Constitución, por instrumentos internacionales tanto de la ONU como de la OEA y es deber del Estado garantizar las actividades de promoción y protección de derechos humanos.

En resumen, ante la Ley de Cooperación Internacional, denunciamos que:
1. No existen suficientes justificaciones para dictar normas que aumenten los controles públicos a las organizaciones civiles.
2. El derecho de asociación se ve coartado en este proyecto de ley. Los beneficiarios que son los sectores más desfavorecidos serán los más perjudicados.
3. El proyecto pretende aplicar las mismas reglas a la cooperación que el estado otorga y recibe y la cooperación que reciben las organizaciones civiles.
4. El Estado a través de la creación de un Fondo de Cooperación, pretende administrar los recursos de las ONG
5. El estado pretende fijar las prioridades y objetivos de los proyectos que recibirían cooperación internacional.
6. El proyecto limita y restringe el ejercicio de derechos constitucionales y humanos a la asociación y participación en los asuntos públicos.
7. El proyecto nace de la idea negativa de que todas las asociaciones civiles son contrarias a los intereses del estado y al conjunto de la sociedad venezolana.
8. La ley es ambigua y contradictoria pues por una parte le da toda la discrecionalidad al Ejecutivo Nacional para disponer de los recursos que nos pertenecen a todos los venezolanos y por la otra restringe la posibilidad a los venezolanos que puedan ser objeto de apoyo internacional.

Las ONG integrantes del Foro por la Vida , de desarrollo social y promoción humana, han hecho circular un documento pidiendo la solidaridad de todo el país para que se revisen todos los aspectos que limitan el ejercicio de derechos fundamentales.

¿La sociedad fuera de la Ley?

Juan Martín Echeverría
El Universal, 09.07.06

JAMES MADISON, uno de los fundadores de la democracia americana, insistió en que hace falta un grado de separación para garantizar un gobierno libre, ya que éste no puede mantenerse, en la práctica, sino cuando existe entre los tres poderes un espacio suficiente de interacción, para conferir a cada uno de ellos medios de control sobre los otros dos; ello explica la aprobación del Senado estadounidense para confirmar a los jueces federales y a los altos funcionarios, que además son sometidos a una minuciosa investigación. En la concentración de poder está el origen de la corrupción, los abusos y la impunidad.
LA GRAMATICA POLITICA del oficialismo, en este largo proceso de transición, es siempre la misma, el opositor blando es aceptado bajo rigurosa vigilancia y el adversario político sólido se convierte, tarde o temprano, en un enemigo y traidor a la Patria. Como puede apreciarse, inevitablemente las políticas hegemónicas establecen un vocabulario, una estrategia y una metodología de persecución y discriminación, encaminadas a reducir a su mínima expresión cualquier forma de disidencia.
Por ello, y en estos contextos, la sociedad civil está siempre amenazada, porque su movilización y sus capacidades de acción significan el crecimiento y la diversificación de las agrupaciones cívicas en el interior de la sociedad, mayor vitalidad corporativa y la activa presencia de los ciudadanos ; en resumen, reforzar la sociedad civil es quitarle a la política su desmesura, llevándola a tierra, limando sus equivocaciones y desafueros. En definitiva, una sociedad fuerte es garantía de democracia.
LA ASAMBLEA NACIONAL está discutiendo actualmente el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, con el objeto de controlar el financiamiento de las organizaciones civiles sin fines de lucro, que son por supuesto la punta de lanza de la sociedad civil por su independencia del Estado y de las organizaciones partidistas. Es esencial resaltar que las ONG son poderosas en las sociedades desarrolladas, y su propósito es denunciar las violaciones a los derechos humanos, a los menores , a la mujer y el medio ambiente, como un contrapeso a los excesos de los particulares y los gobiernos.
La corrupción es el resultado de la concepción del poder como un fin en sí mismo, también del activismo exagerado en la política, y de la confusión de espacios entre el interés público y el beneficio indebido de quienes se lucran a la sombra. En este orden de ideas, sin partidos políticos no hay pluralismo y, ante una etapa de profunda decadencia partidista, sólo queda el muro de contención de las organizaciones civiles sin fines de lucro, cuya finalidad es detectar, denunciar y solicitar sanciones, frente a las irregularidades y los delitos.
LA BASE DE SUSTENTO de la democracia es que el poder esté bien repartido y "sin acaparamientos absolutos", que ponen en riesgo la libertad de los ciudadanos y los intereses colectivos. La línea de reforzar la sociedad civil , implica robustecer las organizaciones populares distintas a los partidos políticos, creando nuevos modelos de organización cívica, todo con la manifiesta intención de proteger las libertades, generando una capacidad de resistencia social frente a las desviaciones y perversiones del poder. Dentro de ese criterio, hay que profundizar los mecanismos de descentralización, regionalización y participación del poder local.
El proyecto de Ley de Cooperación Internacional es un intento maquiavélico para callar la voz y la movilización de la sociedad civil.

juanmartin@cantv.net

Los más desprotegidos serán también los más afectados

Voces no gubernamentales

El punto fundamental de las organizaciones que promueven los derechos humanos y de desarrollo social es que benefician a individuos tradicionalmente excluidos cuya calidad de vida ha empeorado aún más por alguna circunstancia particular. En la práctica, la labor de estas asociaciones se traduce en intenso apoyo legal, sicológico, comunicacional, asistencial e incluso financiero, si es necesario. Los testimonios que respaldan su labor son de diversa índole. Dos de ellos cuentan hoy su historia

GIULIANA CHIAPPE
EL UNIVERSAL, 09.07.06

Son sólo tres letras pero podría encerrar un diccionario entero de acepciones. Juntas, la O, la N y la G, engloban a centenares de entidades que, a su vez, se multiplican en una espiral de ayudas y funciones que benefician a desprotegidos y relegados de la sociedad civil.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son, precisamente, entes que no dependen de las autoridades de su país para funcionar. Además de saltarse la burocracia intrínseca de todo gobierno, financian sus operaciones con recursos que obtienen de fuentes externas, lo que las blinda en su autonomía. Al menos así es hasta los momentos.
El proyecto de ley que amarraría las ONG a las decisiones del Gobierno y a normas y reglamentos que a su entender redactaría el Ejecutivo, centralizaría inclusive los fondos que donan organismos de otras naciones para su funcionamiento.
Las ONG que hacen labor en Venezuela cada día se sienten amenazadas. Consideran que el proyecto jurídico es anticonstitucional, porque atenta contra derechos garantizados en la Carta Magna; ilegal, porque se salta instancias jurídicas establecidas y que, incluso, contradice acuerdos universales que ha suscrito el país, bajo la égida de las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, ONU y OEA.
Todo eso, que ya es bastante, son violaciones de la teoría. En la práctica, las organizaciones no gubernamentales piensan que se trata de una especie de sentencia de muerte. Las más afectadas serían aquellas que se dedican, con énfasis, a la protección y promoción de los derechos humanos y de desarrollo social.
Pero las ONG no son sólo sedes y organigramas. También son rostros que pocas veces se dejan ver. Más allá de la figura emblemática de la organización, están las personas que se benefician, sin rodeos, del trabajo de las ONG. El apoyo que han recibido es de diversa índole. En lo que suelen coincidir es que son personas desprotegidas o discriminadas, que por sí solas no pueden hacer valer sus derechos. Hoy, dos de ellas cuentan su historia en un intento individual de defensa de las ONG que los han ayudado.

Justicia posmórtem
Con dos tiros y mucha maldad, hace cinco años le cambió la vida a Graciela Fajardo , en aquel entonces un ama de casa de 56 años de Anzoátegui. El 20 de abril de 2001, mataron a su hijo Luis Gregorio Ojeda Fajardo con tal desfachatez que se hace difícil dudar de abuso de la fuerza por parte de la autoridad.
La casualidad quiso que los últimos momentos de su hijo estuvieran rodeados de periodistas y testigos, pues los hechos ocurrieron primero al frente y luego adentro de la Universidad de Oriente, durante un evento académico importante, lo que le dejó una secuencia de fotografías entre las que se contempla cuando sube, esposado, a una patrulla de la Policía de Anzoátegui, con un par de funcionarios a su lado. Subió entero y caminando. Una hora después se moría sobre el piso del Hospital de Barcelona, con dos tiros, las muñecas fracturadas, hematomas en todo el rostro y parte del cuerpo, una quemadura de revólver hirviendo encima de la ceja y el hueso de la frente hundido a golpes.
A pesar de los testigos, las pruebas gráficas y las evidencias que apuntan a que se trató de una confusión de hombre y a un abuso policial, Graciela tiene cinco años tratando de "hacer justicia" en nombre de su hijo. Y es en este periplo en el que Comité de Familiares de Víctimas, Cofavic , ha sido un apoyo fundamental para acercarla a la justicia.
"No se trata sólo de mi caso. Cofavic , al igual que muchas otras ONG, han sido fundamentales para el desarrollo justo de mi caso y el de muchos otros en Anzoátegui. Cofavic nos ha orientado sobre cómo acudir a las instancias, qué llevar, cómo hacer, nos apoyan, nos llaman, nos acompañan, nos dan ayuda legal".
Cofavic les ha ofrecido orientación en tres aspectos básicos: legal, con un equipo de abogados que las guían y ayudan con los trámites jurídicos; psicológico, para que puedan encarar las pérdidas y superar las frustraciones por el tiempo perdido y la falta de respuesta de las instituciones; y de comunicación, con profesionales que las orientan hacia cómo plantear su posición ante la opinión pública.
"Todo es gratis. Eso es importante porque la mayoría de a quienes nos ha caído esta desgracia (muertes cercanas por abuso policial) somos personas que no tenemos mucho dinero. Pero Cofavic nos da una ayuda solidaria, humana", da fe Graciela Fajardo , quien continúa: "Nosotras nos sentimos protegidas por ellos. Van a Anzoátegui y están en Caracas. Tienen departamento legal , van con nosotras, nos hacen las diligencias. Yo estoy muy agradecida con ellos porque siempre me han acompañado a pesar que, en mi caso, hemos tenido un retardo procesal muy fuerte".

Los más discriminados
Las ONG no pelean sólo por muertes y maltratos injustificados. Se trata también de lograr vida digna para todos. Y de las dificultades de lograr aunque sea el respeto más básico saben los que sufren del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH.
La mayoría se esconde del aforo público. La única razón de tan bajo perfil es que, con tan solo aparecer, se convierten en víctimas inmediatas de la discriminación. Necesitan servicios médicos especiales. Afortunadamente, cuentan con algunos apoyos valientes.
Uno de ellos es el Centro de Atención a Personas con Enfermedades Infectocontagiosas (Capei) de la Universidad Central de Venezuela que dirige la doctora Vilma Tovar. Financieramente depende del Estado, que cumple con los recursos. Pero, para su operación eficaz se apoya en las organizaciones independientes.
"En Capei capacitamos a estudiantes de pregrado, orientamos en educación y prevención, estimulamos la investigación y ofrecemos asistencia odontológica, que es nuestra función más importante, al paciente que padece de una enfermedad contagiosa. Con esto nos referimos también a hepatitis, tuberculosis y herpes, por ejemplo, pero la realidad es que 97% de nuestros pacientes son VIH", explica Tovar. Semanalmente atienden más de 100 personas. Su población total de personas atendidas suma 1.500 entre hombres y mujeres adultos, embarazadas, niños y adolescentes.
La función de las ONG es fundamental para Tovar: " La ONG que más nos apoya es Acción Solidaria y también recibimos mucha ayuda de Acción Solidaria contra el Sida. Ellos nos han apoyado desde el principio. Se acercaron a nosotros porque vieron lo importante que es este servicio. Nos apoyan en el trabajo con la persona con VIH, que es muy difícil porque implica mucha psicología y también superar mucho trámite burocrático".
"Uno de los aportes fundamentales es gestionar, por ejemplo, la entrega de medicamentos especiales por parte del Ministerio de Salud , de manera que una, como doctora, no pierde tiempo en trámites burocrátricos y puede ofrecer mayor asistencia. También les remitimos pacientes con otras necesidades médicas para que los orienten o les encuentren cupo en algún hospital donde no los discriminen, que necesitan tratamiento psicológico o que sufran violaciones a sus derechos humanos. Además, ofrecen cursos de consejería para nuestro personal, entre otras cosas".
La ayuda es recíproca. Cuenta Tovar que Capei ofrece, para los beneficiados de estas ONG, charlas de prevención bucal, cepillado, educación y salud bucal.
"La ayuda de Acción Solidaria y otras ONG es un apoyo fundamental. Yo trabajo a diario con ellos, es un intercambio constante. En el Estado no existe, hasta ahora, una institución que ayude como lo hacen estas ONG".

ONG amenazadas

El proyecto de ley de cooperación internacional busca un virtual "encarcelamiento" de las organizaciones no gubernamentales, causando revuelo entre los activistas

Isabel Garcia Nevett
EL UNIVERSAL, 09.07.06

Una pelea entre David y Goliat, donde David debe pedir permiso al gigante para atacarle. Así describe el abogado Alfredo Romero a la nueva Ley de Cooperación Internacional, que busca controlar el registro y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan a lo largo y ancho del país.
Romero explica la actual situación de la llamada ley de ONG como parte de un "cerco de persecución política" que ha venido profundizando en los últimos años de forma sistemática el Gobierno bolivariano. Según Romero, este cerco, impulsado por otras medidas como un esquema de persecución judicial, la lista Tascón , ataques a la propiedad privada y limitaciones a la actividad empresarial, busca centralizar cada vez más al Gobierno Nacional, para así garantizar su estadía indefinida en el poder.
"Desde el punto de vista de políticas públicas, las ONG son una parte esencial del esquema de estructura del Gobierno. ¿Es qué acaso el Gobierno no es el principal violador de derechos humanos? Al menos eso es así en términos conceptuales, porque el Estado es quien tiene el poder. Así que, ¿cómo se va a registrar una ONG con el mismo organismo que va a atacar?", se pregunta Romero.
La ley de ONG, redactada por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, se encuentra aprobada en primera discusión por la Asamblea.

¿Con fondos oficiales?
Entre las observaciones más relevantes que hace el abogado Carlos Ayala Corao a la ley de ONG resalta el hecho de que ésta no menciona a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales en el área de cooperación internacional, un aspecto importante por la naturaleza de las ONG más influyentes del país.
Por otro lado, Ayala destaca con preocupación la creación del Sistema Integrado de Registro de ONG. Este registro se convertirá en una condición obligatoria para las organizaciones tanto nacionales como extranjeras que estarán sujetas a un reglamento, emanado del Ejecutivo, el cual establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las ONG que quieran realizar actividades en suelo venezolano. " La verdad es que ésta es una de las disposiciones legales más preocupantes, por cuanto en ella se remite a lo que en definitiva pueda establecer discrecionalmente el presidente de la República, como requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las ONG", afirma.
Para Ayala, la ley de ONG raya en lo inconstitucional ya que en la Constitución Bolivariana está debidamente consignado el derecho a la libertad de asociación con fines lícitos, específicamente en el artículo 52. "El Estado no sólo debe permitir el derecho de asociación, sino que debe facilitarlo, con una acción positiva. De modo que toda acción que obstaculice o dificulte esto va en contra de la norma constitucional", explica este abogado constitucionalista.
A nivel del derecho internacional, esta ley presupone violaciones a derechos consagrados tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, acuerdos suscritos por el Gobierno venezolano. Dice Ayala: "Ambos convenios consagran y reconocen el derecho de asociación y únicamente permiten aquellas limitaciones o restricciones que sean aceptables en una sociedad democrática , por lo que cualquier restricción que no sea necesaria para mantener una sociedad democrática será considerada contraria al derecho internacional".
La ley también establece, en su segundo capítulo, la creación de un fondo que se encargará de financiar a las ONG , siempre y cuando éstas respondan a la prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional. Esto resultaría en un absurdo, comenta por su lado Romero, ya que una ONG está diseñada para criticar e investigar al Gobierno, no necesariamente para apoyarlo. "El Gobierno puede decir: ¿qué tienen las ONG que ocultar? Pero ese no es el caso, porque es el Gobierno el que tiene que ocultarse de las ONG. Y las ONG tienen que tener la libertad de actuar de acuerdo a sus estatutos y creencias".
El fondo a crearse para el financiamiento de las ONG representa otro punto de mucha discusión entre los expertos. Tanto Ayala como Romero afirman que el fondo podría ser usado de forma demasiado discrecional, beneficiando a algunas organizaciones mientras que perjudica a otras. Asimismo, ambos abogados resaltan que en el caso de las ONG de derechos humanos el financiamiento por parte del Gobierno resulta contradictorio e innecesario.

En el desamparo
Para Ayala, la preocupación por esta ley va más allá de un argumento de fondo jurídico o técnico: "Lo que está en juego no es sólo la vida de las ONG, sino la vida de lo que es una sociedad libre , pluralista y, en definitiva, democrática. Lo que está en juego es el futuro de la sociedad. Los afectados por estas leyes no son las ONG, es la sociedad. ¿Cuántas personas no han sido beneficiadas en los últimos años de la acción de la sociedad civil venezolana en campos de educación, salud, alimentación y todo lo que tiene que ver con derechos humanos (ya sea las prisiones, las víctimas de torturas, los casos por ajusticiamientos)? Es decir, lo que se estaría tratando de lograr es el silenciamiento de la sociedad. Los grandes beneficiarios de la actuación de las ONG son, en Venezuela, los más pobres y desamparados".
Asimismo, Ayala advierte que no se debe caer en la interpretación que están haciendo de la ley algunos parlamentarios oficialistas que buscan destacar solamente el efecto que tendrá sobre las finanzas de las ONG o su reglamento.

Posición oficial
En recientes declaraciones a la prensa , Carlos Escarrá, diputado y corredactor de la ley de ONG, afirmó que lo que se busca es crear un " sistema de información " para saber cuáles son las organizaciones que trabajan en el marco de la cooperación internacional y de dónde viene y adónde va a parar su financiamiento. Aquellas personas o instituciones que están en contra de la ley, "armando un escándalo" dice Escarrá, es simplemente porque "tienen miedo de presentar sus libros".
Escarrá también resaltó que la Comisión de Política Exterior recibió una carta firmada por casi mil ONG que, según el diputado, apoyan la creación de la ley.

igarcia@eluniversal.com

El muro bolivariano

Robert Bottome y Norka Parra de Ansuini*
Martes, 4 de julio de 2006 (Venezuela Analítica, http://www.analitica.com/va/economia/opinion/1510105.asp)

Caracas (AIPE)- Así como el Muro de Berlín separó a millones de europeos de una próspera y democrática Europa Occidental, el presidente Hugo Chávez está erigiendo un muro que aislará a los venezolanos de la economía mundial, mayormente próspera y predominantemente democrática.

Durante los últimos cinco años, el gobierno de Chávez ha levantado un cerco legal alrededor del sector privado, destruyendo de hecho más de la mitad de las industrias privadas del país, mientras despilfarra los ingresos petroleros para hacer crecer en forma ficticia la economía a base de subsidios y dependencia de importaciones masivas. Como resultado, los negocios marchan bien, hay liquidez en la economía, pero casi nadie está realizando inversiones productivas y la creación de puestos de trabajo ha permanecido estancada por años. Los derechos a la propiedad privada han sido erradicados. Literalmente cualquier funcionario del gobierno puede confiscar (robar) propiedades privadas a voluntad. El Sistema Judicial se ha convertido en un instrumento corrupto de un puñado de importantes personeros del régimen, según reconocidos funcionarios chavistas, que han señalado al vicepresidente José Vicente Rangel como el líder de la llamada “Banda de los Enanos”, un conciliábulo de jueces y fiscales corruptos.

Ahora Chávez está a la caza de los pocos espacios de libertad que sobreviven en Venezuela. Ha puesto la mira en la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios independientes. El presidente de Venezuela además se está preparando para cerrar todos los canales de televisión independientes y lo más seguro es que, después de que acabe con los canales privados, vaya tras las estaciones de radio privadas y también los medios impresos.

El objetivo es silenciar todas las noticias e información que disientan del gobierno, aun cuando quienes disienten sean afectos a su gobierno. Es decir, por ejemplo, que las noticias que presenten a chavistas acusando a otros chavistas de corrupción serán amordazadas de modo permanente. Asimismo serán silenciadas las protestas callejeras por parte de los mismos seguidores de Chávez en todo el país que exigen vivienda, atención médica, educación, trabajo y seguridad.

Es más, la Asamblea Nacional aprobará en breve una ley que “regula” las ONGs y otros grupos que reciben apoyo financiero del exterior, lo que incluye a casi todas. Para poder operar, una ONG tendría que inscribirse en un “Sistema de Registro Integrado”, en el que el “sistema” otorga al gobierno libertad total y absoluta para rechazar la solicitud o cerrar cualquier organización de la sociedad civil que no sea de su agrado.

Persigue, entre otras cosas, sacar del juego de modo permanente a Súmate y otros grupos de la sociedad civil que luchan por salvar la agónica democracia venezolana, así como grupos defensores de derechos civiles como Provea y ¿por qué no? la Iglesia, si continúa “dándole problemas” al gobierno. La Asamblea Nacional también está en camino de aprobar una Ley de Participación Popular que impondrá restricciones sobre los derechos de reunión de personas y comunidades, así como a la participación en la sociedad civil y en la política. Además, pronto será aprobada una nueva Ley de Propiedad Horizontal que seguirá despojando a los dueños de apartamentos privados de sus derechos a la propiedad. Primero fueron las industrias y propiedades agrícolas, y ahora el gobierno va contra los apartamentos y casas de ciudadanos particulares.

En retrospectiva, es obvio que Chávez ha estado construyendo su “muro bolivariano” ladrillo por ladrillo, empezando con la Constitución de 1999 y los 49 decretos-ley aprobados por la Ley Habilitante en noviembre de 2001, seguido por acciones para apoderarse de los diferentes poderes del Estado, propiciar la destrucción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la imposición de controles de precios y de cambio y una erosión gradual del Estado de Derecho y los derechos de propiedad. Hoy en día, el muro está casi terminado, pero son demasiados los venezolanos que no están prestando atención gracias a la ilusión de prosperidad creada por el auge petrolero.

___* Bottome es director y Ansuini periodista de VenEconomía

El padre Luis Ugalde rechazó el proyecto porque pretende que el Estado "controle todo"

Ley de Cooperación "va contra el espíritu de la Constitución"

Solbella Perez Rodríguez
El Universal, 01.07.06, 4-1

Los principios fundamentales de la Constitución hablan de una República Bolivariana con valores como la solidaridad, la responsabilidad social, la participación y la cooperación. Para el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Luis Ugalde , el proyecto de Ley de Cooperación es contrario a todos estos principios constitucionales.

El padre jesuita ofreció el discurso inaugural del foro "Encuentro de la sociedad civil" convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela para discutir el rol de las organizaciones no gubernamentales en la democracia y cómo el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional amenazaría la independencia de estos grupos de la sociedad civil.

Ugalde calificó como "absolutamente perjudicial" el proyecto pues "pretende que el Estado controle todo. Va contra el espíritu de la Constitución. En gobiernos totalitarios, por ejemplo en los fascistas, no se podía sacar una hojita escolar sin autorización previa del gobierno de turno. Eso es lo que puede estar en la mente de algunos que tienen como modelo una sociedad como la cubana, donde efectivamente no se puede sacar ni siquiera dos páginas sin un permiso especialísimo y completamente controlado por parte del Gobierno", comentó.

Aunque la sociedad civil organizada trabaja en diversas áreas, son las ONG de derechos humanos las que tienen un rol de vigilancia de la democracia, por lo que el Centro de Derechos Humanos invitó a dos activistas latinoamericanos para que ilustraran la experiencia de sus países. Se trata de Pablo Rojas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú, y de Felipe Viveros, de la Asociación Chilena de ONG.

Rojas aseguró que en Perú existe un Agencia de Cooperación Internacional que tiene un reglamento que pudiera coartar la independencia de las ONG, pero que sus normas actualmente no se aplican. "De momento estamos relativamente fuertes y esa ley no se aplica. Pero hace dos meses ocurrió un incidente con una ONG que planteó una posición contraria al tratado de libre comercio y tuvo amenazas por parte de esta agencia por primera vez en muchos años. La respuesta que dimos tanto nacional como internacionalmente fue tan fuerte que logramos frenar esto", explicó.

Sobre el proyecto venezolano opinó que existen "peligros tanto para la constitución como para el ejercicio autónomo, independiente y crítico de las organizaciones de la sociedad civil y eso es sumamente preocupante".

Por su parte, Viveros destacó la importancia de la independencia de las ONG como actores encargados de supervisar la actuación de los poderes públicos. "La independencia es esencial. Desconocer la existencia de una sociedad civil autónoma es pensar que no existe ni el individuo ni la organización social como un ente capaz de controlar el poder. El Estado democrático es siempre potencialmente una fuente de abuso de poder".

El especialista en Derecho Internacional y director del Centro de DDHH de la UCV , Héctor Faúndez, ratificó que lo peligroso del proyecto es que busca obstaculizar la solidaridad internacional. "Se persigue controlar los propósitos que estas organizaciones persiguen y la actividad que desarrollan, controlar los recursos que provienen de la solidaridad internacional y cortar el acceso a esas fuentes de financiamiento", indicó.

Comisión Europea propone respetar libertad de ONG - Diplomáticos debatieron Ley de Cooperación Técnica Internacional

19/10/06
El Universal
Página web: www.eluniversal.com
Autor: PEDRO PABLO PEÑALOZA


El representante de la Comisión Europea, Mikko Pyhälä, recomendó al Parlamento de Venezuela analizar el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege "la libertad de asociación y actuación de la sociedad civil".

Pyhälä, embajador de Finlandia, país que ejerce la presidencia protémpore de la Unión Europea, ofreció esta sugerencia en una reunión que sostuvieron diplomáticos foráneos y miembros de la Comisión de Política Exterior para dialogar sobre el proyecto de Ley de Cooperación Técnica Internacional.

El delegado de la UE recordó que la República suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "y tiene obligaciones; una muy importante es que la libertad de asociación y actuación de la sociedad civil no se puede limitar con reglamentos".

El jefe de la legación finlandesa destacó que "los países de la UE no tienen leyes que combinen la cooperación internacional entrante y saliente; algunos poseen leyes sobre la cooperación y en muchísimos países europeos el Legislativo aprueba el presupuesto anual de la cooperación, pero tratamos de ser bastante flexibles".

Pyhälä también expresó a los diputados que "podría ser útil confirmar de manera explícita (en el proyecto de ley) la vigencia de todos los convenios firmados soberanamente por Venezuela con nuestros países".

El embajador de Alemania, Georg-Clemens Dick, intervino en el cónclave para enfatizar que "debido a nuestra historia totalitaria, tenemos reglas que aseguran la independencia de las ONG, la Iglesia y las fundaciones políticas".

Dick subrayó que "tenemos una gran independencia de las ONG, sobre sus ideas, trabajos y presupuestos". Precisó que "existe un registro para que las organizaciones sin fines de lucro muestren objetivos, pero nada de control ni otra cosa".
Ampliar instrumentos

Durante la discusión, en la que participaron diplomáticos de 32 naciones, los representantes de Jamaica y Barbados manifestaron que el artículo 9 del proyecto, referido a las modalidades para aplicar la cooperación internacional, debería ampliarse y tomar en cuenta el intercambio en áreas culturales, deportivas, militares y de lucha contra el narcotráfico.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega (MVR), confesó su interés por la experiencia de Europa.

EL GOBIERNO TRAGÓN (Editorial)

18/10/06
Tal Cual
Página web: www.talcualdigital.com
Teodoro Petkoff

Existen preocupantes signos en el cielo. El gobierno, su partido y el Estado, por ambos controlado, continúan su avance hacia el copamiento de todos aquellos espacios sociales donde la presencia del Estado fue anteriormente discreta o sencillamente prescindente.

La propensión a controlar la sociedad, subordinándola totalmente tanto al Estado como al partido de gobierno y a este mismo se viene desarrollando conforme al plan trazado en Fuerte Tiuna en noviembre de 2004.

No hay día en que el ministro de Educación no enfatice que es un propósito inalterable del oficialismo el de hacer del sistema educativo un instrumento de “formación de los educandos en los valores de la revolución”, finalidad que en la reciente reinaguración del Liceo Andrés Bello, el candidato continuista, esta vez con la cachucha de presidente, subrayó sin ambages.

La estatización del deporte dio un paso de siete leguas al unificar en una misma persona, funcionario público, las presidencias del IND y del Comité Olímpico Venezolano. La amenazas a la autonomía universitaria se hacen cada vez más sostenidas.

El Presidente ha aseverado varias veces que la autonomía universitaria es incompatible con la línea estratégica del proyecto “revolucionario”, de modo que en este campo se anuncia una ofensiva para liquidar aquella y someter a las grandes universidades autónomas a la absoluta tutela del Estado.

Hay un paso que todavía no se ha terminado de dar. Es el referido al control y fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por parte del gobierno, que está pendiente de la aprobación definitiva de la llamada Ley de Cooperación Internacional, aprobada ya en primera discusión en la Asamblea Nacional.

De ser sancionada en la segunda se puede asegurar que las ONG, en particular las que atienden el área de Derechos Humanos, sencillamente no podrían funcionar y pasarían a ser controladas por el Estado y el gobierno.

Ayer el Foro por la Vida y Sinergia, dos de las más importantes ONG, hicieron un conjunto de reparos a la ley de marras (ver página 2), concluyendo que “Esta regulación es inaceptable, tanto desde el punto de vista constitucional como del internacional, ya que impediría el libre flujo democrático con fines legítimos de la cooperación internacional hacia Venezuela”.

El control total de la sociedad, para reducir al mínimo los espacios de vida democrática así como la autonomía necesaria de la sociedad civil, ya lo experimentan en carne propia también las organizaciones populares nacidas en estos años. Se quejan amargamente de la pretensión del MVR de imponer los dirigentes “desde arriba”, anulando la participación de la base y tratando de reducirlas a simples engranajes del aparato de poder oficialista.

El proyecto, pues, es el de hacer un país uniforme, mediocre, con una vida burocratizada, grisácea y triste, con sus habitantes sometidos a la voluntad del Big Brother.

Fuente: Tal Cual, 18/10/06, pag. 1 (Portada)

Proyecto de ley coarta cooperación a las ONG

18/10/06
Fuente: Tal Cual
Página web: www.talcualdigital.com
Autor:Gleixys Pastrán C.,


El nuevo mecanismo que se discute en la AN establece la creación de un fondo delegado directamente por el Ejecutivo para controlar los financiamientos desde el exterior

La dirección que debería tomar cualquier ley que pretenda regular las Organizaciones No Gubernamentales en los países tradicionalmente democráticos, va por el camino de los requisitos que éstas debieran cumplir, más no por la senda del control e intervención de sus actividades sociales.El proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, según el Foro por la Vida y Sinergia, es vago y no específica claramente sus regulaciones.

Aunque ya fue aprobada en su primera discusión por la Asamblea Nacional, se podría concluir que la mayoría de sus artículos van más allá de un simple control y llega hasta los límites de estatizar los financiamientos que reciben del exterior las ONG de Venezuela. Según Eva Van Berkel, vocera de Sinergia, una de las preocupaciones de la sociedad civil es que por la inseguridad jurídica afecte la inversión de los voluntarios internacionales, pues sus recursos serán centralizados por el Estado. “Este proyecto no fomenta la cooperación y colaboración internacional”, aseguró.

El artículo número tres del proyecto de ley no garantiza que los recursos enviados desde el exterior no sean centralizados a través del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, el cual sería delegado directamente por el Ejecutivo Nacional.

“Esta regulación es inaceptable, tanto desde el punto de vista constitucional como del internacional, ya que impediría el libre flujo democrático con fines legítimos de la cooperación internacional hacia Venezuela”, dice el informe de propuestas que las ONG enviaron a la Asamblea Nacional ayer horas de la mañana.

En ella se establece además que en caso de que la AN diga que éste no es su propósito, entonces deberá proponerse que en consecuencia quede clara y meridianamente prohibido que el Estado exija que los fondos y recursos de la cooperación internacional tengan que ser recibidos a través de este fondo.

Edgar Carrasca, uno de los voceros del Foro por la Vida, dijo que el proyecto debería ser un instrumento legislativo adecuado a las necesidades del país, a la cooperación extranjera y al uso de nuevas tecnologías, y no a una supuesta auditoría de las cuentas, pues asegura que las ONG de Venezuela se les conoce por su transparencia y la constante rendición de cuentas.

Se espeta que la AN demuestre su intención de tomar en cuenta las propuestas del Foro por la Vida y Sinergia, y que se cumplan las palabras del diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior. El parlamentario envió el 4 de octubre un comunicado que decía, que estimaría los aportes de las ONG en aras de enriquecer la discusión del contenido del proyecto, como paso previo a la próxima consulta pública.

UN POCO DE CLARIDAD:

- Los miembros de un Foro por la Vida y Sinergia exhortan a los parlamentarios especificar al menos un cuarto de los artículos del proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

- Estos son algunos de ellos:
El artículo 10 de este proyecto de Ley no garantiza que pretenda someterse a la sociedad civil a los lineamientos del órganos desconcentrado a través del Presidente de la República y que de esta forma se reste su autonomía política.

La organización y funcionamiento del Fondo para la Cooperación Internacional no son regulados en el Proyecto de Ley, sino que son delegados al Ejecutivo Nacional, según lo que concluye el artículo 14. La amplia definición de cooperación internacional (transferir e intercambiar recursos desde el exterior hacia Venezuela) no garantiza que no se “presuponga” que todos éstos financiamientos para el trabajo de las ONG “tendrán que centralizarse” a través del mencionado fondo.
La obligación de las organizaciones no gubernamentales extrajeras o internacionales de legalizar sus documentos en Venezuela no resulta necesaria en una sociedad democrática. Si alguna de las organizaciones internacionales de derechos humanos desea realizar una visita al país, participar en algún evento o simplemente divulgar un informe, no encuentra justificación que esta ley imponga legalizar documentos.

ONG rechazan intentos por "controlar a la sociedad civil"

18/10/06
El Universal
Página web: www.eluniversal.com
Autor: Juan Francisco Alonso


Foro por la Vida y Sinergia critican la Ley de Cooperación Internacional

Por considerarlo un instrumento que atenta contra los derechos constitucionales a la participación y la organización, y que persigue controlar las actividades de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales agrupadas en torno al Foro por la Vida y Sinergia rechazaron el proyecto de Ley de Cooperación Internacional elaborado por la Comisión de Política Exterior del Parlamento.

La directora del Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), Deborah Van Berkel, afirmó: "Hay una tendencia a diseñar normas que, lejos de facilitar la libertad de asociación y el desarrollo de las acciones de la sociedad civil en pro del desarrollo, más bien las limita y desestimula a la sociedad civil a organizarse y a ser corresponsable del desarrollo del país".

Negó que las Organizaciones No Gubernamentales busquen financiamiento externo para realizar actividades contra el Gobierno, tal y como lo han aseverado en varias oportunidades varios funcionarios públicos. "Eso responde a una visión, según la cual el Estado es un contralor de la sociedad y no la sociedad la contralora del Estado".

Van Berkel mostró su preocupación por la propuesta de crear un fondo, que será administrado por el Gobierno, en el que serán depositados los recursos otorgados por organismos internacionales para proyectos para el desarrollo.

"Tememos que el Ejecutivo centralice todos los recursos de la cooperación y que sea él quien los distribuya de acuerdo con sus necesidades. Eso limita nuestra autonomía", afirmó, al tiempo que abogó por mantener el sistema actual de financiamiento, a través del cual las organizaciones buscan los fondos para sus proyectos y después presentan cuentas.

Por su parte, Alfredo Infante, del Servicio Jesuita de Refugiados, no objetó que el Estado desee regular la cooperación internacional, por el contrario, calificó de "legítima" esa intención. Sin embargo, demandó que el texto se ajuste a la Carta Magna y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Criticó la ambigüedad del texto y que se deje en manos del Ejecutivo, quien deberá dictar un reglamento, asuntos como los requisitos para que puedan operar las Organizaciones No Gubernamentales, alegando que eso genera "incertidumbre".

Al final se mostró preocupado por el deber que tendrían de informar a "cualquier ciudadano" sobre sus acciones, recordando que muchas trabajan temas delicados como abusos policiales o lucha contra el sida.

ONG piden debatir ley de cooperación internacional

18/10/06
El Nacional
Página web: www.el-nacional.com

El proyecto fue aprobado
en primera discusión por la Asamblea Nacional sin que participara en su redacción ninguna organización civil. Esperan puedan realizarse cambios a la ley en segunda discusión


Voceros de Foro por la Vida y Sinergia, en nombre de más de 60 organizaciones no gubernamentales, se pronunciaron ante la Asamblea Nacional para ser partícipes del proyecto de ley de cooperación internacional que los afecta directamente.

Después que el diputado Saúl Ortega solicitara las observaciones de las ONG, éstas entregaron un documento en el que afirman que el instrumento legal "no garantiza que no pretenda someterse a la sociedad civil", según lineamientos del Poder Ejecutivo, como indica en su artículo 10.

Asimismo piden revisar nue vamente las definiciones de cooperación internacional, el control de su financiamiento y la concepción de organización social que establece la ley, porque resultan planas y no comprenden la pluralidad propia de las múltiples formas de organización popular. Alfredo Infante, del Servicio Jesuita de Refugiados, señaló que aguardan ser escuchados y que puedan realizarse cambios a la ley en segunda discusión. "Consideramos esto un riesgo y nos preocupa".

Déborah Van Berkel, de Cesap, indicó que esperan una ley que sirva para facilitar los procesos de organización social. "En este caso se hace mucho énfasis en el control".

Edgar Carrasco, de Foro por la Vida, manifestó que la expresión "conveniencia nacional" para repartir los fondos de las asocia ciones crea dudas, porque éste podrá depender del interés de un funcionario del Estado y no del colectivo.

"Nuestra preocupación fundamental es ver cómo se establece la forma de cooperación sin limi tarla o restringirla". Carrasco agregó que puede tratarse de una mala interpretación del rol de la sociedad civil: "Nosotros monitoreamos y evaluamos al Estado. Si el Estado sale raspado, ellos lo interpretan como una confronta ción cuando no es así, sino un llamado a mejorar las políticas públicas".

María Gabriela Cuevas, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, explicó que en este contexto político hay desconfianza en el sector social. "Hay una idea de conspiración sobre todas las ONG. El problema es que falta claridad en la legislación y esa nebulosa favorece la vulnerabilidad y la arbitrariedad".

De esa forma, los activistas advirtieron que faltan espacios de intercambio entre legisladores y ciudadanos para debatir el proyecto. También recordaron la necesidad de permanencia ante la Asamblea de uno o varios de sus representantes para elaborar una nueva legislación que cubra las suspicacias y vacíos del proyecto actual.