Proyecto de ley coarta cooperación a las ONG

18/10/06
Fuente: Tal Cual
Página web: www.talcualdigital.com
Autor:Gleixys Pastrán C.,


El nuevo mecanismo que se discute en la AN establece la creación de un fondo delegado directamente por el Ejecutivo para controlar los financiamientos desde el exterior

La dirección que debería tomar cualquier ley que pretenda regular las Organizaciones No Gubernamentales en los países tradicionalmente democráticos, va por el camino de los requisitos que éstas debieran cumplir, más no por la senda del control e intervención de sus actividades sociales.El proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, según el Foro por la Vida y Sinergia, es vago y no específica claramente sus regulaciones.

Aunque ya fue aprobada en su primera discusión por la Asamblea Nacional, se podría concluir que la mayoría de sus artículos van más allá de un simple control y llega hasta los límites de estatizar los financiamientos que reciben del exterior las ONG de Venezuela. Según Eva Van Berkel, vocera de Sinergia, una de las preocupaciones de la sociedad civil es que por la inseguridad jurídica afecte la inversión de los voluntarios internacionales, pues sus recursos serán centralizados por el Estado. “Este proyecto no fomenta la cooperación y colaboración internacional”, aseguró.

El artículo número tres del proyecto de ley no garantiza que los recursos enviados desde el exterior no sean centralizados a través del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, el cual sería delegado directamente por el Ejecutivo Nacional.

“Esta regulación es inaceptable, tanto desde el punto de vista constitucional como del internacional, ya que impediría el libre flujo democrático con fines legítimos de la cooperación internacional hacia Venezuela”, dice el informe de propuestas que las ONG enviaron a la Asamblea Nacional ayer horas de la mañana.

En ella se establece además que en caso de que la AN diga que éste no es su propósito, entonces deberá proponerse que en consecuencia quede clara y meridianamente prohibido que el Estado exija que los fondos y recursos de la cooperación internacional tengan que ser recibidos a través de este fondo.

Edgar Carrasca, uno de los voceros del Foro por la Vida, dijo que el proyecto debería ser un instrumento legislativo adecuado a las necesidades del país, a la cooperación extranjera y al uso de nuevas tecnologías, y no a una supuesta auditoría de las cuentas, pues asegura que las ONG de Venezuela se les conoce por su transparencia y la constante rendición de cuentas.

Se espeta que la AN demuestre su intención de tomar en cuenta las propuestas del Foro por la Vida y Sinergia, y que se cumplan las palabras del diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior. El parlamentario envió el 4 de octubre un comunicado que decía, que estimaría los aportes de las ONG en aras de enriquecer la discusión del contenido del proyecto, como paso previo a la próxima consulta pública.

UN POCO DE CLARIDAD:

- Los miembros de un Foro por la Vida y Sinergia exhortan a los parlamentarios especificar al menos un cuarto de los artículos del proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

- Estos son algunos de ellos:
El artículo 10 de este proyecto de Ley no garantiza que pretenda someterse a la sociedad civil a los lineamientos del órganos desconcentrado a través del Presidente de la República y que de esta forma se reste su autonomía política.

La organización y funcionamiento del Fondo para la Cooperación Internacional no son regulados en el Proyecto de Ley, sino que son delegados al Ejecutivo Nacional, según lo que concluye el artículo 14. La amplia definición de cooperación internacional (transferir e intercambiar recursos desde el exterior hacia Venezuela) no garantiza que no se “presuponga” que todos éstos financiamientos para el trabajo de las ONG “tendrán que centralizarse” a través del mencionado fondo.
La obligación de las organizaciones no gubernamentales extrajeras o internacionales de legalizar sus documentos en Venezuela no resulta necesaria en una sociedad democrática. Si alguna de las organizaciones internacionales de derechos humanos desea realizar una visita al país, participar en algún evento o simplemente divulgar un informe, no encuentra justificación que esta ley imponga legalizar documentos.